Seguimos mal por Billy Peña

Seguimos mal porque—digan lo que digan—el diálogo entre el gobierno de facto y la delegación que representa a la Resistencia, no avanza ni está solucionando nada. Claro está que, como lo hemos dicho antes, no sabemos cuáles son las verdaderas noticias. El pueblo hondureño, además de estar dividido, ignora lo que en realidad está pasando. No sabemos qué creer porque todo se está celebrando a puertas cerradas. Por la Internet nos llegan noticias contradictorias y—en ciertos casos—desarticuladas. Lo único que sabemos con seguridad es que Honduras está dividida entre aquellos sectores que favorecen el gobierno de facto que dirige el señor Roberto Micheletti y los que favorecen el gobierno constitucional que preside desde la embajada del Brasil, el presidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, derrocado y expulsado del país el 28 de junio.
Se trata de buscar una solución negociada y pacífica a la crisis institucional supervisada por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las partes en conflicto que ya hemos mencionado. El diálogo pacificador se basa en un plan de doce puntos y tanto los representantes de la OEA como los negociadores de la Resistencia piden la restitución del presidente Zelaya Rosales. El presidente ha dicho que no pedirá asilo político en ninguna embajada y que daba de plazo hasta el día de hoy para retomar la presidencia que legítimamente le corresponde. Por su lado, el señor Micheletti se niega rotundamente a permitirle el regreso al poder al presidente Zelaya Rosales, de manera que el diálogo no puede avanzar debido a las posiciones intransigentes de Micheletti y Zelaya Rosales. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder ni un ápice en lo tocante a sus inflexibles posiciones.

Debemos comprender que ya el movimiento que se hace llamar la Resistencia, no dejará de exigir el retorno al orden constitucional. La Resistencia se formó y nada ni nadie podrá aplastarla. Eso debería comprenderlo el señor Micheletti. También debería comprender que su intransigencia e inflexibilidad tendrán nefastas consecuencias económicas para el pueblo pobre de Honduras y de la crisis económica que se avecina no se escaparán ni los grupos empresariales, sin embargo, los pobres se enfrentarán a más pobreza debido a que la comunidad internacional nos dejará en estado de total aislamiento. Se ha dicho que las elecciones generales del 29 de noviembre próximo no serán reconocidas, como tampoco será reconocido el candidato ganador. Esa es una situación grave, sin embargo, según algunos noticieros, los negociadores están avanzando favorablemente hacia el logro de una solución. Otros informan que el gobierno de facto sigue cometiendo abusos brutales, vulnerando los derechos humanos. No olvidemos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en nuestro país y dio a conocer un informe preliminar que básicamente informa que aquí existe la violación de los derechos humanos y que la policía actúa con demasiada dureza. Esos informes no nos favorecen. No ayudan a la imagen de nuestro país ante los organismos internacionales como tampoco ante la comunidad internacional, sin embargo, según algunos noticieros, la policía sigue abusando de los derechos humanos. El señor Micheletti ha dicho que lo que está sucediendo en Honduras es asunto de los hondureños y que las opiniones que provengan de otros países lo tienen sin cuidado. Son declaraciones lamentables ya que—a nuestro parecer—la buena imagen de Honduras debería ser prioridad de todos los hondureños, pero sucede lo contrario. Nuestro país está considerado una dictadura, lo que ocurrió el 28 de junio se considera un golpe de Estado político-militar-empresarial y la comunidad internacional nos ha dado la espalda. Sólo los Republicanos conservadores del gobierno de los Estados Unidos aceptan al gobierno de facto y al señor Micheletti.

La situación ha tomado giros peligrosos que tiene a medio mundo hablando sin razonar. El presidente Zelaya Rosales ha dicho que pedirá que los integrantes del gobierno golpista sean llevados ante la Corte Penal Internacional. Con el respeto que se merece el presidente, eso no es posible. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, está gobernada por el Tratado de Roma, siendo la primera Corte Internacional permanente encargada de terminar con la impunidad de aquellos que han cometido crímenes horrendos que ofenden a la comunidad internacional. La Corte Penal no depende de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Corte Internacional de Justicia es el brazo jurídico de las Naciones Unidas y se encarga de dilucidar conflictos entre gobiernos. La Corte Penal Internacional es una organización independiente que somete a juicio a aquellos gobernantes que han cometido genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra y, que sepamos, los integrantes del gobierno de facto aún no caen en esa despreciable categoría.

Octubre 15, 2009

DIARIO TIEMPO