Burla burlando

Burla burlando, el régimen de facto ha conseguido –manu militari—mantenerse tres meses y medio en el poder, pero sin obtener la aceptación de la mayoría del pueblo hondureño ni asegurar la gobernabilidad.

El mecanismo para lograr ese compás de más de cien días ha sido el “diálogo”, en el contexto del Plan Arias y la propuesta de Acuerdo de San José, al que desde el primer momento la delegación golpista ha jugado –de mala fe—a las dilatorias, sin importarles el desastroso saldo político, económico y social que está causando a la nación hondureña y al país el rompimiento del orden constitucional e institucional.

En la última etapa de ese “diálogo”, cuyo resultado hasta ahora es incierto y con olor a trampa, los representantes de ambas “partes” –golpistas y legitimistas— dicen haber llegado a un consenso del 90% de la agenda, y casi a la conclusión total del acuerdo sobre la piedra angular de éste, la restitución del Ejecutivo constitucional, vale decir la devolución del mando de la República al presidente José Manuel Zelaya Rosales.

El anuncio velado sobre este punto final, sin lo cual el 90% restante del acuerdo es letra muerta, por un momento dio lugar al optimismo sobre la posibilidad de una salida a la crisis política con perspectiva electoral medianamente legítima. Sin embargo, con el correr de las horas –y la momentánea euforia nacional por la clasificación de Honduras para el torneo mundial de fútbol en Sudáfrica—las expectativas promisorias sobre el arreglo político parecen desplomarse.

El problema estriba, sin duda, en que el régimen de facto, controlado en todos sus aspectos por los militares, prosigue con su táctica “tortuguista” para llegar a la meta del 27 de enero de 2010 sin autoridades supremas reconocidas como legítimas por el pueblo hondureño y por la comunidad internacional, quedando el país a merced de las Fuerzas Armadas, en su nuevo modelo de detentar el poder público con el ropaje de la camarilla empresarial, clerical y bipartidista.

De allí la propuesta del golpismo, en lo relacionado con el procedimiento y la fecha para la restitución del presidente constitucional en el Poder Ejecutivo, de efectuarlo, en primer lugar, mediante la Corte Suprema de Justicia y no por el Congreso Nacional, que es –teóricamente—el poder delegado del pueblo y el que, para más señas, perpetró el derrocamiento del presidente de la República.

Asimismo, porque el dictador Micheletti también insiste –manu militari—en que la “restitución” constitucional e institucional debe hacerse en diciembre, después de las elecciones generales, algo absurdo por cuanto sería una mascarada para intentar la legitimación de un escandaloso fraude electoral, dentro de un proceso que conllevaría más alteraciones a la paz social, más brutalidad represiva, más polarización política y social y un quiebre definitivo hacia la ingobernabilidad.

Este desgraciado panorama, en el que la fuerza militar es dueña absoluta del país, mediante la aplicación de un estado de sitio virtual, derogado del diente al labio pero vigente, con la supresión de la libertad de expresión y la confiscación de medios de comunicación social, a través de un decreto inconstitucional, violatorio, además, de las declaraciones, acuerdos y convenios internacionales, que le da a los militares que controlan CONATEL el poder absoluto sobre el espectro radioeléctrico del Estado, incluso para revocar o cancelar el uso de permisos y licencias otorgados a los medios de radiodifusión sonora y de televisión, todo ello para “proteger la seguridad nacional”.

Es dentro de tales condiciones, que el régimen de facto pretende que se realicen las elecciones “estilo Honduras” del 29 de noviembre, sobre lo cual ha manifestado Micheletti, blandiendo su puño en alto, que “no hay forma de que se detengan, solamente que nos manden un ataque o que nos invadan”. Burla burlando.



EDITORIAL DEL TIEMPO