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jueves, 23 de diciembre de 2010

Sólo al finalizar juicios según indica OEA y con acompañamiento internacional: Zelaya


El presidente en el exilio forzoso, Manuel Zelaya, reiteró, en un comunicado, su disposición de regresar “inmediatamente” al país, si se cumplen “a cabalidad” las condiciones establecidas por la Comisión de Alto Nivel, de la OEA, de “poner fin a los juicios fabricados en mi contra y se permita un seguimiento internacional de dicho proceso”.

Manuel Zelaya se refirió a los procedimientos que el régimen de Porfirio Lobo manifiesta haber iniciado y que “facilitarían” al presidente expatriado regresar al país con todas las garantías constitucionales, según divulgan medios masivos de comunicación.

Zelaya valoró que la Corte Suprema de Justicia, al haber conspirado para planificar y ejecutar el golpe de Estado, perdió su imparcialidad, legalidad y legitimidad, tanto a los ojos del pueblo como de la comunidad internacional.

Fue esa misma Corte la que exoneró a todos los violadores de derechos humanos y de la Constitución con la excusa de un “estado de necesidad”, también creadora de esa “monstruosidad jurídica que permite cualquier violación de la ley”, señaló.

Zelaya precisó que no existe más camino para Honduras que cumplir con todos los tratados y convenios internacionales, y es justamente porque el Régimen se niega a consumar tales resoluciones y la Carta Democrática, que no ha podido regresar a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las acciones de los golpistas y “la continuidad de todos esos actores en el Gobierno y en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público, es lo que genera desconfianza en la comunidad internacional”, completó.

Según Zelaya todos los argumentos que los golpistas utilizaron para conspirar pueden ser desvirtuados y sigue evidente que nunca cumplieron los acuerdos suscritos que se suponía lograrían una reconciliación nacional, aseguró.

La administración de la justicia en Honduras, ha mostrado ser “parcial y manipulada por los intereses particulares”; y, además, al ser confesos a favor del golpe de Estado, se vuelven inhábiles para juzgar “por ser juez y parte”, expuso.

“Exijo que se respeten de una vez y para siempre mis derechos constitucionales y los convenios internacionales en materia de derechos humanos aplicables a mi caso y cesen las burdas tramas de las que he sido víctima permanente”, reivindicó.

Zelaya reafirmó que no es cierto que haya desacatado una orden judicial y que la última comunicación del juez sobre la encuesta no vinculante de la cuarta urna, legal y legítima basada en la Ley de Participación Ciudadana, la contestó en leal forma, tiempo y derecho.

Pero, en vez del respeto al debido proceso y a los derechos humanos respondieron con el uso de la fuerza, “conspirando y ejecutando un Golpe de Estado militar”, refutó.

No haber tenido jamás ninguna demanda en el ejercicio de su presidencia, ya es una prueba de que no violó la Constitución, ni ley o tratado internacional alguno, aun y cuando una mayoría calificada de la oposición siempre controló los operadores de justicia, analizó.

Zelaya reclamó el derecho arrebatado a las víctimas de formar parte de la Comisión de la Verdad, lo que viola la práctica internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece justo y lógico que las víctimas de la violación de derechos deben ser parte de esa instancia.

Expuso que nadie ha sido castigado, ni tramitadas las acusaciones hechas por los organismos defensores de los derechos humanos por esos delitos. Pero que la persecución política es un crimen contra los derechos de las personas imprescriptible para la Corte Penal Internacional, basada en el Protocolo de Roma.

Zelaya recalcó al titular del régimen continuador del golpe de Estado, Porfirio Lobo Sosa, su voluntad de participar para reconstruir el sistema democrático del País, en promover la “verdadera reconciliación nacional” y la reinserción efectiva de Honduras en la Comunidad Internacional.

Pero siempre que no haya, “ maniobras que perpetúen un Golpe de Estado, la ilegalidad y la impunidad de los violadores de derechos humanos, en un marco de “verdadera” voluntad política que demuestre el régimen, condicionó Zelaya.

Al tiempo que pidió, al pueblo en resistencia que “no se distraiga con las campañas absurdas que inundan sus casas con chismes sobre mentiras, y fantasmas que vagan sólo en las mentes perversas que los construyen”.

El viernes pasado el juez Claudio Aguilar del Juzgado Unificado de lo Criminal nombró a los abogados, Crosvin Lanza, Eduardo Turcios y Anaél Orellana, para representar a Manuel Zelaya en los juicios que se le siguen por los delitos de corrupción, abuso de poder y fraude, imputados después del golpe de Estado.

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