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viernes, 30 de septiembre de 2011

LA GUERRA QUE VIENE, documento completo


LA GUERRA QUE VIENE
(La Colombianización de Honduras)
TOMAS ANDINO  MENCIA,
miembro del FNRP

La muerte de nuestros queridos compañeros Jerónimo y Emo Sadloo, símbolos de la lucha contra la dictadura, y ahora la reciente ofensiva del Operativo “Xatruch II” en la región del Valle del Aguán, han sacudido a la Resistencia hondureña. De igual manera el retiro de Oscar Álvarez y de la cúpula policial ha sacudido al gobierno de Porfirio Lobo.
Muchas interrogantes se han levantado a partir de estos y otros hechos similares, en busca de entender hacia dónde camina Honduras.
Este escrito pretende hacer un aporte para tener una comprensión global de la coyuntura actual y de su tendencia futura, para que podamos estar preparados con mejores estrategias.
Mi tesis principal es que en Honduras estamos viviendo la profundización de un modelo de dominación basado en el terrorismo de estado al estilo Colombia y México, caracterizado por la creciente militarización de nuestra sociedad y por una mayor intervención de las fuerzas militares norteamericanas, que conducirá a Honduras a una vorágine de violencia aún superior en el contexto de una guerra contra la “subversión” y el “narcotráfico”, cuyos contornos comienzan a verse en el horizonte.
Es a esto que llamamos la “colombianización” de Honduras.
He dividido la exposición en tres partes. En la primera hacemos un rápido repaso a lo que pasa en Colombia y México, países donde esta estrategia se modela; en la segunda parte analizamos los antecedentes inmediatos de esta estrategia en Centroamérica, particularmente sobre la “Guerra contra las Maras”; y en la tercera, analizo la situación actual, los retos que plantea para el Pueblo hondureño y algunos lineamientos de estrategia que podrían servir frente  a ese escenario.





