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lunes, 2 de mayo de 2011

¿Retorno a la OEA?



La mediación de los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, de Colombia y Venezuela, de nuevo ha creado expectativas para la reincorporación de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA).

La entrevista del presidente Lobo Sosa con los citados mandatarios suramericanos en Cartagena de Indias y las posteriores gestiones diplomáticas, a cargo de las cancillerías respectivas, sin duda fructificaron en un acuerdo que removería las trancas.

Ese entendimiento, del que los presidentes Santos y Chávez serían testigos de honor, resolvería las cuestiones más controversiales que subyacen en torno a la repatriación del ex–presidente José Manuel Zelaya Rosales con plena libertad de acción, sin amenazas, así como lo relacionado con el reclamo de una asamblea constituyente.

Aunque la gran mayoría del pueblo hondureño suscribe ese arreglo para darle una alternativa válida a la reconciliación nacional y a la apertura de un proceso de refundación institucional, de inmediato la perspectiva del acuerdo ha exacerbado los ánimos del sector más recalcitrante de la élite del poder para impedir la solución política del conflicto.
Con la misma posición estereotipada asumida durante su participación en el golpe de Estado 28-J y en la dictadura así instaurada, este sector ultraconservador y antidemocrático recurre a su ascendiente en los mecanismos de poder, principalmente en el ámbito judicial, para hacer abortar la restitución de Honduras en la OEA.


Con el mismo libreto del golpe de Estado y en defensa del régimen dictatorial, insiste este grupo dominante en su fementido apego a la legalidad y a la constitucionalidad, como si la nación hondureña no estuviera consciente de su colusión con los militares para el rompimiento del orden jurídico, y, asimismo, para conseguir la impunidad de los culpables mediante una amnistía apócrifa decretada por los mismos golpistas.

A pocas horas de que el Tribunal de Apelación decida sobre la demanda de anulación de los juicios políticos incoados al ex-presidente Zelaya Rosales después de su derrocamiento del poder, está muy claro que de esta resolución depende la estabilidad del actual gobierno y el futuro del proceso de normalización política a mediano y largo plazo.

Esto es así porque, aun cuando el sector ultraconservador de la élite del poder niega, de manera obnubilada, la importancia de la reincorporación de Honduras en la OEA, restándole importancia —con profesión totalitaria— a la legitimación del poder público y la integridad del orden institucional, lo cierto es que eso es fundamental para la preservación del sistema democrático y para el desarrollo económico y social.

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