Artículo 73 Constitucional: “Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos, de conformidad con la Ley”.
Artículo 74 Constitucional: “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información”.
Según lo expuesto, es axiomático que el gobierno de facto resultante del golpe de Estado militar no tuvo justificación ni argumento jurídico alguno para incurrir en la gravísima violación de nuestros derechos, al clausurar las emisiones de Radio Globo y Cholusat sur, mediante Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009. Dicha determinación debe conceptualizarse, exclusivamente, como una estrategia tendente a la eliminación definitiva de aquellos medios que hacen una justa reclamación al rompimiento del orden constitucional. Es más, puede afirmarse casi con certeza, que el decreto no tenía más fin que ese, y que el resto de las medidas aplicadas sólo volvieron perfecto el escenario de represión buscado.
Una de las premisas fundamentales en que descansa la democracia moderna para viabilizar la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten su destino es el respeto irrestricto de la libertad de expresión, ello permite a cada individuo la recepción y análisis de cuanta información y tendencias diferentes se disponga, mediante la libre circulación de todas las ideas, a fin de que sus determinaciones se basen en un óptimo e íntegro proceso de razonamiento.
En esta lógica, es ahora fácil comprender que las intenciones del golpismo, ante la cercanía del proceso electoral, se circunscriben a desconectar al hondureño de los hechos y realidades que fortalecen su conciencia para rechazar el actual estado de cosas. Para sus ideólogos era entonces de vital importancia la destrucción inmediata de los vínculos que dan vida a la alianza “Manuel Zelaya-Resistencia-Pueblo”, cuya consumación, podría legalmente transformar las anacrónicas estructuras del poder en Honduras. De ahí la urgencia de proscribir los medios de prensa independientes. Así, pretenden manipular y conducir las decisiones ciudadanas hacia la consolidación del golpe, convirtiendo al pueblo en receptor pasivo del monólogo oficial, utilizando el miedo y la mentira para empoderarse de su mente.
¿Qué permite que esto sea posible? Además del factor coercitivo, evidenciado en la conculcación de nuestras libertades, existen dos circunstancias que posibilitan la implantación de un pensamiento uniforme que pervierta o inhiba la reacción popular: por un lado; las escasas virtudes humanístico-educativas de muchos de nuestros hombres y casas de prensa, que generan líneas periodísticas de marcada configuración mercantil, antinacional y servil, quienes se convierten en prenda barata, ofertada así al mejor postor de los grupos de poder para facilitar la cristalización de sus objetivos político-económicos. Y, por otro lado, la Ley actual; los hondureños no nos hemos tomado el tiempo para comprender y analizar la urgente necesidad de una normativa que regule a los medios de prensa, especialmente a los radiofónicos y televisivos.
En tanto nuestra legislación permita y fomente la existencia de monopolios y oligopolios mediáticos, la información - como derecho y bien público – se convertirá, como hasta ahora acontece, en simple mercancía, cuyo usufructo será exclusivo de la oligarquía nacional. ¿Cree el lector que si la propiedad de nuestros medios de prensa estuviese distribuida entre centenares de poseedores y no concentrada en poquísimas manos, hubiese sido posible el establecimiento de un pensamiento uniforme que avala y defiende el golpe de Estado?
En razón de estas realidades, la globalización y los avances tecnológicos de las comunicaciones, muchos países (España, Argentina, México, Venezuela, Uruguay) con sociedades más educadas y, conscientes del grave daño que esto causa a la institucionalidad democrática, han emprendido una serie de transformaciones en su legislación, a fin de democratizar la propiedad de los medios e implementar y estimular formas alternativas que faciliten el libre flujo de la información. En esos países hoy son una realidad las radios comunitarias, cuya filosofía se basa en el pluralismo de ideas, horizontalidad comunicacional, descentralización de los medios, acceso participativo y la recuperación popular de la capacidad de comunicar, las que en conjunto con una normativa que limite a cierto número las frecuencias de radio y de TV que los grandes conglomerados económicos pueden poseer, constituyen una salvaguarda para el fortalecimiento de sus democracias, más allá de las connotaciones partidistas o ideológicas de sus respectivos gobiernos.
Concluimos: la inexistencia de una prensa libre y democrática inexorablemente atentará en todo momento contra el hondureño y sus instituciones. La carencia de espacios informativos imparciales es lo que permite al golpismo, en su arrogancia, ignorar la validez eterna de ciertas leyes sociales y su dinámica; es la impunidad de los medios lo que exacerba el menosprecio e incomprensión hacia las aspiraciones del ciudadano por alcanzar una democracia más efectiva y humana y lo que les faculta a continuar describiéndolo como “turbas de resentidos sociales”, desconociendo que una mayoría poblacional socialmente resentida es el resultado de no haber visto cubiertas sus necesidades mínimas básicas.
Por fortuna, ni el inverosímil cerco mediático, ni el ilegal estrangulamiento de la voz popular podrán alterar el extraordinario cambio de actitud ocurrido en la psiquis colectiva, lo que hará imposible la violación o abdicación de la conciencia ciudadana. Por más que les parezca - engañándose por supuesto - que el pueblo se ha resignado, deberán “razonar” que el soberano sólo está en silencio forzado, decidido al cambio y nada más.
TIEMPO
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