Bajo Aguán: Silencio sepulcral de la comunidad internacional

La Misión Internacional se reunió con el G16 para compartir las primeras conclusiones surgidas en la visita de campo efectuada recientemente. También se propuso conocer cómo valora este Grupo la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán y en el país, qué está haciendo sobre ese tema y cómo la Unión Europea (UE) aplica las directrices comunitarias destinadas a proteger a los defensores de los derechos humanos.

Las organizaciones que integran la Misión Internacional de derechos humanos actualmente presente en Honduras se declaran “atónitas” ante el silencio sepulcral de los países y organismos multilaterales que conforman el G16.

Pese a las documentadas denuncias presentadas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, la reacción del cuerpo diplomático y de los organismos multilaterales en Honduras no solamente fue nula, sino que dejó entrever una preocupante indiferencia.

“En el Bajo Aguán pudimos constatar una sistemática violación de los derechos más elementales, con consecuencias sobre las personas que son preocupantes e indignantes”, señaló el coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional, Martín Wopold Bosien.

Según Wopold, la Misión detectó un proceso acentuado de “criminalización de la lucha campesina”, el total incumplimiento de los acuerdos firmados por Porfirio Lobo con las organizaciones de la zona y “ningún tipo de esclarecimiento de los 18 asesinatos ocurridos en 2010”.

Como contracara, señaló la paradójica rapidez judicial para actuar contra los campesinos, donde se reportan más de 200 juicios en su contra.

“Hemos constatado la falta de seriedad de la Fiscalía y un descontento generalizado en la zona, lo cual podría desembocar en un peligroso aumento de la conflictividad. Además -explicó el directivo de FIAN Internacional-, no se están aplicando los estándares internacionales en materia de desalojos. Son acciones violentas ejecutadas premeditadamente, sin respaldo legal, y representan clarísimas violaciones a los derechos humanos”, dijo.

Estas graves denuncias fueron complementadas con datos presentados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) según la cual se han producido 274 casos de amenazas a defensores de derechos humanos y 96 asesinatos durante el mandato de Porfirio Lobo, 34 de los cuales están relacionados con conflictos agrarios.

El capítulo Honduras de FIAN Internacional pidió también a la representación diplomática de la Unión Europea tener acceso al informe elaborado a raíz de una visita de campo realizada por esta delegación en el Bajo Aguán, así como qué tipo de acciones se piensa emprender al respecto.

Sí, pero no

La respuesta del G16 ha sido insatisfactoria y contradictoria. “No tenemos una posición, pero sí una preocupación generalizada por lo que ocurre en el país, y se lo estamos expresando al gobierno de Honduras”, contestó Peter Versteeg, presidente pro-tempore del G-16.

La Misión pidió también conocer los criterios por los cuales se mantiene el financiamiento de la Unión Europea a instituciones del Estado vinculadas con la represión y el golpe de Estado, y el fundamento para la aprobación de programas del Banco Mundial que benefician a la Corporación Dinant, empresa controlada por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, principal responsable de la salvaje represión en el Bajo Aguán.

“¿Cuál es el mecanismo de control que utilizan para estar seguros de que ese dinero, desembolsado durante el golpe, no se use para la represión?”, preguntó Wopold Bosien.

Las respuestas evasivas de algunos de los miembros del G16 fueron interpretadas como una clara señal de la falta de compromiso de este organismo ante la grave situación que viven miles de familias campesinas del Bajo Aguán y de toda Honduras.

Finalmente, de manera inexplicable, a este corresponsal de la Rel-UITA no se le permitió ingresar su equipo fotográfico a la reunión, violando su derecho a la libre información

Notas:

¹ Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo, que da seguimiento al proceso de reconstrucción y posteriormente al de transformación de Honduras después del huracán Mitch (1998), conformado por Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Suecia, Japón, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Banco Mundial, BCIE, BID, FMI, PNUD y la Unión Europea

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