Wikigolpe o la conspiración por Oscar Moncada Buezo

“No hay duda que los militares, la Corte Suprema y el Congreso Nacional han conspirado el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal y anticonstitucional contra el Poder Ejecutivo… Sin importar los méritos del caso en contra de Zelaya, su expulsión por los militares fue claramente ilegal y el ascenso de Micheletti como presidente interino, totalmente ilegítimo”. Informe de Hugo Llorens sobre el golpe, WikiLeaks.

La plutocracia nacional gobernante, jamás imaginó que las célebres filtraciones promovidas por el nuevo Robin Hood de la libertad de expresión moderna, el australiano Julian Assange, involucrasen algunas comunicaciones internas sobre el golpe de Estado, sostenidas entre el embajador americano y sus jefes del Departamento de Estado, las que, posteriormente, generarían una versión oficial ante la vasta conspiración política, empresarial, militar, religiosa y mediática que destruyó los escasos avances que habíamos obtenido en el proceso de construir una sociedad democrática.


Para quienes nos opusimos al golpe desde su inicio, incluyendo la postura editorial de Diario Tiempo y la de la mayoría de sus columnistas, esas filtraciones nada tienen de sorpresa, puesto que la realidad nacional, vista en un contexto histórico y geopolítico, y las sui generis inclinaciones del gobierno de Zelaya, nos hicieron prever la ruta que los eventos traían, y su desenlace final; de más está decir, que la interpretación difundida por el embajador es coincidente con las de todos los países civilizados, lo que en nada ayudó para revertir la tozudez y terquedad de los sectores golpistas, unos por natural conveniencia de clase, y la mayoría, francamente por ignorancia.

Destaca, sí, la oportunidad que tiene la ciudadanía, para entender que más allá de las afirmaciones de Llorens, las actuaciones posteriores del Departamento de Estado, fueron determinadas al más puro estilo Smart Power de la política norteamericana, que para proyectar en el mundo el inconmensurable poder de su nación, en función exclusiva de sus propios intereses, utiliza, al mismo tiempo, la diplomacia, la persuasión, la amenaza y el chantaje en sus variadas formas.

Eso es justo lo que reclama el ex presidente Zelaya, acusando al gobierno de Obama de practicar una doble moral; al no convenir a los EUA – durante la crisis – el regreso y reinstalación de Mel en la presidencia, estuvieron jugando con pinzas con los eventos, en un sutil y delicado equilibrio, [tan imperceptible para la mayoría, como pasos de felino sobre terciopelo], y ganando tiempo, hasta que llegasen las elecciones, lo que al final consiguieron, con un altísimo costo para la legitimidad del triunfador, pero fundamentalmente para la democracia y la existencia de las instituciones, y para la paz social y la economía. Todo lo cual es grave para nosotros, gravísimo, porque si algo la historia prueba, - muy diáfana en su dialéctica social - es que la combinación de tales perturbaciones no se resuelve de un día para otro; lleva años lograrlo, pero siempre después de que algo se rompe.
Pero eso no es todo lo que develan las filtraciones de WikiLeaks; desde una perspectiva en la que se conjugan con ellas, las recientes declaraciones del abogado Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien anunció que llevarán a cabo exámenes preliminares en Honduras para comprobar si los crímenes o hechos de lesa humanidad, cometidos durante y después del derrocamiento del ex presidente Zelaya, corresponde ventilarlos en dicha corte.


Esas informaciones de carácter “oficial”, podrían perfectamente sumarse a las denuncias que existen en el seno de la OEA y de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a los registros de tantos otros organismos internacionales, y a las declaraciones vertidas por el presidente Lobo, en su momento, en las que afirmó tajantemente la ocurrencia en Honduras de un golpe de Estado, lo que en el extranjero constituyó una declaración formal.


En el ámbito de las leyes relativas a la dignidad humana, especialmente aquellas de aplicación universal, y cuyo cumplimiento está normado por tratados internacionales, los que nuestro país ha signado, no es lo mismo la ejecución de un crimen desde la llaneza de ciudadano común, que cuando éste se comete desde una posición de poder o influencia, muy especialmente cuando el sospechoso o acusado, ha adquirido una categoría de funcionario que representa, justamente, a esas instituciones obligadas – por el Derecho – a vigilar, cumplir y garantizar su aplicación.


Por ello, y en virtud de que los ejecutores intelectuales de semejante conspiración se esconden tras la niebla de las cúspides más elevadas del poder, lo que vuelve difusa su identificación, [históricamente, el brazo de la Ley no ha llegado a tanto, mucho menos lo hará en Honduras] brindándoles un manto de invisibilidad e impunidad, entonces, deberían comenzar a preocuparse por futuros procesos legales, aquellos instrumentos de la conjura; entiéndanse por ellos a los instigadores mediáticos, los promotores a sueldo, además de Roberto Micheletti, Romeo Vásquez y su plana de comandantes, los oficiales policiales involucrados, los diputados que la avalaron, y especialmente, el comisionado de Derechos Humanos, y los cargos más representativos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

En Honduras, las cuñas para que aprieten, no deben ser del mismo palo.