LA GUERRA QUE VIENE
(La Colombianización de Honduras)
TOMAS ANDINO MENCIA,
miembro del FNRP
La
muerte de nuestros queridos compañeros Jerónimo y Emo Sadloo, símbolos de la
lucha contra la dictadura, y ahora la reciente ofensiva del Operativo “Xatruch
II” en la región del Valle del Aguán, han sacudido a la Resistencia hondureña.
De igual manera el retiro de Oscar Álvarez y de la cúpula policial ha sacudido
al gobierno de Porfirio Lobo.
Muchas
interrogantes se han levantado a partir de estos y otros hechos similares, en
busca de entender hacia dónde camina Honduras.
Este
escrito pretende hacer un aporte para tener una comprensión global de la
coyuntura actual y de su tendencia futura, para que podamos estar preparados
con mejores estrategias.
Mi
tesis principal es que en Honduras estamos viviendo la profundización de un
modelo de dominación basado en el terrorismo de estado al estilo Colombia y
México, caracterizado por la creciente militarización de nuestra sociedad y por
una mayor intervención de las fuerzas militares norteamericanas, que conducirá
a Honduras a una vorágine de violencia aún superior en el contexto de una
guerra contra la “subversión” y el “narcotráfico”, cuyos contornos comienzan a
verse en el horizonte.
Es
a esto que llamamos la “colombianización” de Honduras.
He
dividido la exposición en tres partes. En la primera hacemos un rápido repaso a
lo que pasa en Colombia y México, países donde esta estrategia se modela; en la
segunda parte analizamos los antecedentes inmediatos de esta estrategia en
Centroamérica, particularmente sobre la “Guerra contra las Maras”; y en la
tercera, analizo la situación actual, los retos que plantea para el Pueblo
hondureño y algunos lineamientos de estrategia que podrían servir frente a ese escenario.
PRIMERA
PARTE
LA
EXPERIENCIA COLOMBIANA Y MEXICANA
El
Plan Colombia
En
Colombia existe un viejo conflicto político militar entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), la más fuerte de las organizaciones
guerrilleras de ese país, y el estado burgués colombiano. Este movimiento
insurgente ha sobrevivido por décadas a las embestidas militares apoyadas por
Estados Unidos, gracias a su base de apoyo en el campesinado y a su elevada
capacidad estratégica.
En
el año 1999, el gobierno del Presidente Pastrana pactó con el presidente
norteamericano Bill Clinton un plan de cooperación denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el
Fortalecimiento del Estado”, conocido como Plan
Colombia. Este fue presentado inicialmente como un plan de desarrollo del Estado de Derecho colombiano
que canalizaría recursos de la cooperación externa hacia el fortalecimiento de
una sociedad democrática.
Pero la intención era
otra. El plan de Estados Unidos era fortalecer a las Fuerzas Militares en su
lucha contra las FARC, dado que este movimiento armado se fortalecía en lugar
de debilitarse. Otro motivo de preocupación para los Estados Unidos fue el
triunfo de gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur desde el
ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998.
De ahí que el Plan
Colombia nunca fue una iniciativa para fortalecer la democracia colombiana,
sino una operación político-militar del imperio para tender un cerco a la
guerrilla de las FARC y de otros movimientos insurgentes, y para ejercer
presión sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos.
El Plan incluye la
presencia directa de centenares de “asesores” militares norteamericanos, el
apoyo con servicios de inteligencia, la venta masiva de equipo bélico y
entrenamiento a los militares colombianos, al costo aproximado de siete mil
millones de dólares en los últimos diez años.
El estado colombiano
“justifica” la militarización asegurando que es necesaria en la guerra contra
el narcotráfico. De igual manera, Estados Unidos justifica su apoyo al Plan
Colombia con el pretexto de ayudar al gobierno colombiano en su lucha
contra las drogas, para lo cual hacen una campaña presentando a las FARC como
“narco terroristas”.
