El fracaso del Estado en materia de seguridad ciudadana

Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso

Esta semana, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señaló que Honduras cerrará el 2011 con una tasa de 86 homicidios por 100 mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo cuya tasa media es de 8,8 homicidios por 100 mil habitantes.
Si analizamos año a año los índices de la violencia nos encontramos con la trágica realidad de un aumento catastrófico de los niveles de criminalidad, lo cual evidencia el fracaso total de las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos, las cuales han tenido un enfoque restrictivo en el sentido de privilegiar la sola intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, y han ignorado un enfoque amplio que incorpore medidas de garantáis de derechos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo.
Parafraseando a Bernard Shaw para definir la forma en que el Estado de Honduras ha enfrentado la violencia podríamos decir que “Está mal que los caníbales se coman a los misioneros pero es aún peor que los misioneros se coman a los caníbales”.
Por tanto, el Estado en vez de centrar sus políticas de seguridad en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, en tener a la persona humana como objetivo central de sus políticas y en garantizar la seguridad humana y el desarrollo humano, se ha rebajado a la condición de delincuente y se ha convertido en un Estado terrorista y violador de los derechos humanos en nombre de la lucha contra la delincuencia.
De esta manera, el accionar del Estado hondureño frente a la violencia se ha traducido en una inadecuada atención a las víctimas, privatización de los servicios de seguridad, ingobernabilidad de la seguridad ciudadana, deficiente profesionalización y modernización de los cuerpos policiales e intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.
Tanto el régimen actual como los próximos gobiernos seguirán fracasando en su obligación de brindar seguridad a la población si no son capaces de entender que los derechos humanos son límites infranqueables para las intervenciones estatales, que toda política de seguridad debe basarse en consensos políticos y amplios acuerdos sociales, que debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y que debe asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o sectores más vulnerables de la sociedad.