WASHINGTON, AFP.- Los juicios contra el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe, deberían ser eliminados para abrir el camino al retorno de Honduras a la OEA, estimó la comisión que estudia la reincorporación de ese país, en un informe divulgado ayer.
La comisión, que se entrevistó con Zelaya y el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, entregó el jueves su informe y ahora la organización debe llamar a una Asamblea General para estudiar sus conclusiones y decidir el eventual retorno de Honduras, expulsada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
"La comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto" contra Zelaya "y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras", indicó el informe, que también recomienda mejorar la situación de los derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que encabezó la comisión, ha señalado que uno de los principales obstáculos para el regreso de Honduras es la imposibilidad de Zelaya, asilado en República Dominicana, de volver a su país.
La comisión aseguró que los juicios abiertos contra Zelaya durante el golpe de Estado, bajo cargos de traición a la patria y abuso de autoridad, entre otros, se dieron "cuando se vivía una situación de ruptura constitucional" y son percibidos como "políticamente motivados".
Zelaya fue derrocado en junio de 2009, cuando intentaba realizar una consulta -que había sido declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para poder ser reelecto.
Tras las negociaciones entre el gobierno de Lobo y Zelaya, la comisión recomienda que los juicios sean declarados nulos luego de que un abogado del segundo así lo solicite, o que sean congelados mientras sesiona la Comisión de la Verdad, que estudia los hechos del golpe.
Lobo tiene disposición de otorgar a Zelaya protección como ex presidente, resaltó la comisión, conformada durante la última Asamblea General de la OEA en Perú a principios de junio.
RECONOCIMIENTOS A LOBO
Asimismo, la comisión constató que Lobo ha avanzado en el cumplimiento de los derechos humanos, pero su gobierno debe impulsar las investigaciones de asesinatos de personas desde el golpe, así como proteger y evitar el hostigamiento de periodistas, defensores de DDHH y periodistas.
Insulza y algunos países, liderados por Estados Unidos, defienden el retorno de Honduras a la organización, pero varios otros países siguen oponiéndose, porque consideran que aún no se ha restablecido completamente el Estado de derecho.
CÓMO ARMARON EL INFORME
1.- La comisión recibió documentos y escuchó al representante del gobierno de Honduras, Arturo Corrales Álvarez, el 18 y 23 de junio, y analizó el informe jurídico que entregaron al presidente del Comité Jurídico Interamericano, Guillermo Fernández de Soto.
2.- Fernández, junto con otros personajes, viajó a Honduras el 25 y 26 de junio para recabar información in situ, sobre la situación jurídica del ex presidente Zelaya Rosales.
3.- Asimismo, la Comisión recibió un informe del secretario general y del titular de Asuntos Políticos, Víctor Rico, sobre la reunión sostenida con Zelaya Rosales y sus representantes: Jorge Arturo Reina y Rodolfo Pastor Fasquelle, En Santo Domingo, República Dominicana, el uno y dos de julio anterior.
4.- El 5 de julio anterior la comisión también se entrevistó con el presidente Porfirio Lobo Sosa, en Miami, Florida.
5.- El 16 de julio la comisión se entrevistó también con el presidente de la CIDH, Felipe González, y el secretario ejecutivo de esa dependencia, Gustavo Canto, así como con la relatora especial de la libertad de expresión, Catalina Botero, sobre las acciones que el gobierno de Honduras debería levar a cabo para mejorar la situación en ese aspecto crucial.
6.- El 12 de julio Rodolfo Pastor Fasquelle envió un documento a la comisión suscrito a nombre de Zelaya Rosales. Días antes la Comisión planteó a Zelaya la posibilidad de que un apoderado legal lo representara en los dos juicios que tiene pendientes, a lo que el ex presidente le respondió que no porque eso sería como reconocer la institucionalidad de un Poder Judicial que no actuó en base a la ley.
7.- El 13 de julio recibió de nuevo a Corrales Álvarez, quien entregó documentos más completos sobre los juicios que involucran al ex presidente Zelaya.
8.- El 15 de julio el Secretario General se reunió con el presidente del Ecuador y titular pro tempore de la Unasur, Rafael Correa, para conversar sobre el trabajo de la comisión de alto nivel. Correa le planteó su fuerte oposición a un eventual retorno de Honduras a la OEA, mientras permaneciera una situación de impunidad de los responsables del golpe de Estado, especialmente en lo referente a abusos de los derechos humanos.