La realidad es que con el
Plan Colombia, la producción de droga aumentó en lugar de disminuir. John Walters, Director de
la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, brinda información que es
resumida en el siguiente gráfico [1]
é
Fuente:
Elaboración propia en base a: Walters, John, citado en: lacocalocacompany.blogcindario.com,
edición del abril 2008
Para Mark Schneider, vicepresidente del
International Crisis Group, el Plan Colombia es un fracaso. "No
redujo los cultivos, no bajó la producción, ni detiene la venta en los
mercados. En 1999 se cultivaba hoja de coca en nueve departamentos colombianos,
las fumigaciones han esparcido las siembras a 23 departamentos"[2].
Es obvio que el Plan Colombia no ha servido
para frenar el narcotráfico. ¿Entonces para qué ha servido? Ha servido para
intentar debilitar a las organizaciones revolucionarias
colombianas, presionar a los gobiernos de izquierda de Suramérica y mantener
oprimido al movimiento obrero y campesino colombiano.
En los últimos años, la
acción combinada del ejército colombiano y del apoyo norteamericano en el marco
del Plan Colombia y de su sucesor el Plan Patriota, tuvo como
resultado importantes golpes militares a las FARC[3],
pese a lo cual esta organización sigue activa, así como el “ablandamiento” del
gobierno de Hugo Chávez quien ahora colabora con el gobierno de Manuel Santos
en la represión a la organización guerrillera[4],
y, por otro lado, ha logrado la más brutal represión del movimiento obrero y
campesino colombiano.
Colombia es hoy el país
donde se asesinan más sindicalistas en el mundo[5] y es el segundo país donde hay más desplazados en su propio territorio[6]. En total han sido desaparecidas 62 mil personas, de las cuales 38 mil
ocurrieron entre 2007 y 2009.[7]
Además de lo anterior, el
Plan Colombia entró en 2010 en una nueva fase: la intervención militar directa
de Estados Unidos. Un pacto hecho con el Presidente Obama en 2010, incluyó el
establecimiento de siete bases militares estadounidenses que le permitirán
intervenir en cualquier lugar de América del Sur.[8]
Eso significa que el
combate a las drogas es solo una excusa para salirse con sus intereses geo
estratégicos en la región.
La
“Guerra contra el Narco” y la “Iniciativa Mérida” en México
El
modelo del Plan Colombia fue posteriormente ensayado en México a partir de 2006
en la llamada “Guerra contra el Narco”.
Debe
recordarse que México estaba en ebullición política desde la insurrección
zapatista de 1994 y que sufrió una crisis de dominación a partir de 2006 cuando
el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, se impuso mediante un
escandaloso fraude electoral al candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. La mayoría del pueblo mexicano
se levantó en una insurrección pacífica en 2006 saliendo por millones a las
calles contra el gobierno fraudulento, de manera similar al levantamiento
popular que hemos tenido en Honduras en respuesta al Golpe de Estado.
Para
contrarrestar esa crisis política, el gobierno de Felipe Calderón y los
estrategas norteamericanos diseñaron un escenario de “Shock”[9] ; esto
quiere decir un escenario en el que, mediante una serie de acontecimientos
traumáticos, se induce a la población a un estado de máxima alerta contra una
supuesta amenaza, con el efecto de disminuir su atención a otros temas. En ese
estado de “shock” la población se vuelve dócil ante el poder del Estado para
aceptar un trato que en condiciones normales no permitiría. Es la misma
estrategia que ha aplicado George Bush desde el 11 de septiembre 2011, para
hacer aprobar leyes autoritarias que contradicen la tradición de respeto a los
derechos civiles hasta entonces existente en los Estados Unidos.
Estudiosos
han demostrado que ninguno de los argumentos esgrimidos por Calderón para
justificar la “Guerra contra el Narco” estaba sustentado en la realidad.[10] De todos
modos, la “Guerra” fue impuesta.
Los
objetivos del gobierno mexicano han sido introducir el autoritarismo
militar-policial en la vida cotidiana de los y las mexicanas, colocar en
segundo plano la demanda social, criminalizar la protesta social y cerrar el
conflicto político desatado con López Obrador. Por su parte los Estados Unidos
buscan fortalecer sus nexos con el ejército mexicano y crear una situación que
justifique su creciente intervención militar directa, incluida la instalación
de bases militares en ese país.
