Prohíben a militares salir de Honduras

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, prohibió este jueves salir del país a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, al término de la audiencia por la expatriación del derrocado presidente, Manuel Zelaya, anunciaron fuentes judiciales.

El fiscal del caso, Marcio Cabañas, y los abogados defensores Dagoberto Mejía y Juan Carlos Sánchez confirmaron a periodistas que Rivera, quien es el juez especial en la causa contra los militares, también ordenó que los seis oficiales que integran la Junta se presenten a firmar todos los meses el libro de registro en la secretaría de la Corte.

Los seis oficiales son: el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes, respectivamente; además de los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Los militares fueron acusados el 6 de enero por el Ministerio Público de abuso de autoridad y expatriación. El periodista de la BBC, James Read, señala que la acusación de la Fiscalía se basa en que la Constitución hondureña prohíbe la expatriación de ciudadanos de ese país.

El fiscal Cabañas indicó que "el Ministerio Público todavía tiene (tiempo) para estudiar la medida y el término legal para poder interponer un recurso, si lo consideramos necesario" y dijo que espera que el juez ordene la detención de los imputados.

Los seis militares se abstuvieron de declarar "por estrategia" ante el juez pese a tratarse de una "audiencia de declaración de imputado", según le indicó el abogado Mejía a la agencia de noticias EFE.

"Diputado vitalicio"
Si bien la Fiscalía había solicitado la captura de los seis oficiales, el juez Riviera permitió que se presentaran voluntariamente a declarar a solicitud de la defensa.

Por su parte, el abogado Mejía aseguró que no tiene la esperanza de que eventualmente se decrete una amnistía política para los involucrados en el derrocamiento de Zelaya, decisión que el Congreso Nacional dejó para el futuro gobierno del electo presidente Porfirio Lobo, que asumirá el 27 de enero.

Mientras, organismos no gubernamentales aglutinados en la Plataforma de Derechos Humanos expresaron que la Corte Suprema ha dejado de ser garante de derecho por su "colusión" con los que dieron el golpe de Estado a Zelaya, y cuestionaron que su presidente sea el juez especial que lleve el proceso.

Se prevé que la próxima audiencia sea el jueves 21 de enero.

Anteriormente, el miércoles, el Congreso Nacional de Honduras declaró diputado vitalicio al presidente interino, Roberto Micheletti, en su última sesión de la legislatura, por su trayectoria de casi 28 años como legislador y su desempeño desde que asumió la Presidencia el 28 de junio.

BBC