Relatores de la ONU califican destitución de jueces contra el golpe como “mensaje intimidatorio”

Asimismo, los especialistas de esa organización internacional consideran la separación del cargo de los profesionales del Derecho, no tiene fundamento legal y tan sólo persigue que otras autoridades judiciales “se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades”.


Tegucigalpa. La destitución de los jueces y la magistrada opuestos al régimen dictatorial que desde junio de 2009 secuestró el país, ha sido calificada como “un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados”, por los tres relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los relatores de Libertad de Expresión, Frank La Rue, de Independencia de Jueces, Gabriela Knaul, y de Defensores de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, consideraron este viernes (30 de julio de 2010), mediante un comunicado, que la destitución puede amedrentar a otras autoridades judiciales “para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales”.

Esto representaría –prosigue el texto– un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños, así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos.

El pasado 18 de junio el pleno de magistrados de la Suprema Corte de Justicia (CSJ), decidió expulsar a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez, Ramón Enrique Barrios y a la magistrada Tirza Flores por “incumplimiento o violaciones graves de sus deberes”.

El “incumplimiento” al que refiere la Corte Suprema, no es más que la negativa de los togados a participar en una “protesta” pro legitimación del régimen de facto, conocida como “la marcha de las camisetas blancas”.

Por esa razón, los especialistas de la ONU concluyeron que la medida es inapropiada, ya que “a los jueces sólo se les puede destituir por razones graves de mala conducta o incompetencia, conformes a procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad”.

En fecha reciente, trascendió que el pleno de magistrados despedirá a personal administrativo de bajo rango que estuvo “implicado” en la elaboración y distribución del comunicado, por “promover actividades de índole político”.