PRIMERA PARTE
LA EXPERIENCIA COLOMBIANA Y MEXICANA
El Plan Colombia
En Colombia existe un viejo conflicto político militar entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más fuerte de las organizaciones guerrilleras de ese país, y el estado burgués colombiano. Este movimiento insurgente ha sobrevivido por décadas a las embestidas militares apoyadas por Estados Unidos, gracias a su base de apoyo en el campesinado y a su elevada capacidad estratégica.
En el año 1999, el gobierno del Presidente Pastrana pactó con el presidente norteamericano Bill Clinton un plan de cooperación denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, conocido como Plan Colombia. Este fue presentado inicialmente como un plan de desarrollo del Estado de Derecho colombiano que canalizaría recursos de la cooperación externa hacia el fortalecimiento de una sociedad democrática.
Pero la intención era otra. El plan de Estados Unidos era fortalecer a las Fuerzas Militares en su lucha contra las FARC, dado que este movimiento armado se fortalecía en lugar de debilitarse. Otro motivo de preocupación para los Estados Unidos fue el triunfo de gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998.
De ahí que el Plan Colombia nunca fue una iniciativa para fortalecer la democracia colombiana, sino una operación político-militar del imperio para tender un cerco a la guerrilla de las FARC y de otros movimientos insurgentes, y para ejercer presión sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos.
El Plan incluye la presencia directa de centenares de “asesores” militares norteamericanos, el apoyo con servicios de inteligencia, la venta masiva de equipo bélico y entrenamiento a los militares colombianos, al costo aproximado de siete mil millones de dólares en los últimos diez años.
El estado colombiano “justifica” la militarización asegurando que es necesaria en la guerra contra el narcotráfico. De igual manera, Estados Unidos justifica su apoyo al Plan Colombia con el pretexto de ayudar al gobierno colombiano en su lucha contra las drogas, para lo cual hacen una campaña presentando a las FARC como “narco terroristas”.
La realidad es que con el Plan Colombia, la producción de droga aumentó en lugar de disminuir. John Walters, Director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, brinda información que es resumida en el siguiente gráfico [1]
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Fuente: Elaboración propia en base a: Walters, John, citado en: lacocalocacompany.blogcindario.com, edición del abril 2008
Para Mark Schneider, vicepresidente del International Crisis Group, el Plan Colombia es un fracaso. "No redujo los cultivos, no bajó la producción, ni detiene la venta en los mercados. En 1999 se cultivaba hoja de coca en nueve departamentos colombianos, las fumigaciones han esparcido las siembras a 23 departamentos"[2].
Es obvio que el Plan Colombia no ha servido para frenar el narcotráfico. ¿Entonces para qué ha servido? Ha servido para intentar debilitar a las organizaciones revolucionarias colombianas, presionar a los gobiernos de izquierda de Suramérica y mantener oprimido al movimiento obrero y campesino colombiano.
En los últimos años, la acción combinada del ejército colombiano y del apoyo norteamericano en el marco del Plan Colombia y de su sucesor el Plan Patriota, tuvo como resultado importantes golpes militares a las FARC[3], pese a lo cual esta organización sigue activa, así como el “ablandamiento” del gobierno de Hugo Chávez quien ahora colabora con el gobierno de Manuel Santos en la represión a la organización guerrillera[4], y, por otro lado, ha logrado la más brutal represión del movimiento obrero y campesino colombiano.
Colombia es hoy el país donde se asesinan más sindicalistas en el mundo[5] y es el segundo país donde hay más desplazados en su propio territorio[6]. En total han sido desaparecidas 62 mil personas, de las cuales 38 mil ocurrieron entre 2007 y 2009.[7]
Además de lo anterior, el Plan Colombia entró en 2010 en una nueva fase: la intervención militar directa de Estados Unidos. Un pacto hecho con el Presidente Obama en 2010, incluyó el establecimiento de siete bases militares estadounidenses que le permitirán intervenir en cualquier lugar de América del Sur.[8]
Eso significa que el combate a las drogas es solo una excusa para salirse con sus intereses geo estratégicos en la región.
La “Guerra contra el Narco” y la “Iniciativa Mérida” en México
El modelo del Plan Colombia fue posteriormente ensayado en México a partir de 2006 en la llamada “Guerra contra el Narco”.
Debe recordarse que México estaba en ebullición política desde la insurrección zapatista de 1994 y que sufrió una crisis de dominación a partir de 2006 cuando el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, se impuso mediante un escandaloso fraude electoral al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. La mayoría del pueblo mexicano se levantó en una insurrección pacífica en 2006 saliendo por millones a las calles contra el gobierno fraudulento, de manera similar al levantamiento popular que hemos tenido en Honduras en respuesta al Golpe de Estado.
Para contrarrestar esa crisis política, el gobierno de Felipe Calderón y los estrategas norteamericanos diseñaron un escenario de “Shock”[9] ; esto quiere decir un escenario en el que, mediante una serie de acontecimientos traumáticos, se induce a la población a un estado de máxima alerta contra una supuesta amenaza, con el efecto de disminuir su atención a otros temas. En ese estado de “shock” la población se vuelve dócil ante el poder del Estado para aceptar un trato que en condiciones normales no permitiría. Es la misma estrategia que ha aplicado George Bush desde el 11 de septiembre 2011, para hacer aprobar leyes autoritarias que contradicen la tradición de respeto a los derechos civiles hasta entonces existente en los Estados Unidos.
Estudiosos han demostrado que ninguno de los argumentos esgrimidos por Calderón para justificar la “Guerra contra el Narco” estaba sustentado en la realidad.[10] De todos modos, la “Guerra” fue impuesta.
Los objetivos del gobierno mexicano han sido introducir el autoritarismo militar-policial en la vida cotidiana de los y las mexicanas, colocar en segundo plano la demanda social, criminalizar la protesta social y cerrar el conflicto político desatado con López Obrador. Por su parte los Estados Unidos buscan fortalecer sus nexos con el ejército mexicano y crear una situación que justifique su creciente intervención militar directa, incluida la instalación de bases militares en ese país.
