Enviados de Venezuela y Colombia expresan a Lobo preocupaciones por arresto de Flores

Prensa Web La Radio del Sur /Agencias

Los comisionados de los gobiernos de Colombia y Venezuela expresaron sus preocupaciones con respecto al proceso judicial que se sigue al ex ministro Enrique Flores Lanza”, quien formara parte del gabinete del ex presidente Manuel Zelaya antes del golpe que lo derrocó en 2009.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves por la Presidencia hondureña, los enviados integrantes de la comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, destacaron los notables progresos del Acuerdo de Reconciliación en Honduras y expresaron sus consideraciones ante el Jefe de Estado de ese país, Porfirio Lobo.

Lobo sostuvo este jueves una reunión con los enviados especiales de Caracas y Bogotá con el propósito de establecer un protocolo que permita la participación regular de la comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena “con total respeto a la soberanía y la autodeterminación” del país centroamericano, refiere el texto oficial.
Según la comunicación, los comisionados pusieron sobre la mesa las denuncias sobre “la presunta inobservancia al debido proceso, y particulamente del derecho a la defensa” en el caso de Flores Lanza , apunta el texto de la presidencia hondureña.

Flores Lanza fue puesto recientemente bajo arresto domiciliario por presuntos actos de corrupción y la justicia le impuso una fianza de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares), por cometer supuestos ilícitos vinculados a los hechos usados como motivo por los militares y poderes públicos hondureños para dar el golpe de Estado del 2009.

En ese sentido, el gobierno de Lobo -quien reiteró su compromiso con el Acuerdo de Cartagena- aseguró que “las situaciones que suscitan interés particular serán objeto de continuo seguimiento” y recalcó que las decisiones que tome el Ejecutivo se harán “en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes”.

De acuerdo a la comunicación, la comisión se mantendrá a disposición de las partes que suscribieron el pacto de reconciliación “para contribuir a la consolidación del sistema democrático hondureño” y elevará a consideración de los cancilleres la conformación de un grupo de juristas que visite Honduras para constatar el apego a la ley.

Además de Lobo y los comisionados, a la reunión asistieron el Secretario de Estado de Planificación, Arturo Corrales, y la Secretaria de Estado de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, en representación del gobierno de Tegucigalpa.

Concluida la reunión con Lobo, la Comisión de Seguimiento se traslado a la residencia del exministro Enrique Flores en Tegucigalpa, para una reunión en la que también participó el ex presidente Zelaya, informó un cercano colaborador del ex gobernante.

Flores, quien a partir del fallo en su contra tiene 30 días para hacer efectiva la millonaria fianza que le han dictado, considera que la justicia le debió escuchar en libertad y califica como un “sicariato judicial” y persecución política la medida en su contra.

El acuerdo de reconciliación en Honduras, firmado a finales de mayo de este año en Cartagena de Indias, fue promovido por los gobiernos de Venezuela y Colombia a petición de Zelaya y Lobo.

Ese pacto permitió el retorno del ex presidente derrocado, así como parte de su gabinete y exiliados hondureños que huyeron del país por ser víctimas de persecución política.

El documento consta de cuatro puntos entre los que destaca la exigencia de plenas garantías y libertades para Zelaya y sus funcionarios, el cese de la persecución a sus seguidores, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como fuerza política.

La comisión de seguimiento tiene previsto velar por el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo, según el protocolo fijado en conjunto con el actual gobierno de Honduras.

Días después de haberse signado ese instrumento, Honduras fue readmitida en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el voto salvado de Ecuador, país que consideró inaceptable la readmisión sin un juicio a los golpistas.