La Fiscal de Defensa de Derechos Humanos, Sandra Ponce Jueces basan fallos en teoría de la sucesión constitucional

La Fiscal de Defensa de Derechos Humanos, Sandra Ponce, a cargo del ejercicio de la acción penal en los casos de violaciones a las garantías constitucionales tras el golpe de Estado del 2009, dijo ayer que los fallos judiciales sobre las acusaciones interpuestas por su despacho, están basados en la teoría de la sucesión constitucional.


La acusadora pública de mayor notoriedad después del histórico 28 de junio del 2009, volvió a encontrarse ayer con un pararrayos luego que un tribunal de alzada otorgara sobreseimiento definitivo otorgado ayer a ex directivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que ejecutaron el cierre de medios de comunicación el año pasado.


Sandra Ponce, refugio de las víctimas por las violaciones de los derechos humanos que heredó la crisis política hondureña, lamentó que los jueces estén aplicando la amnistía en los delitos que ella persigue, a pesar –dice– que éstos están fuera de ese marco legal aprobado por el llamado Gobierno de Reconciliación Nacional.


TIEMPO sostuvo ayer una entrevista con la fiscal Ponce sobre estos aspectos y otros relacionados con su labor, que se ha intensificado en los últimos meses. En la plática habló de su viaje a Ginebra, Suiza, donde se someterá al “examen periódico” del país en derechos humanos. También nos cuenta cómo es su relación con el fiscal general, Luis Rubí.

¿Qué estará pasando en los tribunales?
En los cierres de medios de comunicación los jueces que han desechado las causas basan sus decisiones sustentados en un decreto que suspendía las garantías constitucionales, aunque es un decreto emitido por un régimen que no se le reconoce legitimidad por instancias de derechos humanos internacionales, pero nuestros jueces atienden aquella concepción que hubo una sucesión constitucional legal, por lo que para ellos las acciones fueron legítimas.


¿Hay presiones sobre los jueces?
Está influyendo en las decisiones judiciales la posición que tenga (el imputado) y sabemos que es complicado para los jueces porque se han despedido jueces que han tenido ideas distintas a las aparentemente institucionales.


¿Ya podemos hacer un recuento de las acciones ejecutadas por su Fiscalía?
Hemos presentado 22 requerimientos fiscales que parecen pocos, pero hay que considerar el escenario donde estamos, porque quienes han sido señalados como protagonistas del golpe están en posiciones de influencia en el Estado, aún así es un resultado significativo.


¿Cuál es el caso en el que más dificultades han surgido?
El más emblemático es el del joven Isis Obed Murillo que murió por arma de fuego del Ejército o por lo menos un arma similar. Las investigaciones apuntan que quien disparó estaba en la pista donde estaban los militares por lo que la Fiscalía tiene como hipótesis única que la muerte de este joven se puede adjudicar a un elemento de las Fuerzas Armadas.


¿Existe colaboración de las autoridades para investigar?
Este es un caso importante, pero complejo, ya que intervinieron más de mil elementos militares y en el momento que se iniciaron las investigaciones no hubo colaboración por parte de las autoridades de Defensa para transmitir las armas e informes. Esto ha cambiado con el nuevo gobierno, pero han existido dificultades para individualizar quién fue la persona que disparó.


Le aprobaron por el Congreso 31 millones de lempiras. ¿Para qué los necesita?
Siempre hemos carecido de recursos financieros, logísticos y somos los que menos presupuesto hemos tenido. La disposición es que los fondos tienen que ser invertidos en la Fiscalía de Derechos Humanos en cuanto a logística, capacitación y para reclutar a unas 20 personas que se encargarán de las investigaciones.


¿Tiene el respaldo del fiscal general, Luis Rubí, en su trabajo?
Con no interferir en las investigaciones ya es un apoyo importante dejando que la Fiscalía le dé curso a las investigaciones. Es un aporte valioso.


Hay quienes critican su cercana relación con Ana Pineda, comisionada presidencial en materia de derechos humanos. ¿Qué les contesta?
Somos profesionales del derecho con vocación a la defensa de los derechos humanos y nos une un compromiso con esa causa. La vida nos ha juntado en un camino donde el país requiere compromisos y capacidades. No hay nada turbio en nuestra relación y no tenemos pactos, sino una alianza estratégica para proteger los derechos humanos.


¿Informará en Ginebra lo ocurrido durante y después del golpe de Estado en cuanto a violaciones de derechos humanos?
Tendré la posibilidad de exponer qué hace el Estado para favorecer a todos los grupos poblacionales y habrá un momento que los países plantearán preguntas y es en ese espacio que la Fiscalía tendrá que informar qué ha hecho.


FRASES
“No tengo ambiciones, seguiré siendo defensora de derechos humanos desde cualquier posición en que esté”: Sandra Ponce.

“Creo que ya estoy algo mayor y no soy ingenua. Tengo mi agenda y no siento que esté siendo utilizada”.

“Defenderemos los derechos de quienes son reprimidos por el poder, indistintamente del color de camisetas que tengan”.

TIEMPO