Los avances en derechos humanos que nadie ve en Honduras por Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso

Días después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluara la situación de derechos humanos en Honduras a través del Examen Periódico Universal, los grandes medios de comunicación han hecho eco de las declaraciones triunfalistas de algunos funcionarios del régimen hondureño.

En este sentido, señalan que el gobierno de Lobo Sosa ha salido aprobado en dicho examen pues demostraron ante el mundo los grandes avances que se han logrado en materia de derechos humanos. También manifiestan su satisfacción porque de las 129 recomendaciones recibidas por el Consejo, 116 ya se encuentran implementadas o en proceso de implementación.
No obstante, de la lectura de las recomendaciones publicadas en la página electrónica del Consejo y de una simple mirada a la realidad hondureña, se puede constatar que si fuera cierto que tales recomendaciones ya están implementadas, el país no continuaría por el camino de la exclusión, la impunidad, la violencia y la corrupción al que nos sigue conduciendo la clase política tradicional.
Para poner ejemplos, mientras el Consejo de Derechos Humanos recomienda al Estado hondureño poner fin a las torturas, detenciones ilegales y uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, la policía reprimió violentamente a los pobladores de la colonia Oscar A. Flores de Tegucigalpa mientras hacían uso de su derecho a manifestarse pacíficamente. Y el fin de semana la policía de Juan Pueblo en Atlántida detuvo ilegalmente al abogado Martín Fernández, líder reconocido por su lucha contra la privatización de los ríos.
Mientras el Consejo de Derechos Humanos recomienda al Estado hondureño investigar e identificar a los responsables policiales, civiles y militares de las violaciones a los derechos humanos a partir del golpe de Estado para que sean juzgados y sancionados, durante este gobierno se les declara héroes nacionales, se les promueve profesionalmente y se les nombra en puestos importantes de varias instituciones claves del Estado.
Ya que los representantes del gobierno de Lobo Sosa insisten en que han avanzado en materia de derechos humanos, deberían explicar a qué se refieren pues progresar en ello implicaría poner fin a la impunidad, tal y como lo ha recomendado el Consejo, lo cual es un requisito esencial para poder caminar hacia una verdadera reconciliación nacional. Aunque el gobierno insista en unos logros y avances que nadie más ve, las víctimas siguen esperando que se destituyan a los funcionarios civiles y militares que participaron en el golpe de Estado y sobre todo, que se den pasos efectivos para juzgarlos y condenarlos.