La
estrategia del gobierno fraudulento de Calderón fue aprovechar las disputas que
los distintos cárteles del narcotráfico tienen por el mercado de la droga en
Estados Unidos, exacerbándolas e interviniendo con una masiva presencia militar
supuestamente para eliminar su poder. De esa forma Calderón le declaró la
guerra a los narcos, arrastrando a toda la nación a un conflicto en donde los
gringos ponen los dólares y los mexicanos y mexicanas los muertos.
En
2008 el gobierno de Felipe Calderón pactó con el Presidente George Bush la
denominada “Iniciativa Mérida” que
contempla un plan de apoyo al ejército mexicano en su campaña militar contra
las bandas de narcotraficantes, a un costo de 1,600 millones de dólares en tres
años (2008-2010). Además de México, este proyecto abarca también a
Centroamérica, República Dominicana y Haití que recibirían una porción de esa
cantidad, como veremos más adelante.
Estados
Unidos ha donado una gran cantidad de equipamiento militar al ejército
mexicano,[11] y este ha
realizado miles de operativos contra los carteles de la droga. La reacción de
los narcos ha sido espantosa. En cinco años (2006-2011) se cuentan alrededor de
35 mil personas asesinadas por ambos bandos, 20,000 desaparecidos y un número
indeterminado de desplazados forzados por la violencia (en dos distritos de
Chihuahua, por ejemplo, bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005
un 30 por ciento en promedio); son cientos los decapitados,
descuartizados, quemados en ácido y enterrados en fosas comunes; asimismo
muchos centroamericanos migrantes han muerto en decenas de masacres, como la
reciente ocurrida en Tamaulipas, donde murieron decenas de hondureños y
hondureñas[12]. La
“Guerra contra el Narco” ha tenido efectos devastadores sobre el tejido social
mexicano, disparando los niveles de inseguridad como pocas veces ha vivido ese
país desde la guerra civil del siglo pasado.
Pese
a ese costo, el Plan Mérida ha fracasado en su objetivo declarado de la lucha contra
la droga. La provocación a los carteles de la droga derivo en una violencia aún
mayor que la que supuestamente se quiso evitar, a la vez que se expandió a todo
el país.
Lo
reconocen los mismos norteamericanos: “La
forma de seguir adelante no es la Iniciativa Mérida…ha fracasado en colocar
fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas para asegurar el uso
exitoso de estos fondos… Y mientras tanto los carteles de la droga han
continuado trabajando a partir de una estrategia coordinada para minar al
Estado Mexicano a través de acciones insurgentes que incluyen violencia,
corrupción y propaganda… Desde 2006, los cárteles de la droga han evolucionado
hacia una forma de organización más resistente, más diversificada y más
transnacional”, ha dicho Connie Mack, representante republicano ante la
Cámara de Representantes por el Estado de Florida.[13]
Por ello los republicanos abogan ahora por una política más “agresiva”, léase
intervencionista.
Ese
fracaso no impide a la oligarquía mexicana y a los Estados Unidos tener
importantes beneficios de orden político, económico y militares. Estos son los
efectos no declarados, ocultados por el gobierno mexicano:
a)
México, país orgulloso por su formalidad democrática, ha visto reducidas sus
libertades públicas, tanto por el temor del público a la violencia, como por la
introducción de reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la
libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta
social;[14]
b)
han aumentado, como pocas veces en su historia, los casos de violaciones a los
derechos humanos (se contabilizan 6,518 quejas por violar derechos humanos
contra la SEDENA y la Policía Federal)[15];
c)
se criminaliza a los defensores de derechos humanos y muchos de estos han sido
ejecutados extrajudicialmente;
d)
ha aumentado la represión al movimiento obrero y campesino mexicano y el
incumplimiento de los acuerdos con las comunidades zapatistas del Sur de
México;
e)
se utiliza de la “Guerra contra el Narco” como un mercado en beneficio de la
industria armamentista de Estados Unidos (por ejemplo, el 85% de las 104 mil
armas decomisadas a narcotraficantes fueron vendidas en tiendas de Estados
Unidos).[16]
Estos
efectos han sido muy convenientes a la oligarquía mexicana y a la industria
militar norteamericana y en eso el Plan Mérida no ha fracasado, desde el punto
de vista de sus intereses. Más bien, existen indicios de que la continuación
del narcotráfico y la sangrienta guerra contra este son convenientes a los
sectores de poder por lo que podrían estarlo fomentando para tener logros aún
mayores. Existen evidencias sobre la entrega clandestina de armas de parte de
autoridades de Estados Unidos a bandas de narcotraficantes, como fue revelado
en el escandaloso caso “Rápido y
Furioso”[17]. Incluso
existen investigaciones que responsabilizan al gobierno de Calderón de
favorecer al Cartel de Sinaloa en su guerra contra los otros carteles[18] acusación
que también extienden a la DEA y al FBI[19],
como una forma de prolongar el conflicto.
