Espinazo

El enfrentamiento entre el gobierno y el sector magisterial, después de 15 días de refriega en las calles de Tegucigalpa con exceso de brutalidad por parte de la fuerza militar y policial, tiende al escalamiento de la violencia y del activismo insurreccional.

El cóctel de insubordinación social no podría ser más explosivo. A la ebullición magisterial ocasionada por problemas de fondo como el colapso del Instituto de Previsión de Magisterio (INPREMA) por una deuda impaga de 1,800 millones de lempiras por parte del gobierno y la consiguiente insolvencia para el pago de las jubilaciones, se suma la insatisfacción general por el desempleo, el agresivo aumento de los precios de la comida, de la criminalidad y de la pobreza.

La forma en que se ha tratado, por ambas partes, de resolver este conflicto no ha sido afortunada, no obstante que, a las claras, el diálogo franco y sin segundas intenciones es el mejor procedimiento, que, dicho sea de paso, viene siendo recomendado desde el principio de la confrontación.

Sin embargo, pareciera que en el trasfondo de todo esto hay un propósito inconfesable, debido a la provocación utilizada para exacerbar la confrontación, por ejemplo, con la introducción en el congreso nacional del proyecto de Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria de la Educación, que el gremio magisterial asume —con alguna razón— como una escalada hacia la privatización gradual del sistema educativo.

En el ámbito legislativo, un importante grupo de diputados liberales ha terminado por manifestar su preocupación y protesta por “la brutal represión” del gobierno contra los maestros, en base a un decreto ejecutivo de “emergencia educativa nacional” que “violenta flagrantemente todas las disposiciones de contratación de los docentes, y (que) sin duda trae consigo la politización”.

También los diputados liberales recriminan al “gobierno nacionalista” por su contradictoria actuación al nombrar, primero, una comisión interventora seleccionada por los maestros para manejar el caso de la deuda del INPREMA, “para luego desdecirse e imponerles una comisión interventora de manera unilateral, sin consensuarlo con la dirigencia magisterial”.
A todo esto, por si fuera poco, ya que se trata del patrimonio del sector magisterial, se le agregan los reparos del Tribunal Superior de Cuentas para deducirle a los salarios de los maestros los días de huelga no trabajados y la postergación de los pagos atrasados de 6,000 docentes en todo el país.

Se pregunta, entonces, a qué se debe esta posición autoritaria gubernamental, e incluso partidista, cuando la buena lógica gubernamental es emprender las vías del entendimiento con el diálogo, sobre todo en la situación fluida que se vive en Honduras, por la innegable fragilidad institucional, la manifiesta reconvención continental y mundial en torno al permanente irrespeto de los derechos humanos y, asimismo, por la eclosión imparable de la criminalidad.

Surge, pues, la sospecha de la reanudación de la doctrina de la seguridad nacional, aplicada en la década del terrorismo estatal del ’80 del siglo pasado, centrada en desarticular toda organización social o movimiento popular con capacidad de reclamo de democratización y de justicia social, que, en Honduras, logró la fragmentación y anulación del movimiento sindical, que fue un poderoso factor de condensación política y social por casi 30 años, a partir de 1954.

Hoy día, en nuestro país la única organización gremial organizada, con capacidad de convocatoria y con voluntad de lucha reivindicativa es el movimiento magisterial. De ahí la presunción de que, en última instancia, de lo que se trata es de romperle el espinazo y así menoscabar o anular la capacidad de demanda nacional para la democratización de la sociedad hondureña.