Elecciones 2009

Por primera vez en la historia de Honduras se pretende volver al orden constitucional mediante elecciones generales ordinarias en Estado de facto, o sea sin que previamente el poder constituyente haya restablecido el Estado de derecho.

Para hacer esto se ha recurrido al sofisma de que el proceso electoral fue concebido e iniciado antes del golpe de estado militar, y, por lo tanto, no lo afecta el rompimiento constitucional e institucional, por ser éste dirigido y controlado por un organismo estatal autónomo, el tribunal supremo electoral.

Con esta falacia jurídica se intenta desconocer el hecho de que al romper la Constitución los poderes constituidos desaparecen y son suplantados por poderes de facto. Esto implica el trastorno de todo el sistema jurídico que solamente puede restaurarse con la acción primigenia de la voluntad popular, para lo cual es preciso convocar a la asamblea constituyente.

La desaparición de los poderes constituidos vuelve inexistente la legitimidad de los procesos políticos, especialmente la de aquellos relacionados con la continuidad del Estado de derecho, que, en buena lógica jurídica, no puede conseguirse bajo el dictado de un régimen de facto.

Es absurdo, entonces, invocar la Constitución para dar validez legal y legitimidad a un proceso electoral cuando no hay Constitución ni poderes constituidos por haber sido destruidos por la fuerza, en nuestro caso por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Tal como se presenta la situación en Honduras, por no haberse logrado la salida a la crisis política con el retorno al estado de cosas previo al 28 de junio/09, las elecciones del próximo 29 de noviembre no podrán resolver este problema fundamental porque sus resultados estarán al margen de los valores propios de la experiencia colectiva del pueblo hondureño.

El congreso nacional de facto, al fijar la fecha del 2 de diciembre/09 --después de las elecciones generales-- para discutir lo concerniente a la restitución del Poder Ejecutivo derrocado, le dio el tiro de gracia al Acuerdo Tegucigalpa/San José, lo mismo que a la ya tenue posibilidad de darle un barniz de legalidad y legitimidad al proceso electoral.

Este paso de los creadores de la crisis política resume toda la intencionalidad del golpe de estado militar, que vino evidenciándose en el transcurso de los diálogos de San José-Guaymuras y cuya culminación es, precisamente, ese pistoletazo de la mafia legislativa, la cual no atiende leyes ni entiende de honradez política ni de legitimidad.

Y esto es lo más grave en lo que a la crisis política y el futuro de la sociedad hondureña concierne, porque no es posible reconstruir del estado de derecho y la unidad nacional sobre una base en la que se ignore lo imprescindible de la justificación ética del poder y del liderazgo político, del origen y la aplicación de la ley y del principio de la autoridad, que es exactamente la legitimidad.

Nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que la comunidad internacional y los Estados democráticos en particular podrían en estas condiciones reconocer la validez de los resultados electorales en Honduras, procedentes de un régimen de facto, por definición espurio? Si esto fuera pasado por alto, ¿qué sucedería a la democracia en Latinoamérica y a las instituciones como la OEA y la Carta Democrática Interamericana?

TIEMPO