Golpear donde más les duele por Omar Rivera

Ingenuo es aquel que cree que basta con las sanciones internacionales que los gobiernos extranjeros están imponiendo al régimen de facto conducido por Roberto Micheletti Bain, para que éste abandone el poder que detenta de forma ilegal; cualquier medida aplicada a la institucionalidad usurpadora no tendrá mayor influencia en la decisión de los golpistas de devolver lo que no es de ellos, mientras la misma no impacte directamente y de manera personal en cada uno de los que planificaron, ejecutaron y sostienen a la aciaga administración gubernamental que se instaló abusivamente el 28 de junio de 2009. Las medidas de presión de los organismos multilaterales y los gobiernos extranjeros deben ser focalizadas en los intereses particulares de los que forjaron este golpe a la democracia hondureña, expatriaron ilegalmente al Presidente de la República, “promovieron” –al margen de las disposiciones constitucionales- al Presidente del Congreso Nacional a la jefatura del Poder Ejecutivo y violan derechos humanos, limitan libertades y restringen garantías. Que el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), suspendan los créditos y donaciones al Gobierno no será un dolor de cabeza para los golpistas si estos empréstitos o dádivas van destinados a proyectos de desarrollo o programas de protección social, ya que lo único que los puede poner inquietos sería la suspensión de apoyo financiero a sus empresas o aquellas operaciones en las cuales obtienen beneficios propios. A estos insensibles militares y políticos que perpetraron el golpe de Estado, no los conmueve la suspensión de apoyo presupuestario para el financiamiento de programas sociales o para la ejecución de obras de infraestructura, a ellos únicamente les podría perturbar limitar el goce de los privilegios que se desprenden del poder que alcanzaron por la vía armada y el soñado reconocimiento público internacional que tanto se imaginaron tener; por eso suspender las visas de ingreso a territorio estadounidense a los principales protagonistas de esta transgresión al Estado de Derecho, prohibir a los cabecillas de esta tiranía pisar suelo europeo, retirar el tratamiento diplomático del caos a los embajadores afines a la Cancillería que rectora Carlos López Contreras y expulsar de instancias internacionales a los confabulados, como sucedió con Delmer Urbizo Panting el pasado 14 de septiembre en Ginebra, Suiza, es la mejor forma de presionar a los que dirigen arbitrariamente al país. Limitar el radio de acción de los oficiales de las Fuerzas Armadas y diputados del Congreso que estuvieron implicados en el golpe de Estado es esencial, así como el de los más cercados colaboradores con el ilegítimo jefe gubernativo; confinarlos al territorio nacional y no dejar que gocen del reconocimiento oficial de otros Estados ni de los recursos que ilegalmente perciben por el desempeño de sus cargos es una medida que tendrá –como ya ha empezado a tener- resultados positivos en los esfuerzos por sacar del poder a Micheletti Bain del despacho presidencial. Igual suerte deberían correr los empresarios y dueños de medios de comunicación que respaldan al régimen golpista, restringiéndoles sus operaciones comerciales y financieras en el extranjero, prohibiendo a las empresas de cada país hacer negocios con compañías cuyos propietarios sean enemigos de la democracia y compinches de quien viola los derechos de los hondureños; la presión debe ser extrema, similar a las medidas que pidieron –a inicio de agosto- un grupo de congresistas estadounidenses al presidente Barack Obama, encaminadas a “instruir al Departamento del Tesoro que congele las cuentas bancarias y los bienes de los individuos involucrados con el golpe de Estado y que se les niegue la entrada a Estados Unidos”. En el caso de los industriales y comerciantes que apoyan a los golpistas, la focalización de las sanciones debe ser afinada, personalizándolas, golpeándolos donde más les duele. La única razón por la que los militares, políticos y empresarios han asaltado el poder de la nación es para abusar del mismo; en consecuencia, reducirles –a cada uno de ellos- el espacio para que disfruten de él, será un castigo que cause dolor, y que pueda hacerlos desinteresarse de seguir en su reprochable empresa. Tegucigalpa, MDC – 16 de diciembre de 2009 Comentarios:
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Omar Edgardo Rivera Pacheco
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