Honduras pretendió sorprender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH

Estado de Honduras pretendió sorprender a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al señalar que los asesinatos de periodistas no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión y que los casos están en secretividad porque hay personas del crimen organizado involucradas, en una audiencia en Washington realizada este lunes 25 de octubre.

Ante la solidez de los argumentos de los peticionarios, personeros del Estado trataron de mandar un mensaje deslegitimador de la labor de los periodistas y la represión de que son víctimas hasta llegar a matarlos , nueve de ellos han sido asesinados desde la llegada del régimen de Porfirio Lobo Sosa.
En la audiencia denominada Actualización de la situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, las organizaciones de sociedad civil destacaron la impunidad en los asesinatos de periodistas; la falta de investigación sobre las amenazas contra comunicadores y medios de comunicación, así como la violación flagrante a los convenios internacionales al existir un monopolio en el uso de las frecuencias.
La audiencia fue solicitada por La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC; EL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL e International Media Support, IMS.
También participaron en la reunión por parte de las organizaciones: Alejandra Nuño y Marcia Aguiluz, por CEJIL, Ricardo González de Artículo 19, Kenia Oliva de COFADEH, Lucy Mendoza de ERIC, Robert Show del IMS y Aleyda Callejas, directora de legislaciones y derecho a la comunicación, de AMARC.
Una delegación conformada por representantes de AMARC, Artículo 19 e IMS, se desplazaron a Honduras del 24 de agosto al 02 de septiembre con el objetivo de verificar la situación de la libertad de expresión, debido al alto índice de muertes de periodistas, amenazas contra estos y medios de comunicación.
Ricardo González de Artículo 19, destacó ante los comisionados de la CIDH que la situación sobre la libertad de expresión en Honduras, lejos de haber mejorado está empeorando. Solamente en este año tenemos nueve asesinatos de periodistas que permanecen en completa impunidad por la negligencia y falta de diligencia con las que se han integrado las averiguaciones previas.

Caso Nahúm Palacios

“Nos centraremos en el caso de Nahúm Palacios, que fue asesinado el marzo pasado, gozaba de medidas cautelares por parte de la CIDH, pero él nunca fue contactado , hemos podido encontrar una serie de omisiones en este caso, entre ellas, la contaminación de la escena del crimen, a pesar que los hechos ocurrieron a seis cuadras de la policía.
Los familiares de Nahúm han informado que hace poco encontraron un casquillo de bala, eso denota el manejo que se le ha dado a la evidencia, la causa de muerte fue finalmente reconocida dos meses después para lo que debió exhumarse el cuerpo, las autoridades dijeron que los familiares habían estado en desacuerdo que se hiciera la autopsia, pero eso es totalmente falso.
El Estado ha fallado en otorgar protección a testigos y colegas de Nahúm, el canal en el que laboraba ha dejado de transmitir y varios colaboradores de Nahúm han tenido que emigrar de la zona por temor a correr la misma suerte o algún ser víctima de algún tipo de agresión producto de las investigaciones.
Represión contra El Libertador
A partir del golpe de Estado el periódico El Libertador tiene una situación de vulnerabilidad “hemos podido constatar personalmente el acoso del que han sido víctimas , entre ellos seguimientos e intimidación que han tenido una periodicidad y que tienen que ver en muchos casos con el tipo de información que publican o cuando se generan conflictos sociales, dijo el delegado de Artìculo 19.
Las amenazas no solo son en las oficinas del periódico sino a la gente que trabaja allí se le incrementan las amenazas cuando hay conflictos sociales como del Aguán y del magisterio, ha habido una serie de actos de hostigamientos contra ese medio.
También se detalla el asalto de que fue víctima el medio en diciembre del año pasado cuando hombres armados entraron al periódico encerrando a las personas en el baño y haciendo tocamientos indebidos a una de las periodistas.
Está el caso de René Novoa , de este periódico quien fue sacado de un taxi en el que se conducía por militares y policías le propinaron una golpiza y varias horas después lo dejaron en libertad, dijo Gonzalez en el relato ante la CIDH
Estos casos no tienen una denuncia formal porque los colaboradores del medio dicen que no hay condiciones de seguridad y la denuncia podría ponerlos en mayor riesgo.

