Peligrosa política educativa " Anarella Vélez "

“La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos”.- Francis Bacon

Las respuestas del gobierno –por acción u omisión– a la crisis social son cada vez más peligrosas. Una de las caras más dolorosas de la época post-golpe es la violencia desatada en contra de los jóvenes y los maestros. Constituye una de las transgresiones a los derechos humanos más grave y responde a una concepción de sociedad antidemocrática y neofascista del sistema social. Estamos frente a un proceso que busca doblegar a la juventud y a los docentes a través de los ataques a la vida misma como a través de medidas administrativas encaminadas a la privatización de la educación. Se ponen en marcha políticas que desconocen el estatuto del derecho como norma universal, válida para todas y todos. Se desentienden del principio según el cual la educación es un derecho que garantiza el que todas y todos participemos en libertad en la esfera de lo público. El sistema internacional de naciones como las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos conciben la educación pública como un bien social y político para lograr la equidad. El pueblo hondureño organizado ha entendido que la violencia en Honduras, recrudecida tras la toma de posesión de Lobo Sosa, responde a la imposición de un plan de nación que sólo satisface a los intereses de una minoría. Entre el 2009 y lo que va del 2011 han sido asesinadas más de doscientas personas menores de 23 años. Entre ellos se encuentra estudiantes que se manifestaban a favor de una educación gratuita y laica integralmente. Entre ellos se encuentra el caso de Nahúm Guerra, de 17 años, estudiante de la Escuela Agrícola Pompilio Ortega, de Macuelizo, Santa Bárbara, fue asesinado el 22 de agosto. Se encontraba con sus compañeros cuidando el colegio que había sido tomado para denunciar el velado proyecto de privatización de la educación. En ese mismo período han sido asesinados más de veinte miembras/os de la comunidad de docentes de educación media, entre ellos Roger Abraham Vallejo Serrano, Martín Florencio Rivera Barrientos, José Manuel Flores Arguijo, Ilse Velásquez y, más recientemente, Dunia Suyapa Sánchez Zapata, Juan de Dios Palencia. Todas y todos identificados con la defensa de la educación pública y en su mayoría formaban parte del FNRP. No está de más señalar que todos estos crímenes se encuentran en la impunidad. En consonancia con los intereses más conservadores de la sociedad hondureña, la cúpula empresarial hondureña se ha pronunciado a favor de que los maestros de educación media sean formados por el sistema privado y que el nivel de Educación Superior sea dirigido por una Comisión Nacional de Educación Superior independiente de toda Universidad pública, en contra de nuestro texto constitucional que establece que el Nivel debe ser dirigido por la UNAH. Esta posición coincide – ¿curiosamente?– con la nueva Ley de Educación Superior que promueve el Congreso Nacional. Una ley de educación debe proponer transformaciones reales de las estructuras sociales para que genere cambios contundentes. Sin embargo, es necesario tener presente que la educación no es substituta de la transformación social per se. Los problemas de la injusticia y la inequidad no se resuelven sólo con un cambio de ley. Asimismo es importante señalar que la intención de comercializar la educación –clara para toda la ciudadanía– constituye un golpe a la autonomía universitaria y para el nivel medio. Que tales medidas vendrán a profundizar la injusta distribución de bienes y contribuirá a concentrar los recursos, los ingresos y el conocimiento en las manos de los pocos que detentan el poder en nuestro país. Como ya se ha advertido, la Educación estatal, en todos sus niveles, debe ser custodiada por lo que es, un derecho inalienable del pueblo. Su defensa debe entenderse como condición sine qua non de su potenciación, su protección es, a no dudarlo, un compromiso cívico.