9.- El 21 de julio el Secretario General dio cuenta a la comisión de su asistencia a la cumbre extraordinaria del SICA que se celebró en San Salvador el 20 de julio, fecha en que los presidentes que llegaron a la reunión pidieron el regreso de Honduras a la OEA.
10.- El 22 de julio, la comisión recibió a la ministra asesora en materia de derechos humanos, Ana Pineda, y a la fiscal especial de ese renglón del Ministerio Público, Sandra Ponce, quienes informaron extensamente sobre su trabajo y la situación actual de derechos humanos de Honduras.
11.- Las funcionarias hicieron entrega de dos documentos, incluyendo un resumen con información general sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos que el Ministerio Público recibió después del golpe de Estado y un documento de casos específicos sobre violación a la libertad de expresión así como casos de corrupción que tuvieron lugar en el régimen de facto.
Las conclusiones
1.- La comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. Para adoptar esta recomendación, la comisión ha considerado que, si bien los dos procesos que quedan pendientes en contra del ex presidente Zelaya corresponden a hechos ocurridos con mucha anterioridad al golpe de Estado, estos procesos y la acción de la Fiscalía recién fueron formalizados después de que el ex presidente Zelaya fuera derrocado de sus funciones como mandatario del país, al mismo tiempo que se presentaban en su contra acusaciones tales como la traición a la patria, abuso de autoridad y otras, en medio del clima político negativo que siguió al golpe de Estado. Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional la cual no es posible ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas.
2.- La comisión resalta la disposición del presidente Porfirio Lobo para otorgar al ex presidente Zelaya la protección a que tienen derecho los ex Presidentes de la República en territorio hondureño y recomienda que la misma se ponga en práctica una vez que el ex presidente Zelaya retorne a su país.
3.- Se recomienda que el ex presidente Zelaya solicite a la Junta Directiva del PARLACEN su incorporación a dicho organismo. La comisión considera que dicha incorporación reconocería al ex presidente Zelaya su carácter como Presidente Constitucional de la República de Honduras previo al presidente Porfirio Lobo.
4.- La comisión considera que la colaboración prestada por el Gobierno de Honduras durante la visita de la CIDH el pasado mes de mayo, las comunicaciones enviadas por el presidente Lobo al Secretario General sobre esta materia, las medidas posteriores informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos y la presencia de un asesor externo para la investigación de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos entre otros, constituyen medidas positivas. Al mismo tiempo, la comisión reconoce la necesidad de acciones concretas de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH, en especial las siguientes:
a) El avance decidido en las investigaciones para esclarecer el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
b) La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado y la implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. La Comisión recibió la comunicación de la Ministra Asesora en Derechos Humanos informando que en la Secretaría de Seguridad se ha creado la Unidad de Derechos Humanos para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
c) Dotar a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a la defensa de los derechos humanos de los hondureños y a las medidas cautelares de la CIDH. La comisión ha conocido la carta enviada por la Ministra Asesora en Derechos Humanos en la cual informa sobre la decisión tomada por su Gobierno para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
d) El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión conoció de la creación de la Unidad de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones en esta materia.
e) El apoyo efectivo al trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y de la Oficina de la Ministra Asesora en Derechos Humanos. La comisión valora el trabajo que ambas instituciones realizan, pese a la precariedad de recursos financieros y humanos. Considera que ese trabajo puede tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos, si se les asignan los recursos necesarios para realizar un trabajo efectivo de vigilancia, protección y transformación del Estado hacia una cultura de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión conoció con satisfacción las propuestas del Gobierno hondureño para asignar recursos a estas instancias y apoyó su pronta implementación. Asimismo, conoció las solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la investigación de violaciones a los derechos humanos.
5.- La comisión considera que la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debe contar con el pleno apoyo y colaboración de todos los sectores de la sociedad hondureña para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009. La comisión toma nota con satisfacción de la disposición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
6.- La comisión toma nota de la disposición favorable del presidente Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, en el cual se discutan los temas de interés de todas las partes, con el objetivo de lograr la reconciliación de la sociedad hondureña. Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
7.- La comisión presenta este informe a la consideración de la Asamblea General para que ésta, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, adopte las decisiones que considere apropiadas con relación a la situación de Honduras.
