Algunos líderes empresariales impulsan un plan para resolver rápidamente la crisis política que propone restituir por unas horas al depuesto presidente Manuel Zelaya y el envío de 3.000 soldados de las Naciones Unidas para garantizar la paz en Honduras. “Sólo tratamos de que la paz retorne al país”, dijo el presidente de la Asociación de Industriales, Adolfo Facussé. “Intentamos lograr un pacto entre las partes en conflicto que han expresado su disposición al diálogo, pero no lo llevan a cabo”.
La iniciativa surgió luego de intensas discusiones de un grupo de líderes empresariales “que queremos a Honduras”, según Facussé, y está enmarcado el Acuerdo de San José que ha diseñó en julio el presidente costarricense Oscar Arias. Para los empresarios, Zelaya deberá reasumir el cargo para entregar de inmediato el poder a las fuerzas armadas y un consejo de ministros de Estado, mientras que el presidente de facto Roberto Micheletti regresaría a su curul en el Congreso.
“Micheletti no sería un diputado más, se le designaría congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohíbe la ley”, dijo Facussé. Micheletti era el presidente del poder legislativo cuando ocurrió el golpe de Estado el 28 de junio.
El líder empresarial no adelantó las reacciones de Zelaya y de Micheletti en torno al plan. El gobierno de facto ha impulsado las elecciones generales del 29 de noviembre, pero el mandatario depuesto se opone a la realización de los comicios.
“El pueblo y la comunidad internacional no acepta unas elecciones bajo represión, muerte y violencia porque serían un fraude”, dijo Zelaya. Arias también advirtió que otros gobiernos no reconocerán los resultados de las elecciones a menos que el gobierno golpista cumpla las condiciones del acuerdo de San José, que establece restaurar a Zelaya, punto que no es aceptado por Roberto Micheletti.
“Lo que está en juego no es solo un pequeño país centroamericano, sino el destino de la democracia al menos en América Central, donde la tolerancia a un golpe de estado podría inspirar otros golpes de estado”, declaró Amorim sin citar otros países que enfrentan esa amenaza.
La iniciativa surgió luego de intensas discusiones de un grupo de líderes empresariales “que queremos a Honduras”, según Facussé, y está enmarcado el Acuerdo de San José que ha diseñó en julio el presidente costarricense Oscar Arias. Para los empresarios, Zelaya deberá reasumir el cargo para entregar de inmediato el poder a las fuerzas armadas y un consejo de ministros de Estado, mientras que el presidente de facto Roberto Micheletti regresaría a su curul en el Congreso.
“Micheletti no sería un diputado más, se le designaría congresista vitalicio, lo cual es inédito y no lo prohíbe la ley”, dijo Facussé. Micheletti era el presidente del poder legislativo cuando ocurrió el golpe de Estado el 28 de junio.
El líder empresarial no adelantó las reacciones de Zelaya y de Micheletti en torno al plan. El gobierno de facto ha impulsado las elecciones generales del 29 de noviembre, pero el mandatario depuesto se opone a la realización de los comicios.
“El pueblo y la comunidad internacional no acepta unas elecciones bajo represión, muerte y violencia porque serían un fraude”, dijo Zelaya. Arias también advirtió que otros gobiernos no reconocerán los resultados de las elecciones a menos que el gobierno golpista cumpla las condiciones del acuerdo de San José, que establece restaurar a Zelaya, punto que no es aceptado por Roberto Micheletti.
“Lo que está en juego no es solo un pequeño país centroamericano, sino el destino de la democracia al menos en América Central, donde la tolerancia a un golpe de estado podría inspirar otros golpes de estado”, declaró Amorim sin citar otros países que enfrentan esa amenaza.
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