Hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo

“No es la primera vez que la CIDH recibe información sobre la falta de implementación inadecuada de las medidas cautelares. Tres años después se profundizaron las deficiencias, agudizándose con el golpe de Estado; hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo, es por eso que nos hemos visto obligados reclamar acciones concretas y efectivas y no meramente discursivas”.

La anterior, fue parte de la introducción que hizo Marcia Aguiluz, en representación del Centro Internacional y la Justicia –CEJIL-, organismo que acuerpó la participación en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- de Kenia Oliva y Mery Agurcia, en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, de Sally Valladares del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y Lucy Mendoza del Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, ERIC.

Las organizaciones asistieron ante la CIDH con el objetivo de informar sobre los problemas existentes para la implementación de las medidas cautelares en Honduras y presentar una propuesta para la creación de un mecanismo de ejecución e implementación efectivo. La audiencia sobre los mecanismos para la implementación de las medidas cautelares en Honduras, se realizó este lunes 25 de octubre.

Por parte de la CIDH estaban los Comisionados, Felipe González, presidente, la comisionada María Silvia Guillén, el Comisionado Jesús Orozco y, la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Los solicitantes indicaron que la implementación de las medidas, son aisladas y coyunturales dado que responden a las visitas de la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de las mismas.

“A la hora de solicitar la audiencia, los peticionarios como representantes de beneficiarios de medidas cautelares, solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras en concreto Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad , bajo el entendido que son las autoridades internamente de proteger a las personas en riesgo”, agregó Aguiluz.

Pero dejó establecido que no se trata de un reconocimiento a condiciones positivas en Honduras, “Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá consideramos que existan las condiciones en Honduras para que en Honduras exista un Estado de Derecho y democracia”.

Uno de los señalamientos precisos es que hay incapacidad para una respuesta oportuna por parte del Estado, con una unidad técnica que carece de mandatos claros, manifestó en la audiencia Oliva, en representación del COFADEH.
Asimismo la ausencia de criterios de valoración de riesgos, sin tomar en cuenta los criterios proporcionales al riesgo de la víctima, en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la victima las únicas tres medidas que venía ofreciendo antes del golpe de Estado y son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de contacto.

En relación a las escoltas personales, se expuso que el Estado argumenta no tener fondos para ese beneficio y que los costos corren a cuenta de los beneficiarios, generando un gasto de alrededor de 250 dólares.

Sobre los patrullajes, se cuestionó que solamente se implementan dos o tres días después de que se ha firmado el acta de compromiso, para posteriormente suspenderse la medida. En las áreas rurales el Estado sigue argumentando que no puede implementarlas.

“El Estado no ha querido entender que los beneficiarios son un colectivo de ciudadanos contra el golpe de Estado, lo que ha ocasionado graves obstáculos por la falta de confianza en las instituciones por su participación en el Golpe de Estado, denunciaron los participantes en la audiencia.

En la audiencia tampoco se soslayó la participación de los policías, quienes se han convertido en generadores de la inseguridad, torturadores y quienes en lugar de castigarse, se remueven de sus cargos a rangos superiores.