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miércoles, 13 de julio de 2011

Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán

Una Misión internacional de observación de la situación de derechos humanos en el Bajo Aguán estuvo en Honduras del 26 febrero al 4 de marzo de 2011, con el objetivo de evaluar y visibilizar la situación de derechos humanos en esta región, como caso especial del estado de represión, indefensión e impunidad que sigue dominando la realidad del país.



La Misión fue compuesta por las redes y organizaciones internacionales siguientes: APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias) CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México) FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación) FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) Vía Campesina Internacional Realizada del 25 febrero a 4 marzo de 201



A continuación les comparto las conclusiones y recomendaciones del Informe Final presentado este día, también les adfjunto el informe completo:




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



A partir de la verificación realizada, la Misión internacional constata una severa crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán, cuyos elementos principales son:



_ De enero 2010 hasta la fecha de la culminación de la misión23 campesinos pertenecientes a organizaciones del Bajo Aguán han sido asesinados. Además, dos personas más (un periodista y su pareja) han sido asesinadas en un crimen que muy posiblemente está ligado al caso del conflicto agrario en la región y de la denuncia de las violaciones constantes.

_ Según la Fiscalía, en ninguno de estos casos se han presentado órdenes de detención hasta el momento. En la mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho una investigación inicial; por lo que existe un alto riesgo de que todos estos casos queden en total impunidad.

_ Se siguen produciendo múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, incluyendo amenazas y hostigamientos permanentes a dirigentes e integrantes de las organizaciones campesinas, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública y elementos del ejército, como de las empresas de seguridad privada que resguardan las propiedades de los empresarios de la zona. Además, la Misión ha conocido de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y casos de abusos sexuales. Estas violaciones al derecho a la integridad tampoco están siendo objeto de investigaciones judiciales.

_ Continúan los desalojos forzosos violatorios del derecho a la alimentación, vivienda, salud, de los asentamientos campesinos, en flagrante violación de los estándares establecidos en el derecho internacional y del debido proceso. En el plazo de enero 2010 a marzo de 2011, se efectuaron por lo menos 12 desalojos forzosos con esta característica en el Bajo Aguán.

_ En vez de políticas y medidas contundentes para resolver la problemática agraria en la zona, se observa un proceso de estigmatización y criminalización de la lucha campesina, lo que incluye detenciones arbitrarias, 162 personas procesadas y una persecución sistemática contra la dirigencia campesina.

_ Incumplimiento de las disposiciones legales y acuerdos políticos que obligan a las instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras del anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las empresas campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA); a transferir antes del 13 de abril de 2011, un total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre la tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del

Aguán (MARCA).

_ Asimismo, los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda hasta la fecha han sido incumplidos.



La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades. Los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos. La actuación parcializada de las autoridades es evidente.



La Misión constató la celeridad de los casos de investigaciones de parte, particularmente por el delito de usurpación de tierras (de los propietarios privados), en comparación con las investigaciones oficiosas que deben realizarse por la muerte (de los campesinos). Esto no hace sino aumentar la desconfianza de los movimientos campesinos, ya de por sí muy extendida a causa de la estrecha relación que las fuerzas de seguridad pública (policía y ejército) tienen, como los testimonios recogidos acreditan, con los agentes de empresas de seguridad privada.



Las comunidades afectadas viven un estado de violencia e indefensión ante el temor de salir de sus tierras y ante el acoso de las fuerzas de seguridad y guardias privadas. La criminalización de la protesta social, en particular del movimiento campesino, ha tomado la característica de imputar diversos procesos a los líderes de la comunidad. Tal acoso, sumado a la dudable imparcialidad de determinados medios de comunicación, ha degenerado en una estigmatización y criminalización de los campesinos y campesinas del

Bajo Aguán.



Se les considera miembros de “comunidades conflictivas” o inclusivo se les tilda de ¨células guerrilleras¨ y se continúa haciendo referencia, tanto por los propios medios como por las autoridades, a la posesión de armas por parte de los campesinos. Sin embargo, la Misión hace notar que todas las autoridades públicas entrevistadas reconocieron que en ninguna de las diversas militarizaciones y registros en la región, han encontrado armas en posesión de las comunidades campesinas.



Esta estigmatización tiene un impacto directo en el acceso y disfrute de los campesinos y campesinas de sus derechos más básicos tales como la salud o la educación. Los menores de edad son particularmente afectados por el conflicto y el clima de hostigamiento hacia las comunidades campesinas, los menores son identificados como miembros de familias guerrilleras y casos de discriminación contra ellos fueron documentados en los casos en que acuden a la escuela.



