¿HASTA CUANDO?

La resolución que han aprobado los presidentes del Mercosur, desconociendo las elecciones presidenciales de Honduras, aparece a primera vista como lógica y coherente.

En efecto, si los acontecimientos ocurridos en ese país se califican como un golpe de Estado, que estableció un Gobierno de facto, si tal situación solo podía ser enmendada con la restitución del presidente Zelaya y si tal restitución no se ha producido ni antes ni después de las elecciones, todo este proceso es ilegítimo y, en consecuencia y sin más consideraciones, no puede reconocerse como válido el resultado de tales elecciones. Pero también se puede calificar a la resolución de simplista y hasta de ingenua. Tal vez con una aparente ingenuidad fríamente calculada.

Sin entrar a considerar los antecedentes del caso, de los que se ha prescindido con excesiva facilidad, la resolución del Mercosur, que probablemente será seguida por otros países, plantea varios interrogantes, para los que no se encuentra una respuesta.

La primera cuestión a dilucidar es la presumible prolongación indefinida de la medida. Si la condición indispensable del retorno de Zelaya a la Presidencia, a estas alturas, ya es imposible; si las elecciones ya no se repetirán; si el Gobierno del presidente electo se iniciará en enero y continuará por varios años, etcétera, etcétera, se concluye que los países del Mercosur y otros, en ningún caso, podrán reanudar sus relaciones diplomáticas con Honduras. Tal conclusión es francamente injusta; más aún, absurda. No se puede calificar de otra manera a una decisión cuyo objetivo es aislar de la comunidad internacional, sin término fijo, a un país de la región, pequeño y pobre, cuyas culpas son de un carácter claramente político y obviamente no atribuibles al conjunto de su población, sino a sus dirigentes, y seguramente no al próximo presidente.

De mantenerse tal aislamiento, en forma efectiva e indefinida, los más perjudicados serán ciertamente los habitantes más necesitados del país.

De algunas declaraciones oficiales, se puede deducir que se estaría aplicando a este caso diplomático y político aquella teoría disuasoria sostenida por algunos penalistas. Se aplica una sanción muy severa al que delinquió para que los potenciales delincuentes sepan lo que les espera si llegan a cometer el delito. Según esto, la resolución encierra una especie de amenaza para quienes, en los distintos países, alienten la tentación de dar un golpe de Estado. Es dudoso que, en el ámbito penal, estos mensajes disuasorios sean efectivos y no sé cuánto puedan serlo en el ámbito estrictamente político. Pero, lo que sí es claro es que un pueblo no tiene por qué pagar los platos rotos por los problemas que eventualmente podrían afectar a otros países.

En todo caso, se puede afirmar que, internacionalmente, con la OEA a la cabeza, el tema de Honduras ha sido tratado, y sigue tratándose, de una manera apresurada y ligera. Y hasta discriminatoria. Los ecuatorianos podríamos preguntarnos cuál fue la reacción internacional ante los casos similares ocurridos en nuestro país en los años 1997, 2000 y 2005.

HOY.COM ECUADOR