Reina afirma que aceptó el cargo porque Lobo le cumplirá a la OEA

TEGUCIGALPA.- El embajador itinerante ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Jorge Arturo Reina, dijo ayer que aceptó el cargo porque el presidente Porfirio Lobo Sosa cumplirá con lo establecido por la comisión de alto nivel nombrada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Reina, antes de viajar a Estados Unidos, respondió a la avalancha de críticas que ha recibido de las extremas izquierda y derecha por haber admitido el puesto, a quienes contestó que las personas que lo critican se incomodan porque quieren que Honduras siga sangrando para sacarle hasta la última gota de sangre.


“Mi papel es justamente comenzar a restañar los esfuerzos y eso les incomoda, quieren que Honduras siga sangrando para sacarle hasta la última gota de sangre”, señaló tras agregar que ahí estará enfrentando las críticas como sea necesario, con las armas de la paz, de la honradez y con el sentido de solidaridad.


“No tengo nada contra los que conspiran en mi contra, solamente les digo que están equivocados”, recalcó.


Se le preguntó cómo iba a trabajar con Unasur y dijo que “vamos a trabajar con el mayor empeño, con la mayor seriedad y además el pueblo de Honduras va a conocer todo el trabajo que esté haciendo”.


Expuso que todavía no sabe dónde tendrá su sede, no obstante, agregó que la próxima semana se reunirá con el presidente Porfirio Lobo Sosa y el canciller Mario Canahuati, para tratar ese tema y las estrategias que desarrollarán con los países de Unasur.


También se le consultó si conversó de la aceptación del cargo con el ex presidente Manuel Zelaya Rosales y dijo que “sí, nos intercambiamos puntos de vista, él también establece condiciones y él pide que las condiciones que yo he planteado se cumplan antes, eso es perfectamente posible y creo en consecuencia que eso armonizaría de manera correcta a la sociedad hondureña”.

La comisión de alto nivel de la OEA recomendó investigar y proceder contra las autoridades que cometieron violaciones de derechos humanos en el marco del golpe de Estado que derrocó a Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009.