Radio Coco Dulce

En relación la radio Coco Dulce, la delegación recordó a la CIDH que ésta fue incendiada a pesar que la emisora tiene medidas cautelares y fueron consensuadas en abril de este año.
Pudimos estar en la localidad de Tela para verificar que estas medidas estaban implementadas y còmo estaba la investigación. Solo se hicieron los primeros patrullajes y después no ha habido ninguna protección.
El expediente no tiene avances en la investigación, solo hay un peritaje que se hizo al día siguiente del incendio de la emisora, al preguntar a las autoridades porque no hay avances nos dijeron que no existen las condiciones porque el personal cambia constantemente, además encontramos grandes diferencias entre el expediente que maneja el MP y el de la policía de investigación criminal donde incluso están desaparecidas las fotografías que pueden constatar cómo quedó la emisora.
Esta emisora está teniendo amenazas de muerte, los compañeros de la radio siguen siendo víctima de amenazas cuando transmiten, les dicen que si siguen hablando de las tierras les va a ir muy mal, pero han querido hacer la denuncia ante la fiscalía y los dejan esperar un día completo para que los atiendan por tanto esas denuncias no están puestas porque no hay apertura por parte de las autoridades.
Lo que podemos ver en el caso de Coco Dulce es un expediente parado y ausencia total de la implementación de las medidas cautelares a pesar del inminente riesgo para sus miembros.
Radio Progreso
El otro caso que hemos podido constatar es el de Radio Progreso que fue cerrado el 28 de junio del año pasado por el ejército, es una emisora que tiene medidas cautelares pero no han sido implementadas completamente a pesar que ya hay otro caso de amenazas vía celular en los últimos días.
En el caso de Radio Progreso además en los últimos tiempos no se ha consensuado con los beneficiarios, a través de CEJIL, la Comisión ha recibido información detallada sobre la situación sobre medidas cautelares y amenazas que han sido objeto.
Con respecto al juicio que se siguió por el cierre de Radio Progreso, el Juez sobreseyó el caso aduciendo que de todas maneras la radio iba a cerrar antes de que fuera tomada por el ejército, cuando en realidad la radio iba a dejar una programación automatizada para regresar en cualquier momento. Se interpuso un recurso de apelación sin que se tenga respuestas hasta ahora.
Las medidas cautelares han sido implementadas de manera parcial y en el caso de que se llame al teléfono de enlace este no es contestado y no se puede hacer una llamada directa porque no hay línea.

La Voz de Zacate Grande

La delegación también expuso el caso de la Radio la Voz de Zacate Grande que empezó a transmitir desde abril de 2010, esta radio tiene un litigio de tierras desde hace mucho tiempo con un conocido acaparador de tierras y tienen un juicio en los tribunales.
Según se detalló ante la CIDH la comunidad de Puerto Grande abrió la emisora con la intención de seguir defendiendo el derecho a la tierra, pero a partir de allí empezaron una serie de acciones penales contra los líderes de la emisora y del Movimiento por la Recuperación de la Tierra a quienes se les acusa de usurpación de tierras, daño ambiental y de defraudación fiscal, este último delito fue sobreseído, pero no se ha logrado resolver el tema de fondo que es el acceso a la tierra.
La información que recibió la delegación que vino a Honduras en septiembre pasado por la directora de Fiscales es que las demandas por usurpación de tierras son ilegales mientras exista un litigio y no se puede hacer denuncias penales contra las personas que están en el mismo.
“Lo que queremos destacar es que esas denuncias penales se intensificaron de manera importante desde que la comunidad abrió la emisora, lo que se está haciendo es la estrategia de utilizar la vía penal para evitar que la emisora siga transmitiendo”, destacó la delegación ante la CIDH.
También denunciaron ante la Comisión que en julio cerca de 100 policías llegaron a la radio y colocaron una cinta amarilla que decía escena del crimen y trataron de cerrar la radio, “cuando eso es una invasión de funciones ya que el tema de la transmisión le corresponde a CONATEL y no a la policía”.
En agosto hubo un enfrentamiento entre los pobladores y la policía que estaba allí no se hizo nada, una de las locutoras de la radio tuvo que ser llevada a un hospital donde le hicieron 11 puntos al ser agredida por los adversarios.
Denunciaron que la Ley de Telecomunicaciones es violatoria de los estándares internacionales sobre libertad de expresión ya que el uso de las frecuencias es esencialmente por la vía económica.

