Cacería a los maestros

Salvaje represión del gobierno hondureño hacia el magisterio ya provocó la muerte de una docente y la detención de 18.



La movilización gremial –que en poco tiempo ganó tintes de paro cívico– tuvo inicio después que el gobierno presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley educacional que, una vez aprobado, retiraría del Estado la responsabilidad por la enseñanza pública. Las administraciones municipales asumirían el manejo de las escuelas, con el auxilio de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y la Iglesia.

“Una de las luchas fundamentales del magisterio hondureño es la defensa de la educación pública, que es un derecho gratuito y de responsabilidad del Estado”, explica Idalmi Cárcamo, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUT-H). “La experiencia ha demostrado que las autoridades municipales no tienen capacidad para asumir la responsabilidad en materia educativa.”

Idalmi defiende la idea de que la ley presentada por el presidente Pepe Lobo es el comienzo de un proceso de privatización del sector educacional del país. Por ello, señala, “la lucha del magisterio es la lucha de toda población hondureña”.

No en vano los maestros ganaron el apoyo total del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que reunió un amplio espectro de movimientos sindicales y sociales para exigir democracia tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, en 2009.

“La acción que desde el 14 de marzo están desarrollando los compañeros ha dado lugar a un paro cívico nacional, que consiste en movilizaciones en los barrios, tomas y paros de oficinas”, sigue Idalmi. “Es una forma de hacer con que este gobierno vea que maltrato, gases lacrimógenas y encarcelamientos no resuelven los problemas relativos al irrespeto a los derechos humanos y laborales en el país.”

Violencia y persecución

Los trabajadores y activistas políticos que en las calles manifiestan su contrariedad al régimen de Pepe Lobo, heredero del golpe de Estado, saben muy bien de qué tipo de represión habla Idalmi. Las bombas y toletazos aplicados por las fuerzas policiales hondureñas ya han provocado la muerte de una maestra: Ilse Velásquez Rodríguez, que perdió la vida en el 18 de marzo, apenas cuatro días después de iniciada la movilización nacional contra el gobierno.

"La violencia física practicada por el gobierno hondureño tiene la compañía de otro tipo de agresión: la económica".
La docente de 59 años se desmayó luego que una de las bombas lacrimógenas lanzadas por las tropas anti-disturbios le impactara la frente. La nube de humo tóxico que la rodeó le afectó severamente el sistema respiratorio. Momentos después, Ilse fue atropellada por un vehículo presuntamente policial que le ocasionó graves herimientos internos. Aunque fue auxiliada por otros maestros y manifestantes, que la llevaron a un hospital cercano, falleció después de ser atendida en emergencias.

Al asesinato de Ilse Velásquez, se suma la detención de 18 maestros, que, según la dirigente de la CUT-H, “han sido trasladados el día 25 de marzo a la Penitenciaría Central de Támara y que en estos momentos siguen detenidos, violentando el derecho que les permite recibir visitas y tener una defensa”. Idalmi Cárcamo cree que el encarcelamiento de los maestros muestra claramente la manipulación de la Justicia y la falta de interés de los jueces en revisar los expedientes legales, “que comprueban que nuestros compañeros no son delincuentes y no han provocado cualquier daño a la propiedad privada”.

Además de la represión en las calles, las fuerzas policiales de Honduras también están siendo ordenadas a romper la intimidad de las sedes gremiales de los maestros. Al considerar el número de trabajadores detenidos, las decenas de docentes heridos y la compañera asesinada, Idalmi Cárcamo no tiene dudas en afirmar que el gobierno de Pepe Lobo ha ordenado una verdadera “cacería” a los manifestantes. “Es una represión salvaje”, concluye.

Suspensión de los pagos

La violencia física practicada por el gobierno hondureño tiene la compañía de otro tipo de agresión: la económica. Tras el inicio del paro cívico, el ministro de Educación, Alejandro Ventura, giró instrucciones a la cartera de Finanzas para rebajar el sueldo a seis mil profesores durante los días en que estuvieron manifestándose.

Mientras, el presidente Porfirio Lobo anunció la suspensión temporal de 1.200 docentes, quienes serán sustituidos por personal contratado. Las penas disciplinares, con claro fondo político, pueden hacer con que un maestro quede lejos de las aulas en un periodo de dos meses a un año.

“Con las suspensiones, los docentes van a perder todas las garantías sociales a las cuales tienen derecho por el servicio que han venido aportando al país”, explica Idalmi Cárcamo, de la CUT-H. “En vez de buscar un diálogo que se inició en el 2010 para buscar soluciones a los problemas del magisterio, el presidente lo ha suspendido, dejándolos plantados a los compañeros y apoyándose a la represión masiva.”

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), por intermedio de su secretario general, Víctor Báez, envió al presidente Pepe Lobo, en Tegucigalpa, dos notas de repudio en las que condena la muerte de Ilse Velásquez Rodríguez y la detención de los 18 maestros que tomaron parte en el paro cívico nacional.

“En una verdadera democracia, el pueblo tiene el derecho de alzar la voz y de ser oído por sus gobernantes”, señala el texto. “Desde el golpe, la violencia por parte del Estado se ha incrementado y el pueblo viene siendo reprimido sin poder luchar por sus derechos. Solicitamos a usted y a su gobierno que vele por las garantías democráticas como también por la paz y seguridad del pueblo.”