Las represalias diplomáticas impuestas a Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 son parte del castigo que suele aplicarse por contravenir las normas democráticas del mundo civilizado. Muchos cuestionan dichas penalizaciones argumentando que éstas castigan a las poblaciones y no a los gobiernos. Sin embargo, sólo los ciegos -o los interesados- no reconocen que, hasta hoy, son las únicas medidas legítimas para sancionar las violaciones a los derechos humanos de los pueblos.
La condena internacional es impuesta por los organismos internacionales (ONU, OEA, SICA) tras el análisis de diferentes versiones de los delitos contra la democracia y, por supuesto, contra los derechos humanos. En su seno se escucha a los diversos actores. Para muestra un botón: uno de los mecanismos creados por la ONU con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia de DD HH por parte de los Estados se denomina Examen Periódico Universal (EPU). El EPU surgió mediante una resolución de la Asamblea General 60/251 que creó el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Entonces se resolvió que el Consejo “realizará un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por parte de cada Estado Miembro de la ONU, de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; el examen es un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena las organizaciones de la Sociedad Civil del país de que se trate y del Estado mismo, teniendo en consideración sus necesidades de fomento de las capacidades de los Estados examinados; dicho mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados”.
El Estado de Honduras enfrentará el Examen Periódico Universal el próximo 4 de noviembre. Esa evaluación la realizará la Organización de la Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos. Gracias a la resolución 5/1 se garantiza la participación de todas las partes interesadas y pertinentes en el proceso. Así, pues, está contemplado que en cada etapa participen las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, las/os defensoras/es de los derechos humanos, las instituciones académicas y de investigación.
Debido a que entre los objetivos del EPU se destacan, en primer lugar, la búsqueda del mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el país, el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta, varias instituciones de la sociedad civil se han organizado para ser participantes independientes en el mismo y se han llamado Grupo Estratégico EPU-Honduras. Entre estos organismos destaca el Comité Por la Libre Expresión (C-Libre), miembro de la prestigiosa red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Red Lésbica Cattrachas, Foro Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Frente de Abogados(as) en Resistencia, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemuh), la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), PLAN Internacional Honduras, entre otros.
Estas organizaciones han preparado información creíble y fidedigna, en su calidad de interlocutores pertinentes en el proceso del examen periódico universal, lo que también considerará el Consejo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparará un resumen de dicha información, la cual incluirá recomendaciones a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El GE-EPU aboga no sólo por sanciones inteligentes que afecten directamente a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, sino porque se brinde la asistencia técnica al Estado para lograr el cese efectivo a la impunidad, porque se impulsen las reformas integrales de la legislación que regula el sector de telecomunicaciones a fin de democratizar los medios.
Convencidos de que sólo así se construye una sociedad democrática, participativa e incluyente, es de esperar que se recomienden medidas para lograr un efectivo intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados.
En esencia, las organizaciones del GE-EPU buscan la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos a través del fomento de la plena colaboración y el compromiso del Estado hondureño con el Consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De ello depende, no cabe la menor duda, el urgente retorno de Honduras al sistema de los organismos internacionales.
Contacto: gloriaavelos@gmail.com
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