Comisión de la Verdad: Golpe de Estado en Honduras pudo evitarse

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras develó la historia de un golpe de Estado que pudo evitarse, mas no se evitó y dejó como saldo múltiples violaciones a los derechos humanos, pérdidas por más de mil millones de dólares, una sociedad polarizada y la mayor crisis de su historia.

Luego de 427 días de indagar sobre los hechos previos, durante y después de la violenta defenestración del presidente Manuel Zelaya, ocurrida el 28 de junio del 2009, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras (CVR), coordinada por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, presentó el informe ‘Para que los hechos no se repitan’, resumido en dos tomos, uno de 551 páginas y otro de 790.



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Stein señaló que el informe “no es un punto de llegada, sino de inicio,” y resaltó la importancia de las 84 recomendaciones que la Comisión hizo al Gobierno y la sociedad hondureña para “asimilar la verdad, aplicar la justicia y allanar el camino a la reconciliación y la paz”.

Las primeras reacciones reflejan que el contenido del informe no satisfizo ni a la extrema derecha ni al núcleo dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, cuyo coordinador es Zelaya.

A la derecha, representada en la Unión Cívica Radical, no le agradó que la CVR subrayara que lo ocurrido el 28 de junio fue “un golpe de Estado” y no una “sucesión presidencial”, y que calificara al Gobierno de Roberto Micheletti como “ilegal y de facto”.


Stein agregó que “si se toman en cuenta los usos del término, podría decirse que un Golpe ocurre cuando la víctima es el Presidente de la República, el perpetrador del Golpe haya ejercido violencia, las acciones sean abruptas y se produzca en clara violación de los procedimientos constitucionales. Todos esos aspectos acontecieron en Honduras”.

El informe contiene datos de la forma arbitraria en la cual el Congreso Nacional aprobó la destitución de Zelaya y su reemplazo por Micheletti, la mañana del domingo 28. El ex vicepresidente manifestó que en esa sesión ningún diputado preguntó por qué Zelaya había sido expatriado a Costa Rica, por qué se declaró como admitida una carta renuncia falsa del gobernante y por qué se nombró una comisión para redactar un decreto de nombramiento de Micheletti que nunca ocurrió.

La comisión subrayó que, bajo la administración Micheletti y con la salida de los militares a las calles, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos. “Los comisionados constatamos y recibimos testimonios del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante el golpe de Estado y el Gobierno de facto,” precisó Stein.

Como parte de esas violaciones, la CVR encontró evidencias de 12 asesinatos de opositores al régimen, de los cuales al menos 8 tienen trasfondo político. La comisión no mencionó a los autores de los asesinatos, pero sí la posible participación de militares o de grupos privados que actuaban bajo total impunidad.

Pese a que esas revelaciones coinciden con varios de sus planteamientos, voceros de la resistencia se mostraron disgustados con el informe y llegaron a calificarlo de “una tomadura de pelo”.

Uno de los aspectos que más inconformidad les generó fue la afirmación de la CVR de que “lo ocurrido el 28 de junio fue tanto responsabilidad de Zelaya como de quienes lo sacaron de la Presidencia”.

En el documento se sostiene que si bien en las últimas semanas y días previos al golpe hubo varios esfuerzos por encontrar una salida política a la crisis, fueron desestimados. La ruptura llegó cuando Zelaya mantuvo inalterable su decisión de convocar una “cuarta urna” y recuperó por asalto el material electoral depositado en bodegas de la Fuerza Aérea Hondureña.

Sin embargo, la CVR enfatizó que la crisis que desembocó en la ruptura constitucional se inicio meses atrás, e identificó como punto clave el intento de Zelaya, en enero del 2009, de tomar el control de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ese propósito fallido, sostiene la CVR, “Zelaya entró en una ruta de desprotección política, quedando sin sustento para enfrentar el reto”.

La comisión agregó que, 48 horas previas al golpe, aún era posible evitarlo sí Zelaya hubiese aceptado modificar la pregunta de la consulta de la “cuarta urna”, relativa a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, o si posponía su realización por dos semanas. Ninguna de esas opciones fue aceptada por los seguidores del ex gobernante.

Luego el golpe, se desencadenó como una riada y nada pudo detenerlo, y las mismas Fuerzas Armadas, que venían siendo beneficiadas con presupuesto extra concedido por Zelaya, sacaron sus armas y lo derrocaron.

En su reacción al informe, Zelaya destacó el reconocimiento formal de que lo ocurrido fue un golpe de Estado, y que la actuación de Micheletti fue “ilegal”. Además, lamentó que el informe no revela detalles “del intento de asesinato que hubo en su contra. El informe de la CVR no incluye el testimonio del ex gobernante.

Lo que sobrevino al golpe fue una tragedia para los derechos humanos y una catástrofe económica. La comisión calcula en más de mil millones de dólares los recursos perdidos.
En el conjunto de sus valoraciones, la CVR respaldó la realización de las elecciones generales de noviembre del 2009, argumentando que fueron convocadas meses antes del golpe.

En el capítulo de las 84 recomendaciones, se destaca el llamamiento de que “los hechos no se repitan”, eliminar cualquier atribución política de las Fuerzas Armadas y una lucha frontal por recuperar la credibilidad perdida. Mención especial mereció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, para quien la CVR sugirió el nombramiento de una comisión investigadora de su actuación durante la crisis.

Caído el telón del informe, el presidente Lobo prometió públicamente monitorear las recomendaciones, sin comprometerse con ninguna de ellas.