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martes, 29 de marzo de 2011

¿Escalada sin retorno?

La confrontación entre el gobierno y el gremio magisterial ha llegado a mayor extremo con la declaratoria de ilegalidad del paro de los maestros, incluso con efecto retroactivo al 7 de marzo/11, o sea al día del inicio del enfrentamiento.

Con esa declaratoria de ilegalidad el Ejecutivo adquiere la capacidad de romper la cohesión del movimiento magisterial, mediante el uso de la facultad para despedir a los docentes que no acaten el mandato de retorno a las aulas, pero también le da a la gestión gubernamental un halo dictatorial.

Eso ha ocurrido porque, en el fondo, no ha habido suficiente flexibilidad para darle vía al diálogo, en función de la premisa de que la causa de este conflicto, en las actuales circunstancias, es de naturaleza política y no eminentemente social.


Así lo ha argumentado el presidente Lobo Sosa, quien en consecuencia recomienda que los docentes y sus apoyadores se dediquen a la instrumentación de un partido político para conseguir sus objetivos de poder en la arena electoral.

Es obvio que en la situación de volatilidad económica, política y social que prevalece en nuestro país, cualquier conflictividad tiene en su dinámica una dosis de motivación política. A decir verdad, todo el acontecer político, económico y social está inmerso en un contexto ideológico.

Esa es la razón, precisamente, por la que el liderazgo político debe ser equilibrado para hacer su valer su capacidad integradora –en nuestro caso de reconciliación nacional--, eludiendo con objetividad la tentación del autoritarismo que al final conduce a la represión.

Si analizamos el curso de la confrontación del gremio magisterial a lo largo de los últimos diez años, encontraremos que sus motivaciones han sido esencialmente económicas, con el aditamento de una marcada irresponsabilidad en el cumplimiento de su misión, que es la de educar y privilegiar un sistema educativo de calidad.

Esa actitud negativa ha causado una fuerte reacción adversa hacia el magisterio en nuestra sociedad, al grado de negarles el apoyo a sus demandas, la mayoría de ellas legítimas. Sin embargo, la participación de los maestros en las jornadas populares contra el golpe de Estado del 28 de junio/09, por ser de principio democrático, tuvo, entre otros efectos, el de devolver respeto colectivo al sector magisterial.

Por haberse dado ese giro en la mentalidad colectiva y en la comprensión de nuestra sociedad, es que ahora el conflicto magisterial es interpretado de distinta manera, máxime cuando, desde la perspectiva política-ideológica, parece evidente el propósito de desmantelar, a como haya lugar, la capacidad de lucha de las organizaciones populares, o sea un bastión de primer orden en el establecimiento democrático.

De allí la expectativa acerca de esta declaratoria de ilegalidad del paro magisterial, con todo y sus duras medidas coercitivas, que apunta hacia una escalada sin retorno en un conflicto que podría adquirir lamentables proporciones, en momentos en que, más que en ninguna otra ocasión, la salida más justa y necesaria es el diálogo, con desprendimiento, equidad y franqueza.

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