La trágica muerte de la profesora Ilsa Velásquez Rodríguez (58) en la refriega entre la policía y manifestantes magisteriales y de organizaciones populares que participan en las protestas anti-gubernamentales, convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), ha agudizado el clima de represión que ensombrece el panorama político-social hondureño.
La rudeza de las acciones policiales, con abundancia de fuerza, gases lacrimógenos y capturas de manifestantes en la ciudad capital Tegucigalpa-Comayagüela, Comayagua y Danlí, confirma la decisión gubernamental de parar, a como haya lugar, la oleada protestataria que tiende a crecer por diversas razones, todas ellas vinculadas a una progresiva insatisfacción social.
Aparentemente la muerte de la profesora Velásquez Rodríguez, sub-directora de la Escuela República Argentina de Tegucigalpa, se debió al atropellamiento con un automóvil cuando, en medio de la humareda de los gases, había caído en el pavimento a consecuencia del impacto directo de un proyectil lacrimógeno que le dio en pleno rostro.
Por contingencia o no, esa fatalidad conlleva una enorme carga de recriminación a la represión institucional por considerarla, en último razonamiento, consecuencia de la cerrazón al diálogo y al irrespeto de las garantías constitucionales que informan de la libertad de expresión y el derecho a la protesta ciudadana.
También porque la profesora Velásquez Rodríguez era miembro de una familia perseguida por sus luchas de reivindicación social y hermana de Manfredo Velásquez, dirigente social “desaparecido” en la década del terror del ’80, un caso por el que Honduras fue condenada en la Corte Interamericana de Justicia.
La violencia engendra violencia, y esa verdad es aún más contundente en una realidad como la actual, en la que la sociedad hondureña está sumida en profunda polarización social, con desbordada acumulación de problemas políticos, económicos y sociales, y con el Estado colapsado institucionalmente por la corrupción, la impunidad, la violencia, dándole un perfil de Estado fallido.
Los efectos negativos de estos lamentables acontecimientos son inmediatos en la mente colectiva, que no halla la salida salvadora del inminente caos hacia donde parece derivar, y, sin duda, trasciende al ámbito internacional donde nuestro país es visto con atención, por ser, después de todo, un caso paradigmático de vivencia ultraconservadora en el entorno latinoamericano, donde actualmente se impone la tendencia hacia la autodeterminación, el avance democrático y el saneamiento institucional.
A propósito, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en su pronunciamiento definitivo sobre su segunda misión de alto nivel para observar “la situación de independencia judicial” en Honduras, emitido ayer, 18 de marzo/11, señala lo siguiente:
“…la CIJ lamenta que durante la misión las manifestaciones pacíficas llevadas a cabo por el magisterio y diferentes sectores de la sociedad hondureña se vieron seriamente reprimidas…, lo cual afectó el derecho a la libertad de expresión, la dignidad de la persona humana y causando detenciones ilegales… La CIJ insta a las autoridades a abrir un canal de diálogo, único camino para buscar soluciones pacíficas ante los reclamos de la población”.
Un llamado que nosotros compartimos.
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