Las
lágrimas de cocodrilo de los republicanos que se lamentan de los pocos
resultados del Plan Mérida, no se deben a que les preocupe la salud de los
jóvenes drogadictos de su país, sino que es un discurso para justificar el paso
a una etapa superior de su intervencionismo. De hecho, se comienzan a dar
denuncias sobre la construcción de una base militar norteamericana en Puebla[20].
Como
bien ha dicho el Sub Comandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional, "¿Qué mejor guerra para
los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las
incómodas body bags y los
lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y
Afganistán?"[21]
La
Doble moral de la lucha contra las drogas
En ambos casos existe una
doble moral sobre el tema de las drogas de parte de Estados Unidos y de los
gobiernos colombiano y mexicano. Esa
ambivalencia no es nueva. En los años 80s quedó en evidencia la hipocresía del
discurso anti narco con el escándalo
Irán-Contras, el cual reveló que muchas operaciones encubiertas de la CIA
incluían el fomento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos para financiar a
sus aliados anti-sandinistas (ver recuadro). Conducta que ha sido común en
otras regiones donde los norteamericanos han intervenido, como también sucedió
y sigue sucediendo en Afganistán[22].
Conclusiones de la 1ª
parte:
Algunas
conclusiones de los casos colombiano y mexicano son:
1. Ambas
experiencias indican que los Estados Unidos desarrolla estrategias para
contrarrestar movimientos de insurgencia armada (como las FARC en Colombia) y
de insurrección pacífica (como la convocada por López Obrador en México)
fortaleciendo las Fuerzas militares y policiales en esos países mediante la
inyección multimillonaria de recursos, lo que a su vez beneficia su industria
armamentista.
2. La
lucha “anti drogas” sirve a los Estados Unidos como una cobertura política para
justificar la militarización de las sociedades, aunque en realidad se trata de
un pretexto con el que encubre sus verdaderos objetivos geo políticos,
económicos y militares; éstos son apuntalar a regímenes opresores que están en
crisis, combatir la insurgencia armada o pacífica, presionar a gobiernos
progresistas, generar una mayor dependencia de su “ayuda” militar, abrir
mercado para sus armas, posicionarse
estratégicamente con personal “asesor” o combatiente, e incluso establecer
bases militares en territorio local para para realizar sus objetivos de fondo,
así tenga que eventualmente fomentar el narcotráfico.
3. La
política militarista es aplicada por los gobiernos locales con sus propios
objetivos de consolidación política, con el efecto de fortalecer los rasgos más
autoritarios y fascistas de sus Estados, dándole poderes omnímodos a sus
cuerpos armados con el apoyo de los norteamericanos.
4. El
costo para la población de estas políticas militaristas y autoritarias es el sacrificio
de miles de vidas, la violación masiva de derechos humanos, la implantación de
la violencia extrema en la cotidianidad, el cercenamiento de libertades y
derechos ciudadanos y el desarrollo de tendencias autoritarias desde sus
gobiernos.
SEGUNDA PARTE:
PANDILLAS, NARCOS E
INICIATIVA C.A.R.S.I. EN CENTROAMERICA
Un modelo
similar al colombiano-mexicano fue aplicado en el Triángulo Norte de
Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) entre los años 2002-2010,
salvo que en el caso centroamericano el “enemigo público” contra quien se
declaró la “guerra” fueron las maras
o pandillas juveniles y no los narcotraficantes. Esta política contó con el
decidido apoyo de los Estados Unidos a través de la Iniciativa “CARSI”.
Periodo de la “Guerra
a las Maras” en CA (2001 – 2010)
Como es
sabido, los tres mencionados países sufrieron desde fines de la década de los
90s un fenómeno de violencia juvenil protagonizada por las pandillas o “maras”.
