Tocoa, Colón ,
Honduras
El asentamiento en la gigantesca plantación de Marañones parece un
campamento de refugiados, donde los niños juegan entre filas de chozas y
las gallinas picotean entre montículos de basura. Sin embargo, los
trabajadores agrícolas que viven aquí planean quedarse, presentando un
reclamo sobre una tierra perteneciente a uno de los hombres más ricos
del país.
En la verja, un puñado de hombres monta guardia con
escopetas y machetes bajo una bandera roja pintada con desafiantes
palabras: “Justicia, Libertad, Tierra”. “Si le dan tierra al pueblo, el
problema se puede resolver”, dijo Marcos Tulio Paredes, uno de los
líderes de la comunidad.
En las últimas semanas, ha estallado una
larga batalla por la tierra en Bajo Aguán, este fértil valle cerca de
la costa norte de Honduras.
Cuando menos 15 personas han sido
asesinadas tan solo en las últimas semanas, incluidos dos de los líderes
de los trabajadores, en tanto la población local está nerviosa,
temerosa de que la intranquilidad pudiera extenderse.
El
conflicto en Bajo Aguán es el ejemplo más volátil del cisma social que
saltó violentamente a la vista en este diminuto y pobre país hace dos
años, cuando los intermediarios del poder del país orquestaron un golpe
militar para expulsar al Presidente de ese momento. Ya volvió una
semblanza de normalidad.
Un nuevo Presidente fue elegido según lo
programado, en tanto el expresidente expulsado, finalmente regresó del
exilio en mayo. Sin embargo, la polarización política que el golpe
reveló y la violencia que atizó -incluidos los asesinatos de periodistas
y opositores al gobierno- ha persistido, y en ningún lugar más que en
Bajo Aguán.
“Se perdió la oportunidad de introducir algunas
reformas bastante considerables que se necesitaban con urgencia en
Honduras”, dijo Kevin Casas-Zamora, experto en Centroamérica por la
Brookings Institution, en Washington. “Honduras es un país con obscenas
desigualdades sociales y se está haciendo muy poco por encontrarle
solución a eso”.
Tierra fértil
En Bajo Aguán, donde
plantaciones de aceite de palma ocupan la mayoría de la tierra agrícola,
el presidente Porfirio Lobo ha alternado entre el envío de tropas y la
mediación de acuerdos entre grupos de trabajadores agrícolas y los
empresarios, que son dueños de vastas secciones del valle. Con todo, los
sucesos salen rápidamente fuera del control del gobierno.
“Este
es un país donde no existen instituciones”, dijo Elvin Hernández,
investigador del Equipo Reflexión, Investigación y Comunicación apoyado
por jesuitas en la ciudad de El Progreso. “Es la ley del más fuerte, y
Aguán es el lugar donde eso se ve con mayor claridad”.
Todo
parecía indicar que el gobierno estaba progresando en la negociación de
una solución la semana pasada, cuando el Congreso de Honduras aprobó un
mecanismo para garantizar préstamos bancarios que permitirían a los
trabajadores agrícolas comprar tierra.
Se estima que 4,000
familias serán elegibles para préstamos de 15 años enfocados a la compra
de más de 4,450 hectáreas. Sin embargo, las 1,400 familias acampadas en
la plantación Marañones desde el año pasado fueron excluidas del pacto
más reciente. Sin un título de propiedad, temen que pudieran ser
desalojadas en cualquier momento.
“Es mejor morir aquí”, dijo uno
de los líderes, el cual solicitó que su nombre no fuera usado porque
había recibido amenazas. “No tenemos ningún otro lugar al cual ir. No
podemos renunciar a la lucha. ¿Dónde dejaría eso las muertes de nuestros
camaradas? ¿Serían en vano?”.
La presencia de cientos de
efectivos militares que fueron enviados a este lugar tras la ronda de
violencia más reciente también podría desatar más conflicto.
El
día previo a la votación del Congreso, soldados y oficiales de policía
rodearon Marañones y otras dos plantaciones. “Al parecer, fue un ensayo
para la redada masiva que planean llevar a cabo”, escribió un trabajador
agrícola en un comunicado de prensa.
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