El destino se sigue ensañando con los medios de comunicación comunitarios tras el cierre provisional de la emisora garífuna Radio Faluma Bimetu

El mismo día, comparecieron ante el tribunal de Amapala (Sur), Elia Xiomara Hernández y Elba Yolibeth Rubio, corresponsales de la radio La Voz de Zacate Grande, y se les impuso un absurdo control judicial en ausencia de condena sobre el fondo.

Las dos mujeres fueron arrestadas junto con doce personas más por las fuerzas del orden, el 15 de diciembre de 2010, durante una operación de expulsión en el municipio de Coyolito, en la Península de Zacate Grande. En principio, el tribunal de Amapala tenía que dictar la sentencia el 11 de enero sobre el posible juicio por “sedición” y “desobediencia civil” cuando las periodistas sólo hacían su trabajo.




Ahora bien, sin que tomara una decisión sobre este punto ni que se pronunciara sobre el fondo, el tribunal dictaminó para todos los procesados un control judicial que prevé:

-la prohibición de salir del país
-la obligación de solicitar un permiso judicial para salir de Coyolito
-la obligación de presentarse ante un juez cada quince días
-la prohibición de participar en manifestaciones públicas

Además, se les prohíbe a Elia Xiomara Hernández y a Elba Yolibeth Rubio ponerse en contacto con la comunidad de Coyolito.
Pedimos que se anulen estas medidas de censura que representan un insulto a la vez a la libertad de informar y a la de ir y venir.

¿Que se le reprocha a las dos periodistas? Pertenecer a un medio de comunicación que le da la palabra a una comunidad oprimida. La Voz de Zacate Grande ya fue acallada durante un operativo policial y militar de gran envergadura en junio de 2010.

La criminalización de los medios de comunicación comunitarios se ha convertido en una norma desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.