Dieciocho años después, ¿a las puertas de una nueva depuración policial?

Dieciocho años después, ¿a las puertas de una nueva depuración policial?

voselsoberano.com | Viernes 28 de Octubre de 2011 09:47

Octubre 27, 2011 - 23:12 Tegucigalpa.- El 29 de enero de 1993, un empresario sampedrano, Eduardo Piña Van Tuyl, fue asesinado por desconocidos cuando salía de su casa. Su crimen fue atribuido a fuerzas militares que en ese entonces tenían también el control de la policía. Pero los sospechosos identificados por medio de retratos hablados proporcionados por el entonces director del no estatal Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Ramón Custodio, fueron liberados por “falta de méritos” por un juzgado, pese a los testimonios y las pruebas presentadas.

El hecho calentó la indignación de la sociedad que explota un mes después, precisamente en febrero de 1993, cuando irrumpe ante la opinión pública el ex agente asignado a la temida y ahora desaparecida Dirección Nacional de Investigación (DNI), Josué Elí Zúniga.

Zúniga, quien gozaba de la protección del recién creado Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh—que ahora rectora Ramón Custodio—estuvo adscrito a las oficinas de la DNI en San Pedro Sula, conoció de la implicación de militares y policías en varios crímenes cometidos que conmocionaron a Honduras, así como de hechos de corrupción.

En sus declaraciones, Elí Zúniga dijo que en la DNI había “un atajo de corruptos, ladrones con placas para robar y pistolas para matar” y acusó a varios agentes de la DNI y del también desaparecido batallón de la muerte 3-16 de ser los autores de la mayoría de los asesinatos ocurridos en la costa norte.

El principio del fin Reveló que los militares adscritos al Batallón 3-16 utilizaban la motocicleta roja que participó en el asesinato de Eduardo Piña Van Tuyl, para ejecutar sus acciones y que fueron militares adscritos al 3-16 los que habían asesinado a un líder sindical del Stenee, Rigoberto Borjas. Pero los militares y policías señalados por el ex agente de la DNI fueron liberados por falta de méritos, según un tribunal sampedrano, poniendo así a la justicia en una incómoda situación en el debate público. Fueron dos meses de intensa agitación al que se sumó un grupo de militares que tomó partido en el asunto y en un documento enviado a un diario capitalino, el 21 de febrero de ese año, pidió el nombramiento de una “comisión creíble” para investigar las denuncias formuladas por el ex agente de la DNI, quien falleció hace poco tiempo. Ese grupo de militares se identificó como Frente de Oficiales Subalternos (FRENOS), demandó llegar a fondo de las denuncias y depurar a la policía y los militares. La presión pública fue tan grande que el gobierno ordenó un aparatoso despliegue militar y policial en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El Presidente Callejas—quien gobernaba en ese entonces—dijo que se trataba de un operativo contra la violencia criminal ordenado por él mismo en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Pero ello no fue suficiente. El 1 de marzo de ese mismo año, 1993, Callejas conformó una Comisión Ad Hoc para plantear en un plazo de 30 días que presentara una propuesta sobre qué hacer con la DNI, con los cuerpos de policía y con el Poder Judicial para garantizar una aplicación real y oportuna de la ley. La Comisión quedó integrada por representantes del Poder Ejecutivo, entre los que Callejas incluyó a funcionarios gubernamentales y a miembros del alto mando militar, representantes de los partidos políticos legalmente inscritos, de los medios de comunicación y por un representante de la Iglesia católica, el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, quien fue designado como presidente de la Comisión. El 19 de marzo la Comisión ad-hoc decidió solicitar al Presidente de la República que mientras se proponen soluciones definitivas para la cuestión de la DNI, era necesario intervenir su funcionamiento a través de una junta nombrada que debería encargarse de evaluar el personal de la institución policial, vigilar que no se apliquen torturas y tratos infamantes a los detenidos y recomendar acciones salariales, de previsión social o de otro tipo que garanticen que en la institución ingresen y se estabilicen personas idóneas. La Comisión ad-hoc propuso también que los miembros de la DNI responsables de delitos sean puestos a las órdenes de los tribunales cuando haya indicios razonables en su contra. Callejas aceptó la petición y nombró a los miembros de la junta interventora: el abogado Rodolfo Rosales Abella (ya fallecido), ex-ministro de Trabajo de Callejas, el líder democristiano Alfredo Landaverde y el Coronel Heliodoro Zamora, que había estado relacionado con los cuerpos policiales del Estado. Cumplida su primera fase, el Cardenal Rodríguez se retira de la Comisión al cuestionar la implicación de la iglesia en asuntos laicos, se reconforma la Junta Interventora que después se llamaría de Transición, a la cual se suman tres personas más: el extinto médico Hernán Corrales Padilla, Germán Leitzelar Vidaurreta y César Elvir Sierra, último, un militar retirado. Inicia así un proceso que culmina con la eliminación de la DNI el traspaso de la policía al poder civil y los primeros esfuerzos de depuración policial. A esa junta de transición se sumaron otros notables que condujeron la transición de lo que hoy se conoce como Secretaría de Seguridad Pública.