La comisión, que se entrevistó con Zelaya y el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, entregó el jueves su informe y ahora la organización debe llamar a una Asamblea General para estudiar sus conclusiones y decidir el eventual retorno de Honduras, expulsada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
"La comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto" contra Zelaya "y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras", indicó el informe, que también recomienda mejorar la situación de los derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que encabezó la comisión, ha señalado que uno de los principales obstáculos para el regreso de Honduras es la imposibilidad de Zelaya, asilado en República Dominicana, de volver a su país.
La comisión aseguró que los juicios abiertos contra Zelaya durante el golpe de Estado, bajo cargos de traición a la patria y abuso de autoridad, entre otros, se dieron "cuando se vivía una situación de ruptura constitucional" y son percibidos como "políticamente motivados".
Zelaya fue derrocado en junio de 2009, cuando intentaba realizar una consulta -que había sido declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para poder ser reelecto.
Tras las negociaciones entre el gobierno de Lobo y Zelaya, la comisión recomienda que los juicios sean declarados nulos luego de que un abogado del segundo así lo solicite, o que sean congelados mientras sesiona la Comisión de la Verdad, que estudia los hechos del golpe.
Lobo tiene disposición de otorgar a Zelaya protección como ex presidente, resaltó la comisión, conformada durante la última Asamblea General de la OEA en Perú a principios de junio.
RECONOCIMIENTOS A LOBO
Asimismo, la comisión constató que Lobo ha avanzado en el cumplimiento de los derechos humanos, pero su gobierno debe impulsar las investigaciones de asesinatos de personas desde el golpe, así como proteger y evitar el hostigamiento de periodistas, defensores de DDHH y periodistas.
Insulza y algunos países, liderados por Estados Unidos, defienden el retorno de Honduras a la organización, pero varios otros países siguen oponiéndose, porque consideran que aún no se ha restablecido completamente el Estado de derecho.
CÓMO ARMARON EL INFORME
1.- La comisión recibió documentos y escuchó al representante del gobierno de Honduras, Arturo Corrales Álvarez, el 18 y 23 de junio, y analizó el informe jurídico que entregaron al presidente del Comité Jurídico Interamericano, Guillermo Fernández de Soto.
2.- Fernández, junto con otros personajes, viajó a Honduras el 25 y 26 de junio para recabar información in situ, sobre la situación jurídica del ex presidente Zelaya Rosales.
3.- Asimismo, la Comisión recibió un informe del secretario general y del titular de Asuntos Políticos, Víctor Rico, sobre la reunión sostenida con Zelaya Rosales y sus representantes: Jorge Arturo Reina y Rodolfo Pastor Fasquelle, En Santo Domingo, República Dominicana, el uno y dos de julio anterior.
4.- El 5 de julio anterior la comisión también se entrevistó con el presidente Porfirio Lobo Sosa, en Miami, Florida.
5.- El 16 de julio la comisión se entrevistó también con el presidente de la CIDH, Felipe González, y el secretario ejecutivo de esa dependencia, Gustavo Canto, así como con la relatora especial de la libertad de expresión, Catalina Botero, sobre las acciones que el gobierno de Honduras debería levar a cabo para mejorar la situación en ese aspecto crucial.
6.- El 12 de julio Rodolfo Pastor Fasquelle envió un documento a la comisión suscrito a nombre de Zelaya Rosales. Días antes la Comisión planteó a Zelaya la posibilidad de que un apoderado legal lo representara en los dos juicios que tiene pendientes, a lo que el ex presidente le respondió que no porque eso sería como reconocer la institucionalidad de un Poder Judicial que no actuó en base a la ley.
7.- El 13 de julio recibió de nuevo a Corrales Álvarez, quien entregó documentos más completos sobre los juicios que involucran al ex presidente Zelaya.
8.- El 15 de julio el Secretario General se reunió con el presidente del Ecuador y titular pro tempore de la Unasur, Rafael Correa, para conversar sobre el trabajo de la comisión de alto nivel. Correa le planteó su fuerte oposición a un eventual retorno de Honduras a la OEA, mientras permaneciera una situación de impunidad de los responsables del golpe de Estado, especialmente en lo referente a abusos de los derechos humanos.
