Defendamos la educación pública " Oscar Moncada Buezo "

Por lo que se percibe, al revisar los antecedentes e intenciones de quienes participan en las negociaciones tendientes a establecer un consenso sobre el anteproyecto de “Ley General de Educación”, bien podríamos inferir – sin caer en prejuicios, ni en pesimismos – que la lucha por conservar la educación de la población como un bien público, de carácter democrático y de acceso abierto para todos, será larga y cuesta arriba; ello es así en virtud de los gigantescos y millonarios intereses en juego.

No se trata de criticar por criticar; si este fuera un país desarrollado, donde se respetase el imperio de la Ley y donde tuviésemos un nivel promedio aceptable de escolaridad y un sistema educativo masificado, acorde a las necesidades del país y de su gente, de manera tal de insertarnos con éxito en un mundo globalizado, la discusión no sería tan dramática. Sin embargo, nuestra población – incluyendo a los estratos pobres, de clase media y ricos – se caracteriza por una terrible falta de educación, instrucción y cultura. Consecuentemente, como lo que está en juego es de extrema importancia para el futuro de los hondureños, entonces será necesario describir aquí, sin eufemismos y sin ambages, algunas realidades y circunstancias que podrían contaminar la discusión y negociación.


Se trata de intereses económicos; de dinero; de la confrontación de los deseos y caprichos de unos pocos hondureños contra los de las mayorías. Por ejemplo, preocupa la presencia e intenciones de algunos ex funcionarios del gobierno de Maduro, cuya influencia en este gobierno y su propensión a privatizar bienes estatales son notables. Con relación a ellos, es improcedente permitir al sector privado la formación de maestros, tal como lo expresó el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Carlos Ávila Molina; fundamentalmente porque los docentes así preparados serán hondureños con mentalidad utilitarista; una suerte de autómatas al servicio de empresas e instituciones, carentes de sensibilidad, conciencia social y de juicio crítico para comprender los problemas de la pobreza que aquejan a la inmensa mayoría de hondureños. El efecto de difundir entre nuestra niñez y juventud, sus conocimientos y metodologías, atados, y aisladas de nuestra realidad, será grave.

En mi área profesional, he tenido la ocasión de permitir y dirigir la práctica profesional de varios jóvenes provenientes de algunas universidades privadas, y salvo raras excepciones, su formación intelectual, cultural, y la académica, relativa a su ámbito de conocimiento son limitadas y deplorables; no obstante, venden con facilidad sus destrezas informáticas, lo que no significa desarrollo para sí mismos, ni para el país. Así acontece porque la mayoría de ellos y de sus padres, engañados por la publicidad y por su propia ignorancia, asumen que ciertas universidades privadas y escuelas bilingües son una especie de Harvard, Yale, Cambridge, Tecnológico de Monterrey, o, la Universidad de San Carlos. Una comparación imposible y lamentable, en virtud de que la mayoría de estos centros son de existencia reciente, carecen de instalaciones mínimas y pagan a sus docentes unos bajísimos y vergonzosos niveles salariales y formativos. Y así no se educa señores.

Infelizmente para la negociación, la defensa de la educación pública tiene connotaciones relativas a las contradicciones de clases. Cuya sola mención, discusión y puesta en escena causa escozor y desconfianza dentro de los grupos de poder que controlan la sociedad. Ellos suelen expresarle al pueblo que no debe hablarse de estratificación social, argumentando que son temas que dividen; dicha negación es su estrategia para proteger y conservar sus privilegios, porque si hay algo que lamentarían es que el pueblo caiga en la cuenta de que “no somos de los mismos” y que hemos venido apoyando irreflexivamente a nuestros propios verdugos.

De igual forma, la participación de la iglesia católica y protestante en la discusión es sospechosa, – inconstitucional e incorrecta – dada la condición laica del Estado hondureño, pero especialmente, por la obligación de laicidad que – por Ley – recae sobre el sistema educativo nacional. Por más que incomoden estás reflexiones, debe señalarse lo pernicioso de tal influencia religiosa [a algunos amigos extranjeros les parecen bochornosas las cadenas nacionales en las que el Presidente aparece rodeado de religiosos].

La ilegal intromisión religiosa que hoy estamos presenciando en los asuntos educativos es un viejo fenómeno, cuya explicación obedece a la búsqueda hipócrita y sin pudor de dinero, en tanto negocio sumamente lucrativo; es además, un intento del sector más conservador y de extrema derecha del país, para – apoyado en la ignorancia generalizada – retomar su rol manipulador, a fin de relajar la conflictividad social originada en la exacerbación de las condiciones de miseria material y espiritual en que vive el pueblo de Honduras. El reciente papel de soporte ideológico del golpe de Estado de junio/2009, en que cayeron los líderes religiosos más prominentes, así como los últimos escándalos de homosexualismo de algunos de ellos, ocultados a toda costa por la “gran prensa”, son razón suficiente para dudar de su infalibilidad y para vedarles su participación.

Mientras nuestros jóvenes y niños, en especial los pobres y de clase media, sigan idiotizados por el consumismo y por la masiva difusión de novelas y música tonta; mientras no conozcan más que el narcótico del fútbol, muy malo por cierto, la cultura del Black Berry (BB), del Wii, del Mall; mientras no lean lo que les corresponde y mientras no adquieran educación y cultura; en suma, jamás se darán cuenta de la manipulación de que son objeto y permitirán, como hasta ahora parece ser, quedarse sin posibilidades de desarrollo.