Para que Honduras vuelva al sistema interamericano, luego que fuera expulsada en julio del año anterior de la OEA, el gobierno tiene la obligación de suspender la persecución contra Manuel Zelaya porque son de carácter político, así como enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del crimen constitucional.
La cúpula militar que perpetró el golpe de Estado, tiene las horas contadas. Así lo ha dejado entrever el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Manuel Martínez Silva, al expresar que “aún (el tema de la anterior Junta de Comandantes) no es un caso cerrado. Hay muchas instancias a seguir”.
La reapertura del juicio contra los militares, surge en el contexto en que el máximo tribunal de justicia del país, dejaría sin valor ni efecto las acusaciones contra el ex Presidente Manuel Zelaya, por tener vicios de nulidad, así como “requisito previo para readmitir Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
La cúpula fue enjuiciada a finales de 2009, por el delito de expatriación contra Zelaya, siendo absueltos por el presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilés, por “carecer” de elementos para apresarlos. Sin embargo, hasta la fecha no hay requerimientos fiscales contra ellos, por los delitos de lesa humanidad y traición a la patria que ha costado la vida a más de 170 hondureños, 54 mujeres ultrajadas sexualmente y más de 5000 violaciones a los derechos humanos.
Para que Honduras vuelva al sistema interamericano, luego que fuera expulsada en julio del año anterior de la OEA, el gobierno tiene la obligación de suspender la persecución contra Manuel Zelaya porque son de carácter político, así como enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, cometido el 28 de junio de 2009.
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