La estrategia del gobierno fraudulento de Calderón fue aprovechar las disputas que los distintos cárteles del narcotráfico tienen por el mercado de la droga en Estados Unidos, exacerbándolas e interviniendo con una masiva presencia militar supuestamente para eliminar su poder. De esa forma Calderón le declaró la guerra a los narcos, arrastrando a toda la nación a un conflicto en donde los gringos ponen los dólares y los mexicanos y mexicanas los muertos.
En 2008 el gobierno de Felipe Calderón pactó con el Presidente George Bush la denominada “Iniciativa Mérida” que contempla un plan de apoyo al ejército mexicano en su campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, a un costo de 1,600 millones de dólares en tres años (2008-2010). Además de México, este proyecto abarca también a Centroamérica, República Dominicana y Haití que recibirían una porción de esa cantidad, como veremos más adelante.
Estados Unidos ha donado una gran cantidad de equipamiento militar al ejército mexicano,[11] y este ha realizado miles de operativos contra los carteles de la droga. La reacción de los narcos ha sido espantosa. En cinco años (2006-2011) se cuentan alrededor de 35 mil personas asesinadas por ambos bandos, 20,000 desaparecidos y un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia (en dos distritos de Chihuahua, por ejemplo, bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio); son cientos los decapitados, descuartizados, quemados en ácido y enterrados en fosas comunes; asimismo muchos centroamericanos migrantes han muerto en decenas de masacres, como la reciente ocurrida en Tamaulipas, donde murieron decenas de hondureños y hondureñas[12]. La “Guerra contra el Narco” ha tenido efectos devastadores sobre el tejido social mexicano, disparando los niveles de inseguridad como pocas veces ha vivido ese país desde la guerra civil del siglo pasado.
Pese a ese costo, el Plan Mérida ha fracasado en su objetivo declarado de la lucha contra la droga. La provocación a los carteles de la droga derivo en una violencia aún mayor que la que supuestamente se quiso evitar, a la vez que se expandió a todo el país. 
Lo reconocen los mismos norteamericanos: “La forma de seguir adelante no es la Iniciativa Mérida…ha fracasado en colocar fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas para asegurar el uso exitoso de estos fondos… Y mientras tanto los carteles de la droga han continuado trabajando a partir de una estrategia coordinada para minar al Estado Mexicano a través de acciones insurgentes que incluyen violencia, corrupción y propaganda… Desde 2006, los cárteles de la droga han evolucionado hacia una forma de organización más resistente, más diversificada y más transnacional”, ha dicho Connie Mack, representante republicano ante la Cámara de Representantes por el Estado de Florida.[13] Por ello los republicanos abogan ahora por una política más “agresiva”, léase intervencionista.
Ese fracaso no impide a la oligarquía mexicana y a los Estados Unidos tener importantes beneficios de orden político, económico y militares. Estos son los efectos no declarados, ocultados por el gobierno mexicano:
a) México, país orgulloso por su formalidad democrática, ha visto reducidas sus libertades públicas, tanto por el temor del público a la violencia, como por la introducción de reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social;[14]
b) han aumentado, como pocas veces en su historia, los casos de violaciones a los derechos humanos (se contabilizan 6,518 quejas por violar derechos humanos contra la SEDENA y la Policía Federal)[15];
c) se criminaliza a los defensores de derechos humanos y muchos de estos han sido ejecutados extrajudicialmente; 
d) ha aumentado la represión al movimiento obrero y campesino mexicano y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades zapatistas del Sur de México;
e) se utiliza de la “Guerra contra el Narco” como un mercado en beneficio de la industria armamentista de Estados Unidos (por ejemplo, el 85% de las 104 mil armas decomisadas a narcotraficantes fueron vendidas en tiendas de Estados Unidos).[16]
Estos efectos han sido muy convenientes a la oligarquía mexicana y a la industria militar norteamericana y en eso el Plan Mérida no ha fracasado, desde el punto de vista de sus intereses. Más bien, existen indicios de que la continuación del narcotráfico y la sangrienta guerra contra este son convenientes a los sectores de poder por lo que podrían estarlo fomentando para tener logros aún mayores. Existen evidencias sobre la entrega clandestina de armas de parte de autoridades de Estados Unidos a bandas de narcotraficantes, como fue revelado en el escandaloso caso “Rápido  y Furioso”[17]. Incluso existen investigaciones que responsabilizan al gobierno de Calderón de favorecer al Cartel de Sinaloa en su guerra contra los otros carteles[18] acusación que también extienden a la DEA y al FBI[19], como una forma de prolongar el conflicto.
Las lágrimas de cocodrilo de los republicanos que se lamentan de los pocos resultados del Plan Mérida, no se deben a que les preocupe la salud de los jóvenes drogadictos de su país, sino que es un discurso para justificar el paso a una etapa superior de su intervencionismo. De hecho, se comienzan a dar denuncias sobre la construcción de una base militar norteamericana en Puebla[20].
Como bien ha dicho el Sub Comandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, "¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas body bags y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?"[21]
La Doble moral de la lucha contra las drogas
En ambos casos existe una doble moral sobre el tema de las drogas de parte de Estados Unidos y de los gobiernos colombiano y mexicano.  Esa ambivalencia no es nueva. En los años 80s quedó en evidencia la hipocresía del discurso anti narco con  el escándalo Irán-Contras, el cual reveló que muchas operaciones encubiertas de la CIA incluían el fomento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos para financiar a sus aliados anti-sandinistas (ver recuadro). Conducta que ha sido común en otras regiones donde los norteamericanos han intervenido, como también sucedió y sigue sucediendo en Afganistán[22]. Cuadro de texto: La CIA aliada de los Narcos

