La CIDH confirma en informe final violación sistemática de los DDHH

El gobierno de facto de Honduras ha violado sistemáticamente los derechos humanos, estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe sobre ese país, a una semana de la asunción del presidente electo Porfirio Lobo.

En el informe, que resume los acontecimientos desde el golpe de Estado del 28 de junio, la CIDH da cuenta de muertes por uso excesivo de la fuerza por parte de órganos de seguridad, represión, detenciones arbitrarias, tratos crueles, militarización y restricciones a la libertad de prensa.

La comisión, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que estas violaciones de los derechos humanos "son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional".

"El retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país", señaló el informe.

La CIDH recordó que hizo una visita a Honduras en agosto durante la cual pudo constatar las "graves violaciones a los derechos humanos".

La comisión se mostró preocupada toda vez que "las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de ese país niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune".

CONCLUSIONES
La CIDH dijo en sus conclusiones que pudo constatar que en Honduras, a partir del golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos 7 personas”, añadió tras hacer hincapié en que de acuerdo a la información recibida, no se observa que las investigaciones internas presenten avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de los responsables.

“Las agresiones tuvieron un impacto diferenciado en las mujeres, quienes en muchos casos fueron objeto de violencia sexual. Asimismo, otros grupos minoritarios, como los garífunas, los miembros de la comunidad gay y los extranjeros fueron objeto de prácticas discriminatorias”, agregó.

Otras conclusiones
graves vulneraciones a los derechos políticos, tales como el derecho a la participación política y el derecho a ejercer funciones públicas.
Los mecanismos de control implementados por las autoridades de facto y ejecutados por las fuerzas de seguridad pretendieron justificarse a la luz del estado de excepción, decretado ilegítimamente en el país.

Prohibición de las expresiones disidentes o críticas y la autorización para que las fuerzas de seguridad allanaran y decomisen equipos de transmisión cuando a juicio de las autoridades administrativas los medios incurrieran en las prohibiciones establecidas por las normas vigentes.

Violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, asociación, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las mujeres y grupos minoritarios.

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