Plebiscito y constituyente

En la consulta del presidente Lobo Sosa para darle una salida a la crisis política, el sector empresarial alineado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) persiste en su negación a la consulta popular, especialmente en lo relacionado con la convocatoria del poder constituyente.

Trata de fingir, eso sí, una apertura a la ampliación de las aplicaciones del plebiscito y el referéndum, pero manteniendo su cerrazón sobre el tema de la asamblea constituyente, pero, en cambio, dándole preferencia a estas figuras para el propósito de derogar el Estatuto del Docente y el retiro de Honduras del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Salta la vista que la finalidad de este planteamiento es dejar la falsa impresión de un cambio de posición, aunque en realidad sea lo contrario, lo que viene a demostrar que este sector de la empresa privada –el mismo que fue partícipe del golpe de Estado del 28 de junio/09—no ha sacado provecho de esa trágica lección, o que sigue creyendo en la sostenibilidad, a mediano y largo plazo, del sistema político y económico que le garantiza sus intereses y su exclusividad elitista.

Como puede apreciarse, la propuesta de abrir el plebiscito para la derogación del Estatuto del Docente y para sacar a Honduras del sistema político de la integración centroamericana, es formulada con criterios sectarios de muy bajo nivel, sin discernir objetivamente las consecuencias de esta actitud en lo concerniente a la paz social y al necesario avance del proceso de la integración regional.

Esto es así porque la amenaza contra el Estatuto del Docente tiene el sentido de una represalia contra el gremio magisterial por su decisiva participación en las jornadas de repudio al golpe de Estado y en la estructuración del Frente Nacional de Resistencia, lo mismo que por la incorporación del ex-presidente Zelaya Rosales al PARLACEN, de conformidad con lo establecido en el Tratado Constitutivo de este organismo de la integración política centroamericana.

Para colmo, las argumentaciones para respaldar su aversión a la consulta popular directa respecto a la asamblea constituyente lucen infantiles y nada ingeniosas, al grado de que desmerecen la imagen de las organizaciones emblemáticas del sector empresarial hondureño que se supone el mejor informado y más educado.

En efecto, decir que el poder constituyente no puede ser convocado en Honduras porque el pueblo hondureño no sabe qué es eso, resulta hasta ofensivo por sus connotaciones feudales, pero sobre todo porque se trata de ignorar que en nuestro país el poder constituyente ha sido convocado en muchas ocasiones, precisamente para subsanar –con éxito—los estragos políticos, económicos y sociales causados por el rompimiento del orden constitucional.

Y eso de decir que a los hondureños no les interesa la consulta popular directa, y, mucho menos, las reformas constitucionales o una nueva Constitución porque la gente “no come Constitución” y lo que demanda es empleo, francamente pone en evidencia la pobreza de criterio y la ignorancia supina de los valores que dan sustento a la democracia, a la convivencia social y a la existencia del ser nacional.