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lunes, 15 de marzo de 2010

Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas ONU abrirá investigación por violaciones de DD.HH. en Honduras


La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Naty Pillay, pidió abrir una investigación este lunes sobre la situación de los ciudadanos en Honduras luego del golpe del 28 de junio pasado para presentarlo ante la sede del Consejo del organismo internacional.

Pillary exigió un informe detallado que contenga los resultados de las violaciones a los derechos humanos en los días siguientes al golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, para iniciar los procesos judiciales respectivos.

La alta funcionaria pidió "que realicen investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe, en particular respecto de los casos de violación del derecho a la vida, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y violaciones, e inicien procedimientos judiciales contra quienes resulten responsables".

La intención de la responsable de derechos humanos de la ONU, asegura que la acción violenta a manos de los militares hondureños, generaron violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes".

Agregó que "las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales".

En este sentido, Pillary señaló la incompetencia de las autoridades de ese país para cumplir con el control del orden y dar legítimo lugar a las normas constitucionales.

Recordó que la ausencia de garantías no facilitó las obligaciones internacionales de Honduras y añadió que "considerando que sólo se registraron unos pocos casos de violencia de parte de los manifestantes, el peligro potencial no parece haber sido suficientemente grave como para justificar el estado de excepción".

La encargada de asuntos de derechos humanos incluyó entre las vulneraciones "la libertad de expresión, los derechos políticos y electorales, la tortura, la independencia del poder judicial, la ley de policía y convivencia social, y la ley de estado de sitio".

Naty Pillay recomendó a Tegucigalpa "establecer un mecanismo nacional independiente encargado de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".



teleSUR - Afp / dg - /IM

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