La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy graves violaciones de los derechos humanos en Honduras, que incluyen muertes y torturas, desde que el golpe de Estado derrocara en junio pasado al presidente Manuel Zelaya.
La CIDH elaboró el informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado a raíz de la visita que efectuó a Honduras del 17 al 21 de agosto del año pasado, y aunque ya había presentado sus conclusiones preliminares en el país centroamericano, ahora publicó el documento final sobre las violaciones ocurridas después de derrocamiento de Zelaya, el pasado 28 de junio.
En su informe, la CIDH señala que ha habido al menos siete muertes por el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas, miles de detenciones arbitrarias, tratos crueles, tortura y abusos sexuales a los detenidos, y privación de los derechos de libertad de expresión y de asociación a los grupos disidentes.
La CIDH considera estas violaciones una "consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional", por lo que exigió el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras.
La Comisión constató en su visita que las detenciones "ilegales y arbitrarias" no contaron con procesos judiciales ni información sobre sus derechos o motivos de su detención.
En muchos casos, esto dificultó la ejecución de los recursos de hábeas corpus y facilitó violaciones a la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, especialmente los abusos sexuales contra las mujeres, según el informe.
Otras violaciones denunciadas se refieren a derechos políticos, a la integridad personal, al derecho de asociación, a la libertad personal y de expresión y a las garantías judiciales.
La CIDH elaboró el informe Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado a raíz de la visita que efectuó a Honduras del 17 al 21 de agosto del año pasado, y aunque ya había presentado sus conclusiones preliminares en el país centroamericano, ahora publicó el documento final sobre las violaciones ocurridas después de derrocamiento de Zelaya, el pasado 28 de junio.
En su informe, la CIDH señala que ha habido al menos siete muertes por el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas, miles de detenciones arbitrarias, tratos crueles, tortura y abusos sexuales a los detenidos, y privación de los derechos de libertad de expresión y de asociación a los grupos disidentes.
La CIDH considera estas violaciones una "consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional", por lo que exigió el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras.
La Comisión constató en su visita que las detenciones "ilegales y arbitrarias" no contaron con procesos judiciales ni información sobre sus derechos o motivos de su detención.
En muchos casos, esto dificultó la ejecución de los recursos de hábeas corpus y facilitó violaciones a la integridad física, psíquica y moral de los detenidos, especialmente los abusos sexuales contra las mujeres, según el informe.
Otras violaciones denunciadas se refieren a derechos políticos, a la integridad personal, al derecho de asociación, a la libertad personal y de expresión y a las garantías judiciales.
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