Las raíces del
fenómeno de las maras son de orden social, entre otros factores causado por la
falta de atención al segmento adolescente y juvenil de nuestras sociedades.
Como es lógico eso amerita un tratamiento también social. Pero los Estados
burgueses centroamericanos, acostumbrados a arreglar de forma violenta sus
conflictos con los sectores populares, le dieron una “solución” represiva.
Desde el año
2002 se ejecutaron masivos operativos anti pandillas en los tres países centroamericanos
(“Plan Libertad Azul” en Honduras, “Plan Escoba” en Guatemala, “Plan Mano Dura”
y “Súper Mano Dura” en El Salvador); también se endurecieron las legislaciones
penales y se produjo una ola de discriminación y una cacería de brujas contra
todo joven tatuado, que dejó un saldo de decenas de miles de jóvenes detenidos,
asesinados y exiliados.
En El Salvador
fueron encarcelados en ese período más de 12 mil jóvenes con los Planes “Mano
Dura” y “Súper Mano Dura”; mientras que en Honduras se detuvieron casi 6 mil
jóvenes entre 2003 y 2005 con la política de “Cero Tolerancia”.[23]
La violencia
llegó a tal extremo, que los sectores anti pandillas más radicalizados desde
entonces utilizan escuadrones de exterminio contra los presuntos mareros. Sus
masacres gozan de total impunidad en los gobiernos. En Honduras, la curva de la
muerte puede apreciarse en el siguiente
gráfico.
GRAFICO No. 2
NIÑOS(AS) Y JOVENES MENORES DE 23 AÑOS
ASESINADOS POR EJECUCION ARBITRARIA (1998-2009)
Fuente; INTERPEACE, “Entornos Violentos. Contexto en el que
crece la juventud hondureña”, Agosto 2011. Pág. 42
Esta tendencia se incrementó después del Golpe de
Estado de 2009 en Honduras. La Plataforma de Derechos de la Niñez y la Juventud
denuncio que durante el régimen de facto de Roberto Micheletti se incrementó la
tasa de ejecuciones arbitrarias de jóvenes en más del 60%, pasando de 40
ejecuciones mensuales, como promedio, a 65 ejecuciones mensuales en los siete
meses de la dictadura golpista.[24] A
junio 2011 han sido asesinados por escuadrones de exterminio más de 6700
jóvenes en Honduras desde el año 1998. Estas cifras indican que en nuestro país
se practica un verdadero genocidio contra la juventud marginal involucrada en
estos grupos.
Sin embargo,
los resultados de este genocidio han sido un total fracaso en el declarado
propósito de frenar la criminalidad. Año tras año la violencia se incrementa en
lugar de disminuir en los tres países centroamericanos. En El Salvador el número de homicidios por
cada cien mil habitantes (h/cmh) pasó de 32 h/cmh en 2002 a 56 hc/cmh en 2008;
en Guatemala pasó de 34.1 h/cmh en 2002 a 46 h/cmh en 2009; y en Honduras pasó
de 46 h/cmh e 2004 a 66 hcmh en 2009… y sigue aumentando[25];
en Honduras por ejemplo, se prevé que el año 2011 terminara con una tasa de 86
h/cmh, cuando la media mundial es de 9 h/cmh.
GRAFICO No. 3
MUERTES
TOTALES Y HOMICIDIOS EN HONDURAS, POR AÑO
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Observatorio de Violencia de
la UNAH (varios años).
El gráfico 3
muestra el caso de Honduras, en donde los niveles de criminalidad crecen como
la espuma, casi duplicándose del año 2004 al 2009.
Esto indica
que, si bien es cierto las “maras” son grupos violentos, la práctica demuestra
que nunca fueron los principales causantes de tanta violencia homicida. Otros
estudios del UNICEF y del mismo Ministerio Publico, por supuesto conocidos por
las autoridades policiales, llegaban a la misma conclusión.[26]
Por tanto, los
cuerpos policiales sobredimensionaron conscientemente las cifras[27]
para hacer aparecer el fenómeno social de las maras como un problema de
seguridad nacional, creando en la consciencia colectiva un “enemigo público” de
imagen demoniaca, que amenazaba la existencia de la sociedad y contra el cual
había que actuar sin piedad.