Muchos no tienen ni siquiera acceso a centros educativos. Situaciones parecidas se producen en el ejercicio del derecho a la salud. Los campesinos y sus familias son señalados e incluso a veces rechazados cuando acuden a centros de salud públicos por parte del personal sanitario.



Se siguen produciendo desalojos forzosos contrarios a los estándares internacionales relativos a la prevención, realización o seguimiento a esta medida, que debería ser excepcional. La violencia y el uso excesivo de la fuerza durante los desalojos es una constante que la Misión corroboró. En la mayoría de los casos se reportaron además la quema de champas (chozas), y destrucción de los cultivos y de las pertenencias personales durante esas acciones, sin que estos abusos por parte de las autoridades hayan sido castigados.



Recomendaciones



1. A las autoridades hondureñas

Las autoridades nacionales hondureñas, sean de facto e incluso cuando pesen sobre ellas la falta de legitimidad, mantienen sus obligaciones adquiridas en su calidad de Estado parte de los principales instrumentos del derecho internacional público, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo prescribe la misma Constitución Política Hondureña cuando establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y prevalecen sobre el mismo. En ese sentido, las autoridades hondureñas deben:



a. Cumplir con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.

b. Cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, detener especialmente los desalojos forzosos, y adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.

c. Cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos firmados que obligan a las instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras del anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las empresas campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA); a transferir el total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y garantizar los derechos sobre la tierra de las cooperativas del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

d. Asimismo, cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la vivienda que hasta la fecha han sido incumplidos.

e. Tomar medidas políticas y legislativas encaminadas hacia el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de respeto de los derechos humanos, particularmente el acceso a la justicia, el derecho a la alimentación, vivienda y educación.

f. Garantizar la debida identificación de los agentes de la fuerza pública (policía nacional y ejército), particularmente en la zona del Bajo Aguán, y revisar mediante una investigación internacional independiente y rigurosa el rol que han jugado las empresas de seguridad privada en la región del Bajo Aguán.

g. Retirar la base militar de la comunidad Guadalupe Carney y abstenerse de otro proceso de militarización de la región.

h. A la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, actuar con mayor diligencia en la investigación de los 25 asesinatos ocurridos desde enero 2010 a marzo de

2011, y todos aquellos cometidos hasta la fecha y alcanzar una mayor coordinación con las diferentes fiscalías de la región, recuperando confianza mediante el combate efectivo a la impunidad.

i. Redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando el modelo actual basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, lo que incluye políticas de reforma agraria integral, que en Honduras es un mandato constitucional.

j. Dar cumplimiento cabal a las medidas cautelares dictadas por la Comisión

Internacional a favor de diversos actores para garantizar su integridad personal y el libre actuar en sus profesiones.



2. A la comunidad internacional (Estados y organismos internacionales)



La comunidad internacional también juega un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras, por lo que debe:



a) Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán, entre otras, con acciones tales como:



i. Visitas a las oficinas de los activistas y organizaciones en riesgo e intercambio de información constante con estas

ii. Apoyo logístico en materia de seguridad

iii. Implementación de un sistema de alerta y emergencia inmediata para las personas en riesgo.



b) Pronunciamientos públicos específicos sobre casos de violaciones de derechos humanos.

c) Procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado hondureño y a compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, asegurando que su cooperación internacional bilateral y multilateral esté condicionada al respecto irrestricto de los derechos humanos.

d) Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.

e) Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y castigo de los responsables de los asesinatos cometidos en el marco del conflicto y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.

f) Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la UE para la protección de defensores de derechos humanos, incluyendo la asignación de un presupuesto y un calendario con acciones previstas. En particular la creación del Grupo Filtro, cuyo propósito sea examinar los casos de amenazas y ataques en contra de los defensores de los

Derechos Humanos y líderes sociales y campesinos, que garantice una reacción rápida de la UE (incluyendo el traslado a la región) en caso de situaciones de emergencia.

g) Establecer una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los

Derechos Humanos.

h) Realizar visitas in situ, tanto por parte de las relatorías especiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Penal Internacional para recoger información de primera mano sobre las violaciones de derechos humanos y derecho penal internacional que se han cometido y se siguen cometiendo en el Bajo Aguán y, de acuerdo a sus competencias.

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