¿Hacia dónde apunta el informe de la Comisión de la Verdad? Mis propias conjeturas " Padre Melo "

Cuentan que la oficial Comisión de la Verdad y Reconciliación hará público su informe el próximo mes de mayo. A estas alturas y sin el texto a mano, los rumores van y vienen. Y uno tiene derecho a hacer sus propias conjeturas.

Un rumor de mucho peso: la Comisión oficial de la Verdad inevitablemente concluirá confirmando que lo ocurrido el 28 de junio del 2009 fue una acción que rompió el orden constitucional, y sin duda destacaría que lo indefendible del hecho fue la captura y expulsión del país del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En este caso, el dedo señalará a quienes propiciaron y permitieron esa acción violenta que no encontraría argumento alguno en la legislación hondureña ni en los tratados y convenios internacionales.

Por la torpeza de la acción, la Comisión de la Verdad no tendría ningún otro camino que condenar el hecho, y aún en contra de la voluntad, al menos de algunos de sus comisionados, el informe dejaría a los sectores de la extrema derecha hondureña como confabuladores de un golpe de Estado. El asunto nodal del informe se podría perfilar en cómo incursionar en todos los vericuetos de la política y la vida en general de Honduras para dar carta de ciudadanía a lo que de hecho ya es un legitimado e irreversible golpe de Estado. Y en eso es en lo que podría reducirse el quid del informe de los verídicos comisionados oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha dicho que su informe se basará en lo que ocurrió antes, durante y después del 28 de junio. Para lograr su propósito, el informe pondría su peso en el “antes” del 28, que es justamente lo que más interesa a la Comisión de la Verdad, puesto que de lo que se trataría es de dar un espaldarazo a lo se hace y ocurre en la actual administración pública de Lobo Sosa. Digamos que lo del 28 de junio recibe una condena y un severo regaño a quienes lo ejecutaron. Pero lo que más interesa no es tanto el “durante”, sino el “antes” porque con el mismo se buscaría explicar incluso cualquier exceso de fuerza ejercida el día 28 de junio.

Qué significa esto: que todo el “antes” vendría a argumentar que el peso mayor de la responsabilidad del “durante” recae en la administración de Zelaya Rosales quien llegó incluso a violentar la ley, y que en determinado momento actuó al margen de la misma. Es cierto que el informe buscaría contextualizar sobre la base de la debilidad institucional del Estado y la democracia hondureña, con alguno que otro documento que recoja datos, cifras y valoraciones desde los años ochenta a la fecha. Pero lo que se buscaría con todo ello es que ese “antes” deje bien establecida las razones para exonerar de sus altas responsabilidades a quienes dieron el golpe de Estado, y dejar mucho más hundidos en la arbitrariedad y la ilegalidad a aquellos en contra de los cuales se efectuó el violento acto inconstitucional.

Tanto el “antes” como el “durante” buscarían un propósito fundamental: dar legitimidad al “después”, que significa un pleno reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Para ello, el “después” habría de incluir la legitimidad de las elecciones del 29 de noviembre del 2009, y todavía más la integración de un gobierno de “unidad nacional”, al tiempo que recogería esfuerzos de la administración Lobo Sosa porque se conozca la verdad y el respeto a los derechos humanos. No en vano fue durante se realizaba el informe que la administración de Lobo Sosa constituyó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y cuando la titular del mismo informó en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, sobre los avances del Gobierno en el respeto de los derechos humanos.

El resumen de nuestras conjeturas: el informe de la Comisión de la Verdad condenaría el “durante” ocurrido el 28 de junio como un hecho torpe y cínico, y por eso mismo, haber dejado en evidencia que la acción política había pasado los límites del Estado de derecho hasta violentar el orden constitucional. Pero igualmente acentuaría que ese “durante” tiene un “antes” de ilegalidad y arbitrariedad tan grandes que exasperó a un sector político y empresarial, el cual queriendo enderezar los desaciertos e ilegalidades de Zelaya Rosales, se excedió en sus propósitos.

Sin embargo, el “después” habría llevado acertadamente a un diálogo que culminó con elecciones y la toma de posesión de un gobierno que en medio de tantas incertidumbres, amenazas e inestabilidades, se ha esforzado por recuperar el orden constitucional, el respeto a los derechos humanos, por hacer frente a la impunidad y a los desafíos de gobernabilidad del país al tiempo que demanda de la ciudadanía y de la comunidad internacional un genuino reconocimiento para que avancemos hacia el total e irrestricto imperio de la ley.

Un informe así, la administración de Lobo Sosa lo estaría esperando literalmente como agua de mayo, porque es el argumento y la prueba final que necesita presentar para que a comienzos de junio los delegados de los gobiernos levanten su mano en la asamblea de la OEA a celebrarse en San Salvador para que de una vez por todas Honduras sea readmitida en el seno de este organismo continental.
Un informe así dejaría a la Comisión de la Verdad y Reconciliación como una instancia experta en “lavar” impecablemente el primer golpe de Estado exitoso de nuestro continente en nuestro siglo veintiuno.