9.- El 21 de julio el Secretario General dio cuenta a la comisión de su asistencia a la cumbre extraordinaria del SICA que se celebró en San Salvador el 20 de julio, fecha en que los presidentes que llegaron a la reunión pidieron el regreso de Honduras a la OEA.
10.- El 22 de julio, la comisión recibió a la ministra asesora en materia de derechos humanos, Ana Pineda, y a la fiscal especial de ese renglón del Ministerio Público, Sandra Ponce, quienes informaron extensamente sobre su trabajo y la situación actual de derechos humanos de Honduras.
11.- Las funcionarias hicieron entrega de dos documentos, incluyendo un resumen con información general sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos que el Ministerio Público recibió después del golpe de Estado y un documento de casos específicos sobre violación a la libertad de expresión así como casos de corrupción que tuvieron lugar en el régimen de facto.
Las conclusiones
1.- La comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. Para adoptar esta recomendación, la comisión ha considerado que, si bien los dos procesos que quedan pendientes en contra del ex presidente Zelaya corresponden a hechos ocurridos con mucha anterioridad al golpe de Estado, estos procesos y la acción de la Fiscalía recién fueron formalizados después de que el ex presidente Zelaya fuera derrocado de sus funciones como mandatario del país, al mismo tiempo que se presentaban en su contra acusaciones tales como la traición a la patria, abuso de autoridad y otras, en medio del clima político negativo que siguió al golpe de Estado. Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional la cual no es posible ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas.
2.- La comisión resalta la disposición del presidente Porfirio Lobo para otorgar al ex presidente Zelaya la protección a que tienen derecho los ex Presidentes de la República en territorio hondureño y recomienda que la misma se ponga en práctica una vez que el ex presidente Zelaya retorne a su país.
3.- Se recomienda que el ex presidente Zelaya solicite a la Junta Directiva del PARLACEN su incorporación a dicho organismo. La comisión considera que dicha incorporación reconocería al ex presidente Zelaya su carácter como Presidente Constitucional de la República de Honduras previo al presidente Porfirio Lobo.
4.- La comisión considera que la colaboración prestada por el Gobierno de Honduras durante la visita de la CIDH el pasado mes de mayo, las comunicaciones enviadas por el presidente Lobo al Secretario General sobre esta materia, las medidas posteriores informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos y la presencia de un asesor externo para la investigación de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos entre otros, constituyen medidas positivas. Al mismo tiempo, la comisión reconoce la necesidad de acciones concretas de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH, en especial las siguientes:
a) El avance decidido en las investigaciones para esclarecer el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
b) La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado y la implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. La Comisión recibió la comunicación de la Ministra Asesora en Derechos Humanos informando que en la Secretaría de Seguridad se ha creado la Unidad de Derechos Humanos para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
c) Dotar a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a la defensa de los derechos humanos de los hondureños y a las medidas cautelares de la CIDH. La comisión ha conocido la carta enviada por la Ministra Asesora en Derechos Humanos en la cual informa sobre la decisión tomada por su Gobierno para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
d) El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión conoció de la creación de la Unidad de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones en esta materia.
e) El apoyo efectivo al trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y de la Oficina de la Ministra Asesora en Derechos Humanos. La comisión valora el trabajo que ambas instituciones realizan, pese a la precariedad de recursos financieros y humanos. Considera que ese trabajo puede tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos, si se les asignan los recursos necesarios para realizar un trabajo efectivo de vigilancia, protección y transformación del Estado hacia una cultura de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión conoció con satisfacción las propuestas del Gobierno hondureño para asignar recursos a estas instancias y apoyó su pronta implementación. Asimismo, conoció las solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la investigación de violaciones a los derechos humanos.
5.- La comisión considera que la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debe contar con el pleno apoyo y colaboración de todos los sectores de la sociedad hondureña para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009. La comisión toma nota con satisfacción de la disposición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
6.- La comisión toma nota de la disposición favorable del presidente Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, en el cual se discutan los temas de interés de todas las partes, con el objetivo de lograr la reconciliación de la sociedad hondureña. Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
7.- La comisión presenta este informe a la consideración de la Asamblea General para que ésta, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, adopte las decisiones que considere apropiadas con relación a la situación de Honduras.
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