Discrepamos con una serie de criterios esbozados a la ligera por el ciudadano Juan Orlando Hernández, presidente del actual Congreso Nacional.
En reciente Cadena Nacional, expresó:
1.- Que con las reformas al artículo 5 constitucional se elimina la necesidad de una Constituyente.
2.- Lo que en otros países costó guerra, sangre y muerte, en Honduras lo logramos con armonía y entendimiento.
3.- De que la reforma de este artículo se diferencia de la que generó la crisis golpista, en que se siguieron los pasos establecidos en la Constitución, dando a entender que lo de la cuarta urna fue ilegal.
Ignoramos la argumentación que el padre de la patria arguye para negar de una vez y para siempre y como por arte de magia, que es innecesaria la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El hecho de que se haya quitado las trabas a las figuras del plebiscito y referéndum para darle la oportunidad al pueblo de expresarse libremente sobre los problemas más candentes del país, no significa la desaparición de otros eventos constitucionales como es la Asamblea Nacional Constituyente. El problema en sí es concreto: cambiar o reformar la Constitución no sólo es posible con la opinión directa de las mayorías sino que para viabilizar los puntos de vista en cuestión se necesita de mecanismos y estructura organizacional para ser efectiva cualquier propuesta popular.
La idea de Mel Zelaya en aprovechar el proceso de las elecciones generales colocando otra urna además de las tres que serían para alcalde, diputados y presidente, con la finalidad de realizar la consulta popular para el cambio de la Constitución, surgió porque las figuras de la consulta a la ciudadanía no se podían aplicar por el encadenamiento establecido a las mismas por la legislatura anterior en la que el presidente del Congreso era Roberto Micheletti Bain.
No existían las condiciones para realizar un plebiscito o referéndum y, por ello, se imponía la necesidad de la cuarta urna, que la reacción consideró ilegal y a la cual la ultraderecha hondureña se opuso con uñas y dientes porque ello significaba un paso decisivo para el montaje de una Asamblea Nacional Constituyente cuyo propósito era la reforma de la Constitución, incluidos los artículos pétreos que son un adefesio ilegal redactados por los sempiternos enemigos de la democracia y adoradores del statu quo, que permite a la atrasada burguesía hondureña continuar con la expoliación y obtención de manera salvaje y brutal, de las múltiples ganancias que aumentan sus riquezas particulares.
La tozudez, terquedad y empecinamiento logró aglutinar a lo más rancio y putrefacto del conservadurismo criollo para realizar, a vista y paciencia de la comunidad internacional, el fatídico golpe de Estado del 28 de Junio 2009, que nos tiene inmersos en una crisis sin parangón en la historia, con un mar de contradicciones insolubles, que nos han dividido como las piezas de un enorme rompecabezas.
De lo que se trata, pues, es de redactar otra Constitución acorde con los tiempos que vivimos y con la que se le puede cortar el poder omnímodo de la burguesía, que solamente puede viabilizarse a través de una Constituyente exigida y planteada por un referéndum con todas las libertades y facilidades en las que el pueblo puede expresarse cabalmente.
Por otra parte, la Constituyente no es para reelegir a nadie, sino para que el soberano tenga más participación en las decisiones del Estado y que jamás la burguesía vuelva a tener el poder que ha mantenido con los artículos pétreos, que como cualquier fenómeno de la sociedad, naturaleza y pensamiento, pueden ser cambiados porque son obsoletos y no son la tabla de Moisés.
Entendemos que la reforma del artículo 5 constitucional realizada por la legislatura nacionalista conlleva otros planes y propósitos de las transnacionales y del poder fáctico hondureño, pero en esta cuestión no hay que perderse, unos son los objetivos y finalidades de la derecha rapaz y, otras, las estrategias y fines de la clase obrera y pueblo organizado en el Frente Nacional de Resistencia Popular.
Concluyendo, sobre la primera opinión de Juan Orlando Hernández, en cadena nacional, la necesidad y urgencia de la Constituyente no desaparece con las reformas, al contrario, se fortalece el planteamiento con las facilidades de las dos figuras jurídicas y crece la cantidad de ciudadanos que cada vez más se convencen y pasan del millón y medio que la convocatoria a una Constituyente es valida, justa, necesaria, urgente y legal para reestructurar el sistema judicial del país que se ha resquebrajado por sus medidas y actos en contra de la Ley Fundamental.
Para volver a la situación de antes y mejorarla, necesitamos la Constituyente que se facilita con las reformas al artículo 5 y 213 y no al revés, como piensa el Presidente del Congreso Nacional.
Estas reformas deben utilizarse para beneficiar a toda la hondureñidad y no para darle paso a inventos de don Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, de crear una ciudad modelo que beneficiará al capital extranjero y que debilitará más a la burguesía nacional hondureña.
Esas ideas “bizantinas” tratan de desviar la atención del pueblo en sus reales y verdaderos problemas.
La segunda tesis del Presidente del Congreso exagera acerca de guerras en otros países para lograr el plebiscito y referéndum, cuestión muy difícil de creer. Que hubo armonía y entendimiento para hacer tales reformas, no es cierto, porque el ochenta por ciento de la población no está muy de acuerdo sólo con las reformas. La armonía y entendimiento sólo existe coyunturalmente en la cabeza de ciento ocho diputados que no representan a la hondureñidad.
Que las reformas respetaron la Constitución es muy discutible porque es preferible cambiar la Ley Fundamental que estar reformando o haciendo remiendos al articulado de acuerdo a las conveniencias del momento para resolver problemas de carácter coyuntural.
Paralelamente, tampoco es cierto que la cuarta urna era inconstitucional porque de lo que se trataba era de consultar al pueblo de si se estaba o no de acuerdo en plantear una Asamblea Nacional Constituyente. Hasta el momento nadie ha probado que la cuarta urna era ilegal.
Para opinar sobre estas tres cuestiones hay que tener mejores argumentos para no pecar de superficiales ante el noble pueblo hondureño.
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