El apoyo gringo
a la “solución” represiva: El CARSI
En ese contexto surgió la Iniciativa Regional de
Seguridad Centroamericana (“CARSI” por sus siglas en inglés), parte de la
Iniciativa Mérida para Centroamérica, con el objetivo declarado de fortalecer
la institucionalidad policial-militar en la región. En su primera etapa, la
iniciativa CARSI contemplaba U$ 258 millones para Centroamérica y $ 32 millones
para dos países caribeños (República Dominicana y Haití). La institución más
favorecida fue la policía y el tema principal fue la lucha contra las maras. En los últimos tres años, América
Central recibió 490 millones de dólares en cooperación internacional para
seguridad y lucha contra el crimen.
La misma
Hillary Clinton en persona asiste a las cumbres
regionales donde se toca el tema del CARSI. Esta
iniciativa es justificada por el gobierno norteamericano ante sus
contribuyentes diciendo que va dirigida a combatir el narcotráfico y las
pandillas.
Sin embargo,
es irrisorio que algunos de los más importantes funcionarios norteamericanos
saben perfectamente que sus “justificaciones” no tienen sustento en la
realidad:
“Aunque por el momento no existen indicios de esa
situación (se refiere al vínculo pandillas y crimen organizado,.- NDRL),
representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés)
creen necesario que el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) pueda
extenderse hacia Guatemala y Honduras para reforzar la lucha contra las
pandillas en la región.
Kenneth Kaiser es el subdirector de Investigación
Criminal del FBI y asiste a la Quinta Cumbre Antipandillas que se celebra
durante tres días en un hotel de playa de Sonsonate. Sostiene que por el
momento no se ha logrado establecer algún tipo de relación entre los narcos
mexicanos y los pandilleros en la región. "Siempre tenemos esa preocupación pero tenemos una excelente relación
con la Policía de El Salvador y tenemos en funciones el CAT, pero a pesar de
que esta preocupación existe no vemos que pueda suceder en estos momentos",
dijo Kaiser. Los únicos vínculos confirmados entre miembros de pandillas y
narcotraficantes se han dado en la zona fronteriza entre México y Estados
Unidos. (Subrayados es nuestro)[28]
En otras
palabras, aunque no tenían una sólida evidencia que los respaldara, y cuando el
mismo Ministro de Seguridad de Honduras aseguraba que ya tenía controlado el
problema[29],
los Estados Unidos decidieron sumarse a la “Guerra contra las Maras” y
potenciarla.
Peor
aún, sabiendo que la deportación de migrantes hondureños y hondureñas agrava el
problema –pues el modelo de la mara extremadamente violenta proviene de una
imitación del modelo californiano de pandilla juvenil—el gobierno
norteamericano no ha cesado de deportar decenas de miles de jóvenes, muchos de
ellos pandilleros activos.
Es
decir que Estados Unidos nos exporta el modelo y los jóvenes que fomentan las
maras en Centroamérica y después traen sus dólares y sus armas para
combatirlos.
Mano Dura contra los
jóvenes y Mano Suave con los narcos
En
Centroamérica el factor criminógeno de mayor crecimiento no son las maras sino
el narcotráfico, aunque también es visible la inoperancia del Estado hondureño
en combatirlo.
La
producción de cocaína que se produce en Suramérica llegaba a las 587 toneladas
métricas por año alrededor de 2004[30]
y se ha llegado a afirmar que para el 2007 su producción llegaba a 1400 TM[31].. De ese
total, pasa por las costas y fronteras de Honduras aproximadamente 100 TM de cocaína
al año (cifra que podría quedarse corta), mismas que reportarían a las mafias
ingresos entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales.
La
actividad del Estado hondureño frente a este monstruo es insignificante.
CUADRO No.1
DROGA CIRCULANTE Y DROGA INCAUTADA EN
HONDURAS, POR AÑO
AÑO
|
1996*
|
1999*
|
2000*
|
2001*
|
2002*
|
2003**
|
2004**
|
2005**
|
2006**
|
2007**
|
Kg droga que transita
(estimación)
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
Kg droga incautada
|
3,300
|
715
|
1139
|
182
|
76
|
5,500
|
5,500
|
290
|
3,400
|
1,600
|
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