Empresarios y políticos habían solicitado al presidente de facto de Honduras que reconsiderara la supresión de la libertad de prensa, asociación y circulación, en lo que algunos interpretaron como una fisura en la coalición que apoyó el golpe militar del 28 de junio. Críticas de las Naciones Unidas y los Estados Unidos
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ignoró la presión dentro y fuera de su país para que derogue un decreto que suspendió las libertades civiles, en un aparente nuevo obstáculo para resolver la peor crisis de América Central en décadas."No nos gustan las medidas, pero tal vez fueron necesarias y hay que mantenerlas el menor tiempo posible", dijo el líder de la poderosa Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, tras la reunión.Micheletti defendió más tarde sus medidas ante los jueces de la Corte Suprema, donde fueron presentados 15 recursos contra el decreto, entre ellos uno de anticonstitucionalidad.
"Sólo vinimos a escuchar el consejo que podían darnos, si se ha cometido algún error o no", dijo el presidente de facto.
En tanto, una misión de diputados de Brasil atravesó el cerco policial de la embajada de ese país para entrevistarse con el derrocado presidente Manuel Zelaya, atrincherado en dicha sede desde que volvió clandestinamente a Honduras hace nueve días para reclamar el poder.
Al concluir el encuentro, el diputado Raul Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista, dijo que Zelaya aclaró que por ahora no existen negociaciones entre él y Micheletti, y que podría avanzar una negociación con la llegada la próxima semana de una misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos.
"El entiende que la solución es exactamente el plan Arias", dijo el legislador, en referencia al "Acuerdo de San José" presentado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y que incluye el regreso al poder de Zelaya.
Los seis legisladores brasileños viajaron a Honduras para asegurar que el Gobierno de facto no allane la embajada una vez cumplido la próxima semana el plazo para que Brasil asile a Zelaya o lo entregue a la justicia aunque Micheletti dijo que no tomaría "medidas adicionales" una vez cumplido su ultimátum.
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