Vuelta al militarismo

La República de Honduras, de acuerdo con su Constitución, es un Estado de derecho libre, soberano, democrático e independiente, cuya forma de gobierno se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esos poderes son independientes entre sí, pero al mismo tiempo actúan de manera interdependiente en el todo integral, que es el Estado.

En la tremenda confusión en que se halla la institucionalidad hondureña, esa delimitación de poderes en el Estado –insistimos, “en” el Estado—no funciona y tiende a desaparecer, debido al abandono de los principios que informan el Derecho Constitucional hondureño.

Un ejemplo de esa situación la encontramos en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la aparente nueva doctrina que aplica la institución militar, que, por supuesto, no es un poder del Estado ni en el Estado, sino una dependencia administrativa del Ejecutivo, “apolítica, obediente y no deliberante”.

“Se instituyen –dice el artículo 272 CR—para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

En lo que se refiere a garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República, se trata de la aplicación de la doctrina del poder tutelar de las Fuerzas Armadas, en esencia inconstitucional, y en la práctica abolida en todos los Estados democráticos de Derecho.

Actualmente, sin embargo, la extralimitación de ese “poder tutelar” en Honduras es uno de los problemas institucionales más graves, puesto que marca un retroceso –esta vez más profundo—al militarismo, que es, por definición, “la injerencia abusiva de las fuerzas armadas, como institución, o de sus miembros individualmente, en la conducción política de un Estado”.

Esto ocurre porque los dirigentes políticos y los funcionarios del Estado de alta jerarquía en los tres poderes en el Estado no responden a los valores democráticos y republicanos y al cumplimiento del principio fundamental de la supremacía del poder civil, que, en lo que a los militares respecta, se expresa en la apoliticidad, la obediencia y la no deliberación.

Así vemos, para asombro del pueblo hondureño consciente y del mundo entero, que en Honduras las fuerzas armadas, actuando como Poder Judicial aparte, se toman la libertad de juzgar en Tribunal de Primera Instancia Militar a los supuestos implicados en el robo en la base aérea militar de San Pedro Sula de la avioneta King Air, bajo su custodia, o sea un caso indubitable de la competencia de la justicia ordinaria, y en el que está a la vista la incompetencia de la institución militar en su función básica de defender la integridad territorial. Todo esto a la vista gorda, al parecer cómplice, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República.

De igual manera presenciamos –con asombro y consternación—la solicitud de las Fuerzas Armadas al congreso nacional para la ampliación de su presupuesto anual, por boca del secretario de Defensa, Marlon Pascua, quien, para justificar el pedimento, arguye que la institución militar ha multiplicado sus tareas al participar en apoyo de las Secretarías de Estado de Seguridad, de Educación, de Salud, de Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte, de Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional Agrario, del Tribunal Nacional de Elecciones, y, en fin, de todo el gobierno.

Obviamente, unas Fuerzas Armadas omnímodas, omnipotentes, omniscientes, que muy lejos de sus funciones constitucionales, interviene en todo el aparato gubernamental en condición suprema, demostrando al mismo tiempo, la debilidad, subordinación e inoperancia de la estructura gubernamental y, naturalmente, la soberanía civil.