No se ha dicho toda la verdad " Juan Antonio Martínez H. "

“Los golpes de Estado no son casualidades ni etapas de locura, sino parte de un proceso planificado” Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

El informe de la Comisión de la Verdad no revela toda la verdad de lo acontecido, ni antes ni durante ni después de aquel aciago 28 de junio del 2009. Aunque debemos reconocer que es un documento sumamente valioso como prueba para enjuiciar a los culpables de los delitos de alterar el orden constitucional, de violar los Derechos Humanos y de Lesa Humanidad que son imprescriptibles. Además, es rescatable el hecho que el informe deja claramente establecido que lo que aconteció en Honduras en aquella fecha, fue sin lugar a dudas, un golpe de Estado y no una “sucesión constitucional” como falazmente lo venían pregonando los golpistas.

Por lo demás, el informe oficial de la Comisión de la Verdad nombrada por don Pepe Lobo parece haber sido elaborado con la finalidad de acabar con la confrontación que el golpe de Estado produjo en la sociedad hondureña y disipar la crisis derivada de tan condenable hecho, esto porque significa un obstáculo para los planes del actual gobierno que pretende dejar una buena imagen de su administración con miras a gobernar otro periodo mas. Si bien, el referido informe revela las violaciones a los derechos humanos, las violaciones sexuales, las torturas, los atropellos a la Libertad de Prensa, perpetrados por el uso excesivo de la fuerza de la Policía y el Ejército, se queda corto en cuanto a los asesinatos ocurridos después del infortunado golpe de Estado, pues apenas cuantifica doce, de los mas de cien que datan los organismos de Derechos Humanos y fuentes del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Este documento oficial de la CDLV tampoco revela la siniestra trama que se venia urdiendo antes del 28/6/09 con las prisas y carreritas subrepticias a nuestro país, de agentes de la derecha fascista internacional para reunirse con los conspiradores nacionales en conciabulos tenebrosos. Ni tampoco menciona la conspiración para asesinar al presidente Zelaya, que según Romero Velázquez fue la causa por la cual, el alto mando de las FF.AA, decidió enviarlo hacia Costa Rica, obviando desde luego decir que solamente en este caso tenía validez lo de la “sucesión constitucional” y la carta de renuncia leída en el Congreso Nacional con la firma falsificada del presidente.

Si bien el Informe deja claro que el Congreso Nacional que presidia Micheletti no tenia facultades para destituir al presidente y, consecuentemente, el gobierno que sustituyó al de Zelaya era de facto, deja muy difuso el estado de indefeccion en que se encontraba la población con las medidas represivas ordenadas por la dictadura y los estados de sitio implantados para poder contener las protestas populares. Ni registra el agobiante y dilatado martirio que sufrió el mandatario al interior de la Embajada de Brasil, acosado por las fuerzas represivas del gobierno de facto y las técnicas de terror empleadas para minar su integridad física y los registros humillantes a sus alimentos para socavar su dignidad.

Aunque se cuestiona la conducta del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al recomendar los comisionados investigar sus actuaciones durante y después de los acontecimientos del 28 de junio del 2009, no alude el documento sobre la colusión de los dos restantes poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial en la conspiración golpista. Tampoco señala la ilegalidad incurrida en el juez natural al delegar la captura de Zelaya al ejercito en lugar de a la Policía ni que la hora en que se ejecutó su detención no era legal. Además, quedo excluido del informe, infinidad de violaciones a los derechos humanos, no consignados por falta de documentación.

Es notorio que el informe tampoco señale el saqueo inmisericorde a las arcas del estado por parte de los principales responsables de dirigir el gobierno de facto que encabezó Micheletti, ni los millones que sacaron del IMPREMA. Pero si equipara responsabilidades entre victimas y victimarios como para buscar un equilibrio favorable a los intereses de reconciliación del gobierno que pagó por los servicios prestados por los comisionados. Aunque no se ha dicho toda la verdad, debemos reconocer que el informe “Para que los hechos no se repitan” tiene aspectos positivos y notoriamente ciertos y provechosos para que los culpables de tan censurables hechos tengan su castigo.

Porque antes de ello, ¡Ni perdón ni olvido!