Represión genera autocensura por temor

“En general hay una condición de mucha vulnerabilidad, de mucho miedo, en especial aquellas emisoras que han sido agredidas, lo que genera una condición de autocensura de no querer abordar algunos temas por miedo a las represalias”, destacaron.
Para las organizaciones presentes ante la CIDH lo que permea es una ausencia en los avances de las investigaciones sobre asesinatos de periodistas y amenazas contra medios de comunicación, que va en contravención con la Libertad de Expresión la cual es pilar fundamental de las democracias, tal como lo ha señalado la CIDH.
En la audiencia estaban presentes representantes del Ministerio Público y la Policía que trataron de deslegitimar la labor de los periodistas asesinados, argumentando que eso no solo se da en Honduras sino en todo el mundo y que los casos estaban en la Fiscalía de Delitos Comunes puesto que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión.
Estos funcionarios públicos con mucho descaro siguieron nombrando el golpe de Estado como sucesión constitucional y manifestaron que “en el caso que sucedió el 28 de junio con la sucesión presidencial, el cierre de Radio Progreso, fue de acuerdo al decreto efectuado en consejo de ministros y eso lo avala la Constitución de la República”.
Sobre el uso de las frecuencias los personeros del régimen trataron de desvirtuar que hay concentración de las frecuencias en unos pocos.
Los deberes que tiene el Estado en el derecho internacional no se restringe a que sean sus agentes los involucrados sino que debe incorporarse la prevención para evitar que estos hechos continúen y que haya aquiescencia del Estado con otros agentes o personas, dijo el presidente del la CIDH, Felipe Gonzalez.
La información que maneja la Relatoría de Libertad de Expresión de nueve casos, ocho tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Cuando nosotros estuvimos en la visita in loco en este año, la Secretaría de Seguridad nos dijo que los casos tenían que ver con delitos comunes, nosotros les dijimos que era muy grave afirmar eso sin proporcionar ningún tipo de antecedentes, dijo en forma contundente González..
Estado manda mensaje descalificador hacia los periodistas asesinados
“Lo que aquí reproducen los agentes del Estado es lo que hacen los máximos representantes del Estado en relación con los crímenes contra periodistas, constituye un patrón que unas horas después de haber sido asesinado un periodista, el ministro de Seguridad o algunas de la alta jerarquía de la policía dicen que los crímenes no tienen relación con el ejercicio de la profesión y ese mensaje es el que nos vienen a dar hoy los representantes del Estado”, refirió la abogada Marcia Aguiluz de CEJIL ante una actitud cínica de los delegados estatales.
Es un mensaje descalificar que inmediatamente los asesinatos se relacionan con crímenes comunes y que las personas estaban involucradas en un hecho turbio o que son crímenes pasionales, y además que se mantiene en secretividad el caso para que nadie tenga acceso al mismo sin que se tenga una explicación fehaciente de las hipótesis investigadas por el Estado, recalcò Aguiluz.
“Por otro lado tengo que señalarlo aquí que es muy frustrante escuchar a los agentes del Estado llamar sucesión constitucional lo que fue un golpe de Estado , es muy frustrante que descalifiquen así el informe de la Comisión de los hechos del 28 de junio , porque entonces si no hay un reconocimiento de lo que ocurrió , si no hay un reconocimiento de los que significa la libertad de expresión para una verdadera democracia, cómo avanzar hacia lo mínimo, se habla del cierre de Radio Progreso ahora vienen a justificarnos que se cerró por un decreto que emitió el gobierno de facto, sinceramente tengo que decirlo con muchísima vehemencia que si queremos avanzar en un diálogo constructivo debe demostrarse una mejor voluntad ”.
Kenia Oliva denunció que el COFADEH llamó insistentemente a la Secretaría de Seguridad para que se implementaran las medidas cautelares a la Radio Coco Dulce, y un fiscal se negó a dar un informe para el peticionario que es Alfredo López.. Sobre Zacate Grande, dijo que La Voz de Zacate Grande se creó justo por la falta de información.
En relación a Radio Uno se mencionó que ha sufrido varios sabotajes al fluido eléctrico y a las líneas telefónicas y la policía lanzó el 15 de septiembre bombas lacrimógenas, a las instalaciones donde había menores de edad y una sola salida para escapar de los gases tóxicos. Hay tres casos confirmados de periodistas asesinados que según Artículo 19 tienen que ver con el ejercicio de la profesión.