Al Instituto de Prevención Magisterial, Inprema, le han saqueado sus bienes en presencia de dirigentes de ese gremio. Algunos confabulados directamente y, otros, de manera indirecta.
A esta institución, la más fuerte del país, pertenecen unos 60 mil abonados, cuyas cuotas han sido deducidas puntualmente cada mes pero las bóvedas de la organización se encuentran actualmente en iliquidez.
No es para menos que estos mentores, hombres y mujeres que por décadas han depositado todas sus esperanzas en el Inprema, pongan el grito al cielo y reclamen sus derechos después de haber cumplido con sus deberes pecuniarios.
Son miles de millones de lempiras el “botín” que ha sido hurtado por los “asaltantes” que hoy se esconden en el mismo gobierno. Otros hasta forman parte de las manifestaciones y se atreven a gritar las consignas del gremio magisterial.
De igual manera no tiene nada de credibilidad la mencionada Ley de Participación Educativa, sazonada y recocida en el Congreso Nacional y apoyada por un grupo de comerciantes de la educación en sus tres niveles.
La amenaza de la privatización de la educación pública en Honduras es una intentona por parte de la oligarquía que viene amenazando al pueblo desde años anteriores y en especial en el actual gobierno nacionalista, que es uno de los representantes de estos grupos antagónicos al derecho de la educación gratuita.
Desde que hace décadas aparecieron los “supermercados” de la educación privada en Latinoamérica se han venido dando estas propuestas comerciales, donde el sagrado “pan del saber” lo han venido promoviendo como mercancía, sin importar la calidad del producto.
En Honduras, el 80 por ciento de los educandos pertenecen a las instituciones públicas, que con todas las negligencias que han existido y existen son los principales laboratorios de formación de profesionales en todos los campos del saber y los que tienen mayor credibilidad en su desempeño laboral.
La mayoría de las conquistas del gremio magisterial han sido aprobadas por los gobiernos liberales. En todos los gobiernos nacionalistas, que representan las clases retrógradas de la sociedad, son amenazadas hasta de su abolición, tal como es actualmente el Estatuto del Docente, que es la constitución del gremio magisterial.
Es lamentable que estos enfrentamientos entre maestros y policías se hayan convertido en batallas campales y de nunca acabar, entre dos bandos del mismo pueblo, unos de civil y otros uniformados.
Hay testimonios de ambos extremos que en estos enfrentamientos logran reconocer a familiares, amigos y hasta vecinos, pero en la mayoría de los casos después que han sido garroteados o que han garroteado.
Ha sido importante la presencia femenina en estas manifestaciones del gremio magisterial. Uno de esos ejemplos de valentía, dignidad y honor es el caso de la profesora Ivania Velásquez, quien murió por una causa comprometida con los derechos de los docentes y en protesta contra la injusticia y la corrupción.
No son culpables los maestros que reclaman sus derechos, ni los policías que son manejados a control remoto, tampoco los padres de familia y no digamos los escolares y colegiales que son los más afectados por la ausencia del pan del saber en las aulas.
Mientras tanto el pueblo se sigue preguntando: ¿dónde están los defraudadores del capital del Inprema? Y si no quieren ver manifestaciones los señores del gobierno, no estén queriendo imponer leyes que amenazan con dar “golpes a la educación”.
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