Relatora de la ONU conoce de hostigamiento contra organizaciones de derechos humanos

Nos dirigimos a usted para informarle sobre recientes actos de hostigamiento en contra del COFADEH, los cuales se enmarcan en el contexto de persecución y desprestigio que lideran autoridades del Estado de Honduras en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en dicho país, expresa una carta enviada a Margaret Sekaggya, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos.

Entre las acciones denunciadas se señalan conductas detractoras en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos por altos funcionarios públicos las cuales tienen como objetivo desacreditar la labor de dichos grupos, estigmatizándolos de “terroristas” o “criminales”, impedir el ejercicio de su derecho a defender derechos humanos, aumentar la situación de riesgo en que trabajan actualmente, y de alguna manera, justificar eventuales afectaciones a sus derechos humanos.

La misiva de fecha 27 de diciembre de 2010, fue enviada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, que describen que los hechos descritos contravienen las obligaciones internacionales del Estado de Honduras.

Ambas organizaciones recuerdan a la Relatora que el 07 de diciembre, mediante un escrito que le enviaron varias organizaciones de defensa de derechos humanos, le informaron sobre la práctica recurrente de calificativos y expresiones provenientes de funcionarios de altos cargos públicos desacreditando la labor que varios de estos actores sociales realizan en Honduras.

“En esta ocasión queremos informar sobre graves afirmaciones realizadas por el Secretario de Seguridad, Oscar Álvarez, en relación con el COFADEH y su supuesta vinculación con el conflicto que existe en el Bajo Aguán”, destacan.

El día 14 de diciembre se publicó en el diario “El Tiempo” una nota periodística señalando que: Álvarez responsabilizó a organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) de prestarse a desestabilizar el actual gobierno y apoyar estos grupos armados del Bajo Aguán, por lo que fiscales y jueces están listos para encarcelar a los organizadores de la toma. Estas afirmaciones también fueron dadas a medios de comunicación radiales.

“Las mencionadas declaraciones dan muestras de una clara campaña en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de las organizaciones no gubernamentales, en esta ocasión falseando la realidad y mostrando datos sin ningún sustento contra COFADEH”, denunciaron.

Agregan que estas declaraciones de los más altos funcionarios públicos tienen como objetivo desacreditar la labor de dichos grupos, estigmatizándolos de “terroristas” o “criminales”, impedir el ejercicio de su derecho a defender derechos humanos, aumentar la situación de riesgo en que trabajan actualmente, y de alguna manera, justificar eventuales afectaciones a sus derechos humanos.

“Por ello, reiteramos nuestro pedido a la Ilustre Relatora para que se haga un llamado a las autoridades del Estado de Honduras de manera que se abstengan de emitir mensajes como los que fueron descritos anteriormente y en su lugar, cumplan con las recomendaciones de su último informe”, recalacaron.

Le describen también el hecho ocurrido el 04 de noviembre de 2010 cuando la Jueza de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa aceptó una solicitud del Ministerio Público para el secuestro de documentos privados en poder del COFADEH, que son testimonios rendidos por varias personas ante el COFADEH.

La fiscal que solicita el decomiso justifica esta petición en que supuestamente el COFADEH no ha querido aportar los testimonios de las personas mencionadas, sin embargo todas ellas, a excepción del abogado Díaz, se encuentran vivas y localizables y pese a ello la fiscal responsable del caso, la Abogada Carla Celene Henríquez en ningún momento les ha citado. Cabe destacar que en febrero de 2009 fueron condenadas dos personas por el asesinato del señor Díaz García.

Para las organizaciones remitentes la resolución de la Jueza fue comunicada al COFADEH hasta el pasado 17 de diciembre. Ese mismo día se interpuso un recurso de amparo y una medida cautelar en contra de la resolución mencionada para proteger el derecho fundamental a la inviolabilidad y al secreto recogido en el artículo 100 de la Constitución Política hondureña . Hasta la fecha el mismo no ha sido resuelto.

Asimismo resulta evidente que las diligencias mencionadas, además de ser innecesarias ya que el Ministerio Público tiene la facultad de convocar a los testigos para que rindan declaración en esta sede, constituyen injerencias arbitrarias en perjuicio del COFADEH y de las personas que rindieron sus testimonios en forma confidencial ante dicha organización. De ejecutarse, las citadas diligencias podrían configurar violaciones a los derechos recogidos en los artículos 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los hechos descritos no pueden valorarse en forma aislada, sino como parte del contexto de persecución y hostigamiento que existe en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y que cada día se torna más gravoso aumentando el riesgo para la vida e integridad personal de quienes ejercen su derecho a defender los derechos humanos, le dijeron en la carta a la Relatora Sekaggya.

CEJIL y COFADEH destacaron ante la funcionaria de la ONU que los acontecimientos arriba señalados contravienen las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, por eso acuden a su Autoridad para solicitar lo siguiente:

Primero. Que se pronuncie expresando su preocupación sobre los hechos mencionados anteriormente así como sobre los que fueron descritos en la carta enviada con fecha 07 de diciembre del año 2010.

Segundo. Que solicite información al Estado hondureño respecto de los hechos informados que generan la responsabilidad internacional del Estado de Honduras y se le recuerde su obligación de cumplir con las recomendaciones dadas por la Relatora en su último informe.

Tercero. Que valore la pertinencia de realizar una visita a Honduras, de manera que pueda conocer en forma personal la realidad que se vive en este país e incidir ante las autoridades para tomar las medidas correctivas que correspondan.

Cuarto. Que la información obtenida sea incluida en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas.