Desde las entrañas del monstruo… La verdad inconveniente o la contradicción inherente " Rodolfo Pastor Campos "

Mientras los maestros, los estudiantes, los periodistas independientes y la Resistencia eran, una vez más, brutalmente reprimidos por el régimen de Lobo, él recibía en su despacho a la Subsecretaria de Estado Adjunta, Julissa Reynoso, quién, de acuerdo al comunicado emitido por la Embajada de EEUU en Tegucigalpa, llegaba a demostrar su respaldo a los avances que en materia de reconciliación, democracia y derechos humanos ha logrado la actual administración. ¿Es mera y triste coincidencia o parte de una estrategia de respaldo al régimen aliado, en un momento en que se evidencia su falta de legitimidad, el nulo consentimiento del pueblo soberano ante su autoridad y la cada vez más frágil gobernabilidad resultante?



Este mismo día, en Washington DC, se realizaron las audiencias de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Organización de Estados Americanos. Ante los comisionados rindieron su informe los representantes de varias organizaciones nacionales e internacionales en materia de DDHH, estando presentes también los representantes del Gobierno de Honduras, quienes tuvieron oportunidad de informar y responder ante las denuncias presentadas.


Fueron contundentes las declaraciones y las denuncias que a lo largo de las sesiones se expusieron, tratando sobre la situación de los DDHH en Honduras, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército y el despido de varios jueces por parte de la Corte Suprema de Justicia, como resultado de su oposición al golpe de Estado.



Igual de contundentes fueron las repetidas y profundas críticas y condenas que los comisionados hicieron a los representantes del Gobierno de Honduras, una vez presentadas las evidencias sobre la continua y desmedida represión y persecución política que, como resultado del golpe de Estado, y hasta la actualidad, se sigue practicando en nuestro país. La presencia dentro de la legación gubernamental, de un militar y la ausencia de un representante de la policía, preocupó a los comisionados, al ser ésta una muestra de la militarización actual. La reducción en el actual presupuesto a la educación y la salud, a favor de los aumentos a la policía y al ejército también levantó duras críticas y sospechas.



Resultó evidente la falta de argumentos creíbles y sólidos, respaldados por datos concretos y serios, en las respuestas con las cuales los representantes del gobierno del señor Lobo intentaron justificar las políticas represivas y la persecución que se práctica contra los defensores de DDHH, campesinos, estudiantes, maestros, líderes populares y cualquier tipo de oposición y disenso político en Honduras.



Los comisionados reaccionaron de manera enérgica contra la falta de sustento y el abierto cinismo de las declaraciones y respuestas del régimen. Terminaron las sesiones como un triunfo importante para quienes denunciaron los abusos y una dura amonestación al Estado, al cual se le exigió rectificar el comportamiento actual, prevenir más abusos y someter información adicional y más precisa sobre los casos presentados.



Ante los fuertes cuestionamientos y las serias acusaciones que se realizaron, quedando evidenciada la naturaleza represora del actual régimen y la continua persecución política que las instituciones controladas por el golpe continúan llevando a cabo contra la Resistencia, hay una incongruencia profunda entre lo que trasciende y lo que sucede.



Y es que si bien se ha logrado romper el silencio impuesto ante la realidad cruenta de la crisis actual y el abuso que forma parte de una política del Estado que dirige Lobo, siendo hoy constatada nuevamente por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, esto curiosamente no resulta en un cuestionamiento más profundo, que por lógica debería hacerse sobre la naturaleza del gobierno acusado. El claro diagnóstico de la crisis y la dura condena al Gobierno que hace la Comisión Interamericana, no se traduce en medidas concretas y decisiones vinculantes que llamen a la acción inmediata para mejorar la situación. Se reducen los informes a recomendaciones endebles y poco efectivas que son fácilmente ignoradas y archivadas por aquellos a quienes estas verdades resultan inconvenientes.



¿O es que acaso un régimen impuesto, que ante la incesante protesta popular ha reaccionado con violenta represión, ha continuado con la persecución y la censura selectiva de la dictadura y ha dejado claro que no respeta los derechos humanos de su pueblo y que es incapaz de impartir justicia alguna, puede ser legítimo o constitucional? ¿Es un régimen como este digno del reconocimiento y de la visita de la Subsecretaria de Estado Adjunta?