La historia se repite, 18 años después Han pasado 18 años de ese proceso, pero todo apunta a que Honduras se apresta a vivir otra fuerte oleada de una depuración policial que quedó inconclusa y que hoy cobra fuerza al trascender que policías serían los responsables del asesinato de dos jóvenes universitarios de excelencia académica, Carlos Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.

Las denuncias de Óscar Álvarez El asesinato brutal cometido en contra de esos dos jóvenes estudiantes, puede ser el hecho detonante—que 18 años después—vuelva a unir a la sociedad hondureña para exigir un alto a la violencia, un “hasta aquí” de tanta impunidad y una rápida y oportuna depuración policial. De la policía denunciada por Elí Zúniga, no existe mucha diferencia de la hoy en día. El ex ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, días antes de su separación, reveló que tenía oficiales que estaban implicados con el narcotráfico y que lideraban bandas del crimen. Previo a ello, miembros del Tribunal Superior de Cuentas mostraron su sorpresa al descubrir que un policía preventivo había reportado una fortuna por 20 millones de lempiras y le investigaban por enriquecimiento ilícito. Esas y otras denuncias son constantes y hasta públicas. En el asesinato de jóvenes, las denuncias de policías activos presuntamente implicados, se estrellan ante un muro de impunidad y un enrarecido “espíritu de cuerpo”. Cuando fue destituido, el ex ministro Álvarez Guerrero había anunciado que enviaría dos leyes al poder Legislativo—que corrió a expresar su apoyo contundente—relacionada con poderes discrecionales para depurar y otra de extradición para el envío a Estados Unidos de narcotraficantes que fueran capturados o que operan en territorio nacional. Óscar Álvarez fue removido del cargo y según el poder Ejecutivo la mecida obedeció a que “no hubo resultados” en el combate a la inseguridad. Pero Álvarez, ironizó con una frase lapidaria: “es más fácil que se destituya a un ministro, que a un policía corrupto en Honduras”. No obstante, en el tema de la depuración, Óscar Álvarez quedó en deuda con la ciudadanía porque ni en su primera gestión al frente de la Secretaría de Seguridad, ni en la segunda edición de la película, el filme pudo presentar el capítulo de la depuración y la limpieza de la corrupción.

La “enfermedad” policial Al margen de los detalles, un hecho es indubitable en el país: algo huele mal en la policía y parafraseando al extinto Elí Zúniga, “entre más se apriete (a la policía) más pus sale”. Aunque hace 18 años, la ola de criminalidad y feroz violencia en el país no apunta a las frías estadísticas de ahora: 20 asesinatos diarios, los protagonistas siguen siendo los mismos: una policía enferma, que amerita de una urgente operación quirúrgica antes de que devore a la misma entraña estatal que la creó y con ella a toda la sociedad. El caso de los jóvenes Pineda y Vargas Castellanos, ha llenado de indignación a todo un país, en las redes sociales se habla de “hacer algo” y desde la comunidad universitaria una cosa es clara desde sus autoridades, sus docentes, empleados y alumnos: “vamos a llegar hasta el final, no más impunidad”. La UNAH puede ser la fuerza que catapulte los nuevos cambios que amerita el país en materia de seguridad. De momento, el presidente Lobo, anunciado un nuevo operativo de seguridad, denominado “Relámpago”. No obstante, en medio de este “relámpago”, la medianoche del miércoles, cuatro policías preventivos fueron asesinados, mientras cobra fuerza la tesis de que a lo interno de la Secretaría de Seguridad, policías usan sus licencias para matar. ¿Llegó la hora de depurar? Tomado de: http://www.proceso.hn/2011/10/27/Reportajes/Dieciocho.a.C/43980.html       CORTESIA VOS EL SOBERANO