Justicia y derechos humanos por ANARELLA VÉLEZ

La principal ventaja de la justicia y de la buena fe, es hacer inútil la fuerza. LUTARCO

La reciente creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos supone un enorme revés para aquellos que han venido violentando impunemente las consabidas prerrogativas de las/os hondureñas/os. Sin embargo, esta victoria del presidente Porfirio Lobo será temporal –por no decir pírrica- si ese nuevo Ministerio no enmienda los errores que se han cometido desde la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y sus adláteres (Policía, Ejército y paramilitares).

La misión del Conadeh obliga al titular de esa institución –el llamado defensor del pueblo u Ombudsman- a garantizar, de manera articulada con organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República, y en los tratados, pactos y convenios internacionales con sus respectivos protocolos ratificados por Honduras.

El Ombudsman hondureño ha desvirtuado y desatendido su misión verdadera. De todas/os es conocido el modo en que este funcionario desprotegió los derechos de las/os hondureñas/os tras el golpe de Estado del 28-J: no dijo y mucho menos hizo nada en relación a la detención y posterior destierro del ciudadano presidente de Honduras Manuel Zelaya y de algunas/os de los miembros de su gobierno (Patricia Rodas, Milton Jiménez, Arístides Mejía, Enrique Flores Lanza, entre otros).

Tras el golpe de Estado, los derechos de nuestro pueblo, particularmente de las/os más vulnerables, fueron brutalmente transgredidos. En un claro desprecio de las normativas internacionales suscritas por nuestro país, este empleado público no levantó ni siquiera una alerta sobre estos casos, creando así las condiciones para que la situación de indefensión de nuestro pueblo se agravase.

Tampoco es desconocido para nadie la forma descarada en que este personaje ha ignorado los múltiples atropellos a los DD HH: las violaciones al derecho a la integridad personal, violaciones a la libertad de expresión (cierre de emisoras, persecución y asesinato de más de diez comunicadores), violaciones de los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad han sido noticia cotidiana y no se hizo nada.

Horroriza ver cómo ese organismo, creado para hacer justicia, ha ocultado las agresiones a mujeres, a la comunidad LGTBTTI, a la niñez y la juventud. Todos estos hechos han sido tratados por el Ombudsman hondureño con una desidia ofensiva. En Honduras hubo 5,265 asesinatos en 2009 y desde el Conadeh no se ha dicho ni hecho nada. De todas/os es archiconocido que esta conducta contribuye a institucionalizar la impunidad.

Lo cierto es - y ya nadie lo discute y se asume como verdad probada -, que el Conadeh no ha cumplido con su mandato fundamental, como institución responsable de proteger los DD HH de las/os hondureños, ha irrespetado el Estado de derecho que más bien debería ayudar a fortalecer. Antes bien, este extraño Ombudsman es responsable del nefasto hecho de politizar y subordinar esa noble institución a los intereses de la oligarquía responsable del golpe de Estado.

La falta de compromiso democrático por parte del Comisionado de los DD HH, así como su incompetencia, se manifiestan –además- en el desconocimiento del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 3 de marzo de 2010. En ese informe se señalan con detalle las múltiples violaciones de los derechos humanos desde el golpe de Estado del 28-J y la necesidad urgente de investigar y castigar a los responsables de esos ilícitos.

A pesar de estos hechos, el soberano, tan noble y con urgidas expectativas sobre su futuro, demandará que este nuevo ministerio responda eficientemente y sin dilaciones ante los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país. La titular de la nueva institución, abogada Ana Pineda, no debe/no puede desconocerlo.

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