“De 1984 a 1986, la agencia de espionaje (la CIA) arregló de 50 a 100 vuelos de aviones del Cartel de Medellín a terminales aeroportuarias norteamericanas, sin que fueran inspeccionados por el Servicio de Aduanas de ese país, como parte de un acuerdo de la CIA y los colombianos, según se asienta en un informe de 410 páginas del inspector general de la CIA en esa época, Frederick Hitz, recientemente desclasificado. La Península y varios países de Centroamérica se convirtieron entonces en puntos importantes para el transbordo de la droga procedente de Sudamérica, tanto por vía aérea como marítima. Según los documentos desclasificados, su proximidad geográfica a los países productores y a Estados Unidos convirtió a la Península en `una ruta natural para el transporte de drogas`. Los millares de kilómetros de costas sin vigilancia, pistas de aterrizaje clandestinas y las fronteras, sin vigilancia, facilitaron la operación. En esa época los cargamentos de cocaína iban de la Península a Georgia, Luisiana, Texas, Colorado y Nueva York. 
Los colombianos que usaban la ruta de la Península controlaban flotas de aviones pequeños, muchos con comunicaciones complejas. (…) La cantidad de cocaína transportada a Estados Unidos a través de la Península de Yucatán levantó la ambición de otros grupos antisandinistas, como el encabezado por el líder de la resistencia misquita Steadman Fagoth. 
Esta información aparece en el informe `Report of Investigation` del Inspector General de la CIA, Frederick Hitz, sobre el caso `Irán-Contras`, volumen I, páginas 187 a 288.- H.C.C. ”. 
(Disponible en:  http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/2887
Conclusiones de la 1ª parte:
Algunas conclusiones de los casos colombiano y mexicano son:
1.    Ambas experiencias indican que los Estados Unidos desarrolla estrategias para contrarrestar movimientos de insurgencia armada (como las FARC en Colombia) y de insurrección pacífica (como la convocada por López Obrador en México) fortaleciendo las Fuerzas militares y policiales en esos países mediante la inyección multimillonaria de recursos, lo que a su vez beneficia su industria armamentista.

