Los obstáculos

Aunque parezca irónico, la oposición al actual gobierno viene del propio gobierno, según lo expresado por el presidente Lobo Sosa al señalar los obstáculos para que Honduras retorne a su lugar en la comunidad internacional.

Esos obstáculos son, en el análisis presidencial, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, cuyas actuaciones –por exceso y por defecto—impiden la reincorporación de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la limpieza del expediente de graves violaciones de los derechos humanos.“A veces siento que no hay una conciencia clara de lo que está viviendo Honduras y de lo que vivió el 2009 –ha dicho el mandatario--. Este es un nuevo gobierno y yo he reiterado que mi objetivo es la paz y la reconciliación entre todos”.

Casi con dejo de impotencia, el presidente Lobo Sosa se encomienda a Dios y le pide que “ilumine la mente de los que tienen en sus manos quitar todos los obstáculos que tenemos aún”.

Se refiere, sobre todo, a los juicios incoados al ex-presidente Zelaya Rosales después de su derrocamiento y al necesario juzgamiento de los responsables por los crímenes y los atentados a los derechos humanos cometidos en el golpe de Estado del 28 de junio/09, durante el régimen de facto y en este gobierno.

La solución de este problema se ha enfocado deliberadamente en el tablero jurídico cuando es esencialmente político. La posición tenaz de plantear la salida en términos estrictamente legales, bajo diversas interpretaciones, algunas absurdas o contradictorias, por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, es con el propósito de sostener el andamiaje golpista en el control del poder en el Estado.

Esa fue la razón de la amnistía para los delitos políticos y comunes conexos decretada post-golpe por el congreso nacional y de la declaración de inconstitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 49-2008 y el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público a fin de sustraer a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la acción legislativa en casos de corrupción, abuso de poder y negligencia.

De ahí que las iniciativas del Ejecutivo para avanzar en la legitimación del gobierno en el concierto internacional no consigan tener éxito --independientemente de los errores en el diseño y la ejecución de la política de exteriores--, en vista de que se mantiene intacta en el poder del Estado una parte básica de la estructura golpista.

Esto nos indica, asimismo, una significativa arritmia en el proceso de cambio que se propone realizar el Ejecutivo en conjunción con el Legislativo, porque no da lugar a la conciliación de proyecto nacional interno y su proyección internacional, por una parte, y, en lo interno, tampoco logra una suficiente voluntad para la creación de una mística colectiva de transformación y reconciliación que neutralice la polarización y la creciente volatilidad en el conflicto de clases sociales.

De allí la urgencia de abordar este problema en su justa dimensión política, devolviéndole su operatividad a los medios institucionales para poder abrir la avenida a la tarea de fondo, que es la rehabilitación política, económica y social en el marco de un Estado moderno y de un sistema político efectivamente democrático.