En primera fila de los acusados por organismos defensores de los derechos humanos por el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, figuran el ex presidente de facto Roberto Micheletti y el jefe de los militares, general (ahora retirado) Romeo Vásquez.
La delegación que llegó a Honduras para iniciar la investigación y que representa al fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, está integrada por Garzón, quien cobró notoriedad por el juicio contra el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, y Eugenia Valenzuela. Los dos enviados participaron como expositores en la clausura del foro Impunidad, Libertad de Expresión y Justicia realizado en Tegucigalpa, convocado por organismos de derechos humanos al que asistieron un centenar de personas.
En la inauguración del encuentro estuvo presente el relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank de La Rue, para iniciar una investigación sobre los asesinatos de 16 periodistas, ocurridos en este país desde 2010, luego del golpe de Estado. Estos crímenes forman parte de las denuncias que organismos humanitarios han venido formulando en contra de los integrantes del régimen de facto que suplantó al gobierno de Zelaya.
Los organizaciones no gubernamentales han denunciado también unas 200 violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y excesos de la policía contra manifestantes.
Al responder una pregunta de los asistentes, Garzón dijo que "una vez que tengamos las pruebas sobre la mano, podremos dar una respuesta sobre si efectivamente hay una responsabilidad" de Micheletti, Romero y otras autoridades en contra del Estatuto de la Corte de Roma por su participación en el golpe de Estado.
El 10 de noviembre de 2010, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, "anunció que su oficina llevaría a cabo un examen preliminar" ante las denuncias de activistas de derechos humanos de Honduras en relación con delitos cometidos durante y después del golpe de Estado que caen en el ámbito de la CPI.
Subrayó que si "la fiscalía determina que existe una base razonable para presumir que se cometieron delitos dentro de la competencia de la Corte, tales como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio dentro del contexto del Estatuto de Roma, procederá a analizar si existen procedimientos, investigaciones y juicios para atender estas alegaciones" por parte de la justicia hondureña.
Garzón enfatizó en su exposición que "hay apariencia de crímenes de lesa humanidad" durante y después del golpe Estado, por lo que "resulta básico la preparación de los casos" y "si un caso se prepara como se debe, tiene más posibilidades de tener éxito".
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