2.    La lucha “anti drogas” sirve a los Estados Unidos como una cobertura política para justificar la militarización de las sociedades, aunque en realidad se trata de un pretexto con el que encubre sus verdaderos objetivos geo políticos, económicos y militares; éstos son apuntalar a regímenes opresores que están en crisis, combatir la insurgencia armada o pacífica, presionar a gobiernos progresistas, generar una mayor dependencia de su “ayuda” militar, abrir mercado para sus armas,  posicionarse estratégicamente con personal “asesor” o combatiente, e incluso establecer bases militares en territorio local para para realizar sus objetivos de fondo, así tenga que eventualmente fomentar el narcotráfico.

3.    La política militarista es aplicada por los gobiernos locales con sus propios objetivos de consolidación política, con el efecto de fortalecer los rasgos más autoritarios y fascistas de sus Estados, dándole poderes omnímodos a sus cuerpos armados con el apoyo de los norteamericanos.

4.    El costo para la población de estas políticas militaristas y autoritarias es el sacrificio de miles de vidas, la violación masiva de derechos humanos, la implantación de la violencia extrema en la cotidianidad, el cercenamiento de libertades y derechos ciudadanos y el desarrollo de tendencias autoritarias desde sus gobiernos.





SEGUNDA PARTE:
PANDILLAS, NARCOS E INICIATIVA C.A.R.S.I. EN CENTROAMERICA
Un modelo similar al colombiano-mexicano fue aplicado en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) entre los años 2002-2010, salvo que en el caso centroamericano el “enemigo público” contra quien se declaró la “guerra” fueron las maras o pandillas juveniles y no los narcotraficantes. Esta política contó con el decidido apoyo de los Estados Unidos a través de la Iniciativa “CARSI”.
Periodo de la “Guerra a las Maras” en CA (2001 – 2010)
Como es sabido, los tres mencionados países sufrieron desde fines de la década de los 90s un fenómeno de violencia juvenil protagonizada por las pandillas o “maras”.
Las raíces del fenómeno de las maras son de orden social, entre otros factores causado por la falta de atención al segmento adolescente y juvenil de nuestras sociedades. Como es lógico eso amerita un tratamiento también social. Pero los Estados burgueses centroamericanos, acostumbrados a arreglar de forma violenta sus conflictos con los sectores populares, le dieron una “solución” represiva.
Desde el año 2002 se ejecutaron masivos operativos anti pandillas en los tres países centroamericanos (“Plan Libertad Azul” en Honduras, “Plan Escoba” en Guatemala, “Plan Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en El Salvador); también se endurecieron las legislaciones penales y se produjo una ola de discriminación y una cacería de brujas contra todo joven tatuado, que dejó un saldo de decenas de miles de jóvenes detenidos, asesinados y exiliados.
En El Salvador fueron encarcelados en ese período más de 12 mil jóvenes con los Planes “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”; mientras que en Honduras se detuvieron casi 6 mil jóvenes entre 2003 y 2005 con la política de “Cero Tolerancia”.[23]
La violencia llegó a tal extremo, que los sectores anti pandillas más radicalizados desde entonces utilizan escuadrones de exterminio contra los presuntos mareros. Sus masacres gozan de total impunidad en los gobiernos. En Honduras, la curva de la muerte  puede apreciarse en el siguiente gráfico.



GRAFICO No. 2
NIÑOS(AS) Y JOVENES MENORES DE 23 AÑOS ASESINADOS POR EJECUCION ARBITRARIA (1998-2009)
Fuente; INTERPEACE, “Entornos Violentos. Contexto en el que crece la juventud hondureña”, Agosto 2011. Pág. 42
Esta tendencia se incrementó después del Golpe de Estado de 2009 en Honduras. La Plataforma de Derechos de la Niñez y la Juventud denuncio que durante el régimen de facto de Roberto Micheletti se incrementó la tasa de ejecuciones arbitrarias de jóvenes en más del 60%, pasando de 40 ejecuciones mensuales, como promedio, a 65 ejecuciones mensuales en los siete meses de la dictadura golpista.[24] A junio 2011 han sido asesinados por escuadrones de exterminio más de 6700 jóvenes en Honduras desde el año 1998. Estas cifras indican que en nuestro país se practica un verdadero genocidio contra la juventud marginal involucrada en estos grupos.
Sin embargo, los resultados de este genocidio han sido un total fracaso en el declarado propósito de frenar la criminalidad. Año tras año la violencia se incrementa en lugar de disminuir en los tres países centroamericanos.  En El Salvador el número de homicidios por cada cien mil habitantes (h/cmh) pasó de 32 h/cmh en 2002 a 56 hc/cmh en 2008; en Guatemala pasó de 34.1 h/cmh en 2002 a 46 h/cmh en 2009; y en Honduras pasó de 46 h/cmh e 2004 a 66 hcmh en 2009… y sigue aumentando[25]; en Honduras por ejemplo, se prevé que el año 2011 terminara con una tasa de 86 h/cmh, cuando la media mundial es de 9 h/cmh.
GRAFICO No. 3
MUERTES TOTALES Y HOMICIDIOS EN HONDURAS, POR AÑO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Observatorio de Violencia de la UNAH (varios años).

El gráfico 3 muestra el caso de Honduras, en donde los niveles de criminalidad crecen como la espuma, casi duplicándose del año 2004 al 2009.
Esto indica que, si bien es cierto las “maras” son grupos violentos, la práctica demuestra que nunca fueron los principales causantes de tanta violencia homicida. Otros estudios del UNICEF y del mismo Ministerio Publico, por supuesto conocidos por las autoridades policiales, llegaban a la misma conclusión.[26] 
Por tanto, los cuerpos policiales sobredimensionaron conscientemente las cifras[27] para hacer aparecer el fenómeno social de las maras como un problema de seguridad nacional, creando en la consciencia colectiva un “enemigo público” de imagen demoniaca, que amenazaba la existencia de la sociedad y contra el cual había que actuar sin piedad.
El apoyo gringo a la “solución” represiva: El CARSI
En ese contexto surgió la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (“CARSI” por sus siglas en inglés), parte de la Iniciativa Mérida para Centroamérica, con el objetivo declarado de fortalecer la institucionalidad policial-militar en la región. En su primera etapa, la iniciativa CARSI contemplaba U$ 258 millones para Centroamérica y $ 32 millones para dos países caribeños (República Dominicana y Haití). La institución más favorecida fue la policía y el tema principal fue la lucha contra las maras. En los últimos tres años, América Central recibió 490 millones de dólares en cooperación internacional para seguridad y lucha contra el crimen.
La misma Hillary Clinton en persona asiste a las cumbres regionales donde se toca el tema del CARSI. Esta iniciativa es justificada por el gobierno norteamericano ante sus contribuyentes diciendo que va dirigida a combatir el narcotráfico y las pandillas.
Sin embargo, es irrisorio que algunos de los más importantes funcionarios norteamericanos saben perfectamente que sus “justificaciones” no tienen sustento en la realidad:
“Aunque por el momento no existen indicios de esa situación (se refiere al vínculo pandillas y crimen organizado,.- NDRL), representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) creen necesario que el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) pueda extenderse hacia Guatemala y Honduras para reforzar la lucha contra las pandillas en la región.
Kenneth Kaiser es el subdirector de Investigación Criminal del FBI y asiste a la Quinta Cumbre Antipandillas que se celebra durante tres días en un hotel de playa de Sonsonate. Sostiene que por el momento no se ha logrado establecer algún tipo de relación entre los narcos mexicanos y los pandilleros en la región. "Siempre tenemos esa preocupación pero tenemos una excelente relación con la Policía de El Salvador y tenemos en funciones el CAT, pero a pesar de que esta preocupación existe no vemos que pueda suceder en estos momentos", dijo Kaiser. Los únicos vínculos confirmados entre miembros de pandillas y narcotraficantes se han dado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. (Subrayados es nuestro)[28]
En otras palabras, aunque no tenían una sólida evidencia que los respaldara, y cuando el mismo Ministro de Seguridad de Honduras aseguraba que ya tenía controlado el problema[29], los Estados Unidos decidieron sumarse a la “Guerra contra las Maras” y potenciarla.
Peor aún, sabiendo que la deportación de migrantes hondureños y hondureñas agrava el problema –pues el modelo de la mara extremadamente violenta proviene de una imitación del modelo californiano de pandilla juvenil—el gobierno norteamericano no ha cesado de deportar decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos pandilleros activos.
Es decir que Estados Unidos nos exporta el modelo y los jóvenes que fomentan las maras en Centroamérica y después traen sus dólares y sus armas para combatirlos.

Mano Dura contra los jóvenes y Mano Suave con los narcos
En Centroamérica el factor criminógeno de mayor crecimiento no son las maras sino el narcotráfico, aunque también es visible la inoperancia del Estado hondureño en combatirlo.
La producción de cocaína que se produce en Suramérica llegaba a las 587 toneladas métricas por año alrededor de 2004[30] y se ha llegado a afirmar que para el 2007 su producción llegaba a 1400 TM[31].. De ese total, pasa por las costas y fronteras de Honduras aproximadamente 100 TM de cocaína al año (cifra que podría quedarse corta), mismas que reportarían a las mafias ingresos entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales.
La actividad del Estado hondureño frente a este monstruo es insignificante.
CUADRO No.1
DROGA CIRCULANTE Y DROGA INCAUTADA EN HONDURAS, POR AÑO

AÑO
1996*
1999*
2000*
2001*
2002*
2003**
2004**
2005**
2006**
2007**
Kg droga que transita (estimación)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Kg droga incautada
3,300
715
1139
182
76
5,500
5,